La cárcel de Córdoba, asediada por los drones: "Los criminales tienen más formación y recursos que los funcionarios"

Córdoba/Tres de la madrugada. A toda velocidad, un dron se aproxima a la ventana de la celda de la cárcel de Córdoba. El piloto, con destreza, lo sitúa a unos metros de los barrotes y, desde el interior, con la ayuda de un palo de un par de metros, un recluso se hace con la carga. El zumbido de la aeronave se desvanece en la oscuridad de la noche. Podría parecer el arranque de una serie carcelaria, pero es la cruda realidad. Drones con los que, desde el exterior, bandas criminales cada vez más tecnificadas suministran teléfonos móviles y drogas a los reclusos.

Es la manera que tienen las organizaciones de continuar vivas, moviendo sus hilos donde hasta hace poco tenían dificultades para entrar, pues los altos muros de las prisiones ejercían como una contundente barrera física. Ya no ocurre así, pues los medios tecnológicos lo permiten y no hace falta recurrir al clásico vis a vis.

"Los perfiles de la población reclusa han cambiado, y las nuevas organizaciones criminales, de extrema peligrosidad, hacen uso de estos drones, como estamos comprobando, para la introducción de sustancias prohibidas y teléfonos móviles", advierte Teresa López, delegada de CSIF en el Centro Penitenciario de Córdoba y coordinadora de Prisiones en Andalucía. La cárcel de Alcolea, por supuesto, no escapa a a esta situación, y durante el pasado mes de febrero los funcionarios lograron incautarse de la carga de dos drones, aunque los aparatos no fueron capturados.

Un mes de febrero revuelto en la prisión de Alcolea

La primera aprehensión tuvo lugar el 2 de febrero y se saldó con la requisa de 23 bellotas de hachís y un móvil con su cargador; el segundo operativo, el día 23, permitió quitar de la circulación 36 bellotas de hachís y cuatro teléfonos. En ambos casos, los funcionarios se percataron de la presencia de estas aeronaves en torno a las 03:00, cuando realizaban sus rondas habituales de vigilancia. En una ocasión observaron, incluso, cómo los internos sacaban por la ventana el brazo con un palo y una bolsa en su extremo para que el dron depositara la carga.

A los reclusos implicados se les conduce al departamento de ingresos, para su evaluación y estudio, aunque los sindicatos denuncian que las sanciones disciplinarias que se les imponen son insuficientes y deben "endurecerse", pues responden a un reglamento del año 1981 en el que imaginar un dron sobrevolando un centro penitenciario parecía ciencia ficción. Pero, en pleno 2025, se trata de un problema creciente ante el que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias se sienten inermes.

Contactos dentro y fuera del centro penitenciario

El pasado enero, la Guardia Civil dio el primer golpe a estas nuevas delincuencias con la detención de seis personas en la denominada operación Califa-Centro-23, que logró desmantelar una organización criminal que introducía estupefacientes y objetos prohibidos en la cárcel con la ayuda de drones. Según informó entonces la Comandancia, la organización, originaria de Ceuta, disponía de un grupo itinerante que se desplazaba por todo el territorio nacional para llevar a cabo su acción ilícita.

En el seno de la organización existía un reparto de funciones, entre la que cabe destacar la del especialista en el vuelo de aeronaves no tripuladas (drones), las cuales habían adaptado para el transporte de distintos objetos y que volaban en horario nocturno sobre los distintos centros penitenciarios.

Los drones eran manipulados para eliminar cualquier tipo de iluminación que emitiesen y eran provistos de una cuerda y un sedal transparente atados a su carcasa, de donde pendían los objetos que introducían. Sobrevolaban los centros penitenciarios y se dirigían a las ventanas de las celdas previamente acordadas, procediendo entonces el interno correspondiente a cortar el sedal y hacerse con los efectos transportados. Según la investigación policial, realizaban varios vuelos en un corto periodo de tiempo, haciendo distintas entregas en una misma noche.

La investigación se inició en torno al centro penitenciario de Córdoba, al encontrarse allí interno un integrante de la organización que ocupaba una "importante posición" en la jerarquía de la misma. En una de las operativas llevadas a cabo por la organización, debió existir algún problema técnico durante el vuelo de un dron y este terminó accidentado en las inmediaciones del centro penitenciario de Córdoba.

Fruto de un "minucioso" análisis policial, fue descubierto uno de los puntos desde los que la organización realizaba los vuelos de drones, ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro del centro penitenciario. Allí, entre la maleza, la organización tenía oculto material para la manipulación de las aeronaves in situ, tales como cuerdas, sedal transparente y cinta aislante.

Dentro de la cárcel, la organización criminal contaba con "infraestructura suficiente" como para recibir, ocultar y distribuir los efectos prohibidos entre los internos. Los agentes lograron intervenir cinco drones pero, como si una hidra de siete cabezas se tratara, el problema no se solucionó, y los drones siguen asediando el centro penitenciario, como quedó claro en febrero.

Inhibidores de frecuencia, más formación y taser

"Desde CSIF hemos denunciado en reiteradas ocasiones estos incidentes tan graves y la urgente necesidad de dar soluciones", incide Teresa López, pues estas situaciones "vulneran la seguridad del establecimiento y ponen en peligro la integridad de los trabajadores penitenciarios y también de los propios reclusos". Porque hasta el momento se han requisado móviles y droga, pero "en esos paquetes podrían portar cualquier otro objeto peligroso como armas", advierte la delegada sindical, quien incide en que estas bandas organizadas cuentan con personal más formado que los funcionarios y con recursos más modernos.

Hechos como los sucedidos en el arranque de 2025 "evidencian una gran falta de medios tecnológicos adecuados que detecten y neutralicen la entrada de aeronaves no tripuladas, como inhibidores de frecuencia o drones interceptores", insiste la responsable de CSIF. Y no solo eso. Falta formación continua y de calidad en distintas materias y una adecuación de la relación de puestos de trabajo a la realidad de las cárceles en todas las áreas de trabajo, expone el sindicato, pues "solo gracias a la profesionalidad de la plantilla" se sobrelleva esta situación, expone López.

Los funcionarios, además, llevan tiempo reclamando que se les reconozca la condición de agentes de la autoridad, como a policías y guardias civiles, y que Instituciones Penitenciaras actualice los medios coercitivos a su alcance incluyendo el uso de taser "para situaciones excepcionales", razona la dirigente sindical. Proponen, asimismo, contar con una legislación "clara" que prohíba el uso de aeronaves en las proximidades de los centros penitenciarios. Todas estas consideraciones se incluyeron en un escrito presentado por CSIF Prisiones el pasado 5 de marzo ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

"La mala situación de las cárceles actualmente se debe a la errónea creencia de la Administración de que la actitud delictiva de parte de la población reclusa deriva de causas ajenas a su personalidad, y por tanto sus acciones delictivas se van a corregir inyectando una ingente cantidad de recursos que finalmente constituyen un despilfarro, puesto que son personas que por su forma de ser tienen una inclinación delictiva inexcusable", expone la responsable de CSIF, que recuerda que, en este contexto, "el tratamiento y la seguridad son dos instrumentos que se complementan", concluye.