La ciudad sufre una media de 40 ocupaciones ilegales de viviendas cada mes

Salvo acciones muy mediáticas como la ocurrida en la primavera del año pasado en la urbanización Azahara, Encinarejo o Alcolea y las quejas manifestadas por los administradores de fincas, poco se conoce del fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. Lo que podrían considerarse como problemas puntuales y mayoritariamente realizadas por grupos organizados -nada que ver con la necesidad- para sacar algún rédito económico de sus asaltos, resulta que se trata de un fenómeno con más incidencia de lo que podría imaginarse en principio.

Eso es, al menos, lo que se desprende de los datos y estadísticas a las que ha tenido acceso el Día y que revelan que en la ciudad de Córdoba se producen al mes una media de 40 ocupaciones irregulares en viviendas. O lo que es lo mismo, más de una al día. Y eso si se tiene en cuenta lo que son las actuaciones en esta materia de las Fuerzas de Seguridad del Estado -principalmente la Policía Nacional-, ya que hay casos en los que no hay denuncia por parte de los propietarios ni aviso de los vecinos. La ocupación del inmueble entonces se materializa y pueden pasar meses hasta que son detectadas.

En total, a lo largo del pasado año se registraron en Córdoba 483 entradas ilegales en viviendas -casi 500-. Son los casos anotados en los que tuvo que intervenir la Policía e intentar que los moradores desistieran en su intento. Y aunque pudiera parecer que se trata de un problema puntual que tuvo su mayor incidencia durante la primavera, las estadísticas revelan otra cosa, como que por ejemplo fue el mes de diciembre de 2016 cuando más intervenciones en este sentido se practicaron en la capital, con un balance de 55 entradas en inmuebles. Le sigue el marzo, con 52 ocupaciones y febrero con 48.

El periodo con menos incidencia fue enero, con 32 casos, mientras que en abril y mayo se anotaron 38 y 39, respectivamente. Durante el verano -al contrario de lo que se pudiera pensar porque son muchos los cordobeses que salen de vacaciones- hubo un descenso en el número de asaltos, con 29 en junio, 34 en julio y 36 en agosto. En septiembre se produjo un repunte de las acciones policiales -hasta llegar a las 44- y en octubre se bajó hasta 33. En los dos últimos meses del año hubo de nuevo un aumento de este tipo de acciones, con 43 en noviembre y las ya citadas 55 de diciembre.

¿Cómo llega la información a la Policía sobre las ocupaciones de vivienda? Pues aunque parezca llamativo, no es la denuncia en comisaría la vía más utilizada por los afectados para reclamar el auxilio de los agentes. Así, por asaltos a hogares se registraron el año pasado un total de 124 boletines, lo que quiere decir que sólo el 25,6% de estos hechos delictivos se denuncian siguiendo el procedimiento habitual. Para el 74% de casos, los datos llegan a las fuerzas de seguridad a través de otras vías. Así, en muchos de estos casos son los vecinos de la zona afectada los que se ponen en contacto con la Policía