Caso Infraestructuras Córdoba: El juez propone abrir cuatro nuevas causas por las numerosas irregularidades detectadas

Las irregularidades detectadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial en la etapa del concejal David Dorado al frente del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba se acumulan. Algunas tienen conexión entre sí, pero otras apuntan a corruptelas independientes con el único nexo común de sus supuestos protagonistas. Tanto es así que, al hilo de la investigación, el juez José Luis Rodríguez Lainz propone abrir cuatro nuevos procedimientos y que sean juzgados distintos los que los investiguen tras imputar a Dorado, a diez empresarios y ampliar las sospechas sobre los dos altos funcionarios que liderarían la supuesta trama. Se trata de la coordinadora general y del técnico responsable de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, ambos nombrados por Dorado.

Una de las nuevas líneas de investigación extiende sospechas sobre 45 facturas del ejercicio 2022 referidas a albañilería, pintura, administración y fontanería. De acuerdo al auto judicial, al que ha tenido acceso El Día, los mismo empleados municipales habrían mostrado su extrañeza por que "la mayoría de las actividades podían haberse realizado por medios propios o con el apoyo de empresas auxiliadres con al que se había suscrito una contrata de gestión".

Los testigos, además, declaran no tener noticia de que se hayan llevado a cabo algunas de estas obras e, incluso, declaran que otras se realizaron con medios propios y no por terceros. En otras ocasiones, el importe de las facturas se triplica: es el caso de la poda de olivos de las Caballerizas Reales, que pasa de 1.500 a 4.500 euros.

Los trabajadores municipales, siempre de acuerdo al relato del juez, apuntan al principal acusado en el procedimiento, el funcionario que dirigía la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios y que fue nombrado por el propio Dorado. Según el magistrado, las irregularidades en la emisión de albaranes llegaron incluso a que se emitieron "sin referencia a precios de unidades de suministro o ejecución".

Un almuerzo bajo sospecha

El segundo procedimiento apuntaría a una presunta trama de cohecho en torno a la mesa de un conocido restaurante de Córdoba. Los hechos se suceden el 27 de agosto de 2020, en la recta final de las vacaciones y con el Ayuntamiento planificando el inicio del curso político. David Dorado y la coordinadora general del área se citan con un empresario del ramo de la publicidad que había trabajado con anterioridad para el Consistorio.

En aquella conversación, y según relata el juez en su auto de imputación, Dorado le habría referido que acababan de llegar unos fondos de la Unión Europea, los Edusi, que reservaban 30.000 euros para subvenciones. Y, acto seguido, le sugirió "la posibilidad de contratar obras menores, para lo que tendría que crear cuatro o cinco empresas o buscarse testaferros que se presentaran a licitaciones".

El objetivo, según expone el magsitrado, era supuestamente "repartirse el beneficio por partes iguales entre los tres". Pero el empresario se negó a aceptar. Los hechos llegaron a conocimiento de la concejala de IU Amparo Pernichi, fallecida hace un año y que fue quien denunció por primera vez la presunta corrupción en Infraestructuras ante la opinión pública y también por la vía judicial.

Sobornos con noches de hotel

El juez, en tercer lugar, enumera el pago de numerosos hoteles al principal sospechoso por parte de empresarios, a modo de soborno para luego quedarse obras. El técnico de Mantenimiento de Edificios y Colegios del Ayuntamiento habría disfrutado de la estancia en una decena de hoteles entre 2020 y 2022 de dudoso pago.

Tal y como explica en el auto judicial, el alto funcionario "habría recibido lo que aparentan ser supuestos pagos de sobornos en modo de estancias hotelerasestancias hoteleras", que habrían asumido las empresas o algunos de sus "repressentantes de hecho o de derecho". Además, tal y como ha constatado la Unidad de Delincuencia y Fiscal (UDEF), algunos de los pagadores serían adjudicatarios de obras del Plan de Choque o administrados por sus representantes, familiares o allegados.

Gracias a estas presuntas prácticas corruptas, el técnico municipal habría disfrutado de estancias en hoteles de lujo de Madrid, Estepona, Sanlúcar de Barrameda, Motril y Cantabria.

