A la caza del consenso perdido

Consenso. Eso es lo que imprescindiblemente se tendrá que dar entre todas las partes implicadas y afectadas para que la Sierra Morena Cordobesa acabe siendo Parque Natural. Hace unos días, la Junta de Andalucía creó una mesa de participación integrada por 18 ayuntamientos de la provincia, la Diputación, los colectivos ecologistas y los agentes sociales y económicos para analizar y debatir esa declaración, una declaración que como insistió el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, no será posible sin ese amplio consenso de la sociedad civil y el aval de los ayuntamientos implicados. Para el ecologista Bartolomé Olivares -uno de los históricos impulsores de la declaración junto al abogado especialista en Derecho Ambiental Ángel B. Gómez Puerto y los catedráticos de la Universidad de Córdoba (UCO) Bartolomé Valle Buenestado y José Roldán Cañas- ese consenso no va a ser posible, "lo que supone que al final la Sierra Morena Cordobesa no será Parque Natural". Olivares sabe que hay muchos ayuntamientos que no están por la labor, como tampoco lo están los agricultores, que temen las restricciones que eso supondría para esa actividad.

El integrante de Acción Ecologista Guadalquivir está convencido de que con la no declaración se pierde una oportunidad de desarrollo económico de las zonas afectadas. Recuerda que la lucha por convertir a la Sierra Morena Cordobesa en Parque Natural surgió en 1991, "a raíz de un proyecto urbanístico, del anuncio por parte del Ayuntamiento de Córdoba de la firma de un convenio con la empresa nipona Hoyo Europa. El alcalde Herminio Trigo viajó a Japón en marzo de 1991 y en aquel país firmó un convenio para desarrollar un macro proyecto que incluso se presentó en campaña electoral como una propuesta de desarrollo económico de alto nivel para nuestra ciudad, con una inversión de 6.500 millones de las antiguas pesetas, la mejora y ampliación del campo de golf, la construcción de una escuela de informática, un hotel de cuatro estrellas, un hogar de la tercera edad, un puerto deportivo…". "Para ello el Ayuntamiento se comprometió a la modificación del PGOU. Posteriormente, en octubre de 1992, la empresa Hoyu Europa fue denunciada por estafa por muchos accionistas a los que se les vendieron acciones: pequeños y grandes inversores que creyeron a pies juntillas en el proyecto gracias al aval del Ayuntamiento quien acreditó la solvencia de esta empresa nipona. Todo resultó ser una estafa", añade el ecologista.

Olivares detalla que la Junta ya empezó entonces el camino para que la Sierra Morena Cordobesa fuera Parque Natural, un camino que quedó en nada. "El excalcalde Julio Anguita estaba entonces en el Parlamento andaluz y alguna vez le he preguntado que por qué no llegó a buen puerto; me dijo que porque en el Parlamento creían que era un impedimento para el desarrollo", destaca el ecologista, quien sentencia que "supongo que al desarrollo económico al que se referían es al que se estaba dando en las sierras de Málaga y Granada, a base de pelotazos urbanísticos". "Ahora, a través de Podemos la iniciativa se ha llevado al Parlamento, pero pensamos que tampoco se va a llevar a cabo porque se ha buscado una fórmula errónea para poner de acuerdo a partes que ya han dicho que no", incide. "Y es ilógico, porque no es normal que haya zonas protegidas como Parque Natural como si fueran islas en una Sierra Morena cuyo 30% está en Córdoba".

Olivares insiste en que Córdoba vive de espaldas a Sierra Morena, igual que se ha vivido de espaldas al Guadalquivir. "Se pierden muchísimas posibilidades de desarrollo que podía venir de la mano de empresas relacionadas con los alojamientos rurales, las relacionadas con el mundo del caballo, con el turismo de aventuras, con ese otro turismo de avistamiento de estrellas o de aves...", defiende Olivares. "Se pierde la ocasión de fijar a la población y de darle oportunidades laborales a los jóvenes de los municipios que se beneficiarían de la declaración, porque si esos municipios pierden habitantes, los espacios acaban por degradarse", puntualiza.

Según el miembro de la Iniciativa Ciudadana por el Parque Natural Sierra Morena de Córdoba Ángel B. Gómez Puerto "el futuro y deseado Parque Natural" lo integrarían los municipios de Córdoba, Villafranca, Adamuz, Obejo, Villaharta, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Villaviciosa, Espiel, Villanueva del Rey, Almodóvar, Posadas y Palma del Río. Gómez Puerto también defiende que el Parque Natural Sierra Morena de Córdoba sería un elemento importante para un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la sostenibilidad, un aliciente para el desarrollo de actividades basadas en la naturaleza, fomentaría la acciones de educación ambiental y supondría la ordenación de la presencia humana en este espacio natural con la consiguiente protección efectiva de sus extraordinarios valores ambientales. "Los valores ambientales a proteger son similares al resto de ese corredor ecológico homogéneo que recorre el norte del Valle del Guadalquivir, desde el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en la provincia de Huelva hasta el de Sierra de Andújar en la provincia de Jaén, pasando por los parques naturales cordobeses de Hornachuelos y Cardeña-Montoro", defiende. "La declaración del Parque Natural para nuestra sierra generaría indudables beneficios y oportunidades para un nuevo modelo de desarrollo económico (conexión patrimonio cultural-patrimonio natural de Córdoba), para la creación de empleo, educación medioambiental, promoción de los productos propios (artesanía, agricultura y ganadería) de la Sierra, mayores garantías de protección de la Sierra o una prevención mayor para evitar incendios. Y la gestión del espacio sería participada y democrática a través de la Junta Rectora del Parque Natural", defiende Gómez Puerto.

¿Y qué opinan al respecto desde los municipios? Desde las localidades hay oficialmente división de opiniones. Por ejemplo, la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez (PP), lo tiene claro, la declaración de la Sierra Morena Cordobesa como Parque Natural "supone poner aún muchas trabas burocráticas a cooperativistas, agricultores, ganaderos y otras personas que viven del sector; si ya es difícil fijar la población, con tantas trabas burocráticas lo vamos a tener aún más difícil, por lo que no estoy por que la declaración siga adelante", puntualiza. No obstante, la regidora jarota insiste en que "nadie se ha dirigido a nosotros para pedirnos opinión, por lo que desconocemos todas las ventajas y todos los inconvenientes, aunque sabemos lo de las trabas por lo que ocurre en otros parques naturales; lo primero que tienen que hacer es dirigirse a nosotros y escuchar lo que opinan las personas del sector agrícola y ganadero, las personas que viven de esto", sentencia. "Este proceso no ha hecho nada más que empezar y hay muchos actores en él; la Sierra está suficientemente protegida, pero no nos oponemos aún a nada, ya que deben opinar todos los agentes socioeconómicos de la zona y se debe saber cuál es la sensibilidad de la ciudadanía antes de tomar una posición al respecto", detalla el teniente de alcalde de Desarrollo Económico de Almodóvar del Río, Rubén López (IU). "La postura de nuestro municipio será la postura de nuestro órgano de participación ciudadana en el que se tratará el asunto, el Consejo Local de Medio Ambiente", defiende el alcalde de Posadas, Emilio Martínez (PSOE).

En otros municipios insisten en que el proceso no ha hecho nada más que empezar para pronunciarse, un proceso en el que podrían repetirse escena de protesta como las sucedidas cuando se anunció la declaración de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) para el Guadiato. Precisamente, el presidente de la Federación Cordobesa de Caza, Francisco Javier Cano, defiende que la zona que se quiere declarar Parque Natural "está ya lo suficientemente protegida por la ZEPA, por lo que la figura que se pretende es innecesaria". Cano destaca las trabas que ya sufre la agroganadería, que ya sirven de freno para muchas cosas que hoy aún se pueden hacer y que contribuirán a empeorar el mundo rural". El presidente de la Federación Cordobesa de Caza recalca que, por ejemplo, cualquier nueva infraestructura que haya que realizar en esa zona protegida "ya sea una construcción, un vallado o la apertura de un camino va a ser difícil que se lleven a cabo. Esta figura innecesaria sería ponerle muchas trabas a un sector que está pasando por momentos muy duros", incidió.

El sector agroganadero cordobés ya ha hablado al respecto. Lo ha hecho por boca de la organización agraria Asaja. Tras la reunión impulsada por la Junta para constituir la mesa de participación y diálogo para tratar la iniciativa de la declaración en la que se convocó a los ayuntamientos de la zona, a colectivos ambientalistas, a la Diputación de Córdoba y a agentes económicos y sociales, la organización agraria reafirmó su posición en contra, ya que supondría "dotarlo de infinidad de restricciones que suponen un lastre para el desarrollo social y económico de esta parte de la provincia". La organización agraria ya mostró su preocupación ante la constitución de la mesa y señaló al respecto que precisamente hace unas semanas el Comité Económico y Social Europeo (CESE) hizo público que la Red Natura 2000 solo paga el 20% de la cantidad que debería a los agricultores. Además, estima que se necesitarían al año unos 10.000 millones de euros en la Red Natura 2000 para compensar a los propietarios por sus pérdidas o pagar los servicios especiales prestados para conservar los espacios. Según la organización agraria, "sólo se satisface un 20% de esa financiación, a la vez que dio la voz de alarma sobre el retraso en la consecución de los objetivos que la Unión Europea (UE) se marcó en 1998, un análisis con el que la Unión de Uniones coincide con esta institución y respalda que la red debería contar con un presupuesto específico". Asimismo, Asaja afirmó que la declaración de un espacio como Parque Natural supone "dotarlo de infinidad de restricciones que suponen un lastre para el desarrollo social y económico de la zona", y agregó que todas estas superficies "están sobradamente protegidas por las distintas leyes vigentes, siendo muy bueno su estado de conservación y presentando magníficos parámetros de biodiversidad". Precisamente, el buen estado de conservación de este territorio se ha logrado, a lo largo de los años, según Asaja, "gracias al buen hacer de agricultores, ganaderos, selvicultores y propietarios rurales en general". De este modo, debido a la labor desempeñada por todos ellos durante décadas, "el estado de conservación de la zona es muy satisfactorio, no requiriendo de mayores rangos de protección".

Concretamente, desde las organizaciones agrarias ya se ha denunciado en más de una ocasión que en áreas protegidas como Parque Natural las prácticas agrícolas y ganaderas se penalizan "constantemente" con restricciones "para todo", como transitar y acceder con vehículos a las fincas, cultivar en determinadas parcelas, ampliar una balsa, cortar broza en la sierra, limpiar las acequias o arreglar caminos. También se penaliza, según detallan, medidas como colocar estructuras provisionales de cultivo (mallas antigranizo), hacer una chimenea nueva o cambiar una piedra de sitio. Asaja destaca que son numerosos los colectivos que se han sumado a su preocupación, como la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) y la mayoría de los ayuntamientos de la zona, "al tiempo que las denominaciones de origen han mostrado su inquietud por el planteamiento de la declaración".