Uno de los empresarios, supuestamente, le habría facilitado además la posesión durante al menos un año de una parcela que tenía contigua a dos de su propiedad por la carretera del Aeropuerto. Y un mismo empleado, según el juez, habría realizado labores de jardinería en estos tres terrenos.

Y, por último, existen dudas sobre un expediente municipal relacionado para ejecutar obras de impermeabilización de un parking privado en la plaza de Cuba. De acuerdo a testigos citados por Rodríguez Lainz, "la obra se habría de ralizar, tal y como se pretendía, acargo del Área de Infraestructuras". La declaración, no obstante, "no da detalles claros de quién participó y quién tomó las decisiones para ejecutarla o tramitarla, ni si se llevó a efecto". Pero del contenido de los correos electrónicos analizados, explica el juez, todo "parece apuntar" al propio Davdi Dorado y a la coordinadora general de Infraestructuras, también imputada.

El origen de las pesquisas

El caso se remonta a noviembre de 2021, a raíz de una investigación iniciada por la Fiscalía de Córdoba inicialmente por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, así como por posible delito de malversación de caudales públicos. Y todo a partir de una denuncia presentada por los grupos de IU y Podemos en Capitutales, tal y como recuerda el juez.

La investigación inicial se centraba en el Plan de Choque Córdoba del Ayuntamiento, suscrito el 22 de mayo de 2020, para promover la ejecución de obras, preferentemente por procedimiento simplificado o contratos menores, tanto de obras como de servicios.

Con carácter previo, la Corporación municipal había emitido una instrucción donde se imponían "estrictas normas" dirigidas a evitar el riesgo de fraccionamiento en la contratación, con la idea -recuerda el juez- de "evitar que se saltara la obligación de tramitación de contratas por el procedimiento ordinario del concurso público". El plan contaba con un presupuesto inicial de 500.000 euros, procedentes de sobrantes de tesorería, que debía ejecutarse con fecha límite del 30 de diciembre de 2020.

En base a este programa, el área de Infraestructuras, encabezado por David Dorado, entonces concejal de Ciudadanos, tenía previsto tramitar en base a dicho plan un total de 19 contratos menores. La mayor de ellos correspondieron a la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, dirigida a nivel técnico por el funcionario a quien el juez apunta como cabecilla de la trama y por la coordinadora de Infraestructuras, también in vestigada.

El juez argumenta que, aparte de "aparentes incumplimientos" de la norma administrativa en relación con la definición de contratas y "aparentes" situaciones de expedientes fraccionados, la existencia de los primeros indicios de criminalidad se sustenta en dos obras menores para la instalación de alumbrado público en la avenida de Libia. Según el juez, "para eludir la tramitación del procedimiento ordinario, la obra se habría definido por las calles que convergen en la avenida", lo que se justificó por la "necesidad de conectar a la red los tramos mediante dos unidades transformadoras".

Asimismo, el juez constata la existencia de certificaciones de obra realizadas de forma consecuctiva en un mismo día, el 30 de diciembre de 2020, pese a que el principal sospechoso estaba "de permiso". En aquellos momentos, se ha constatado que las obras "ni siquiera habían finalizado".

"Connivencias" con los empresarios

Las obras de la avenida de Libia constituyen supuestamente la punta del iceberg, de acuerdo a la investigación desarrollada posteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Córdoba, de la que el juez da cuentas. Según el magistrado, las pesquisas, aparte de corraborar las "aparentes irregularidades" en la ejecución de las obras del alumbrado público, retratan "auténticas connivencias" entre determinados empresarios y el principal sospechoso.

Esto se materializaba en la adjudicación de obras a empresas "dominadas de hecho" por las finalmente contratadas, un método con el que presuntamente se eludían "de forma clara" no solo las obligaciones de la legislación sobre transparencia y concurrencia competitiva, sino "el mandato expreso de la instrucción del Ayuntamiento".

En algunos casos, incluso, "se llega a constatar cierta relación de amistad entre el contratista seleccionado y el investiagdo". La investigación, de hecho, llega a determinar "la realidad de determinados pagos de gastos, en concreto estancias en establecimientos hoteleros", a favor del funcionario pero "facturados a nombre de alguna de las empresas seleccionadas para la ejecución de las obras o la prestación de servicios". La UDEF, incluso, constató la cesión del uso de una parcela durante un año, terreno que habría sido atendido por un jardinero pagado por el empresario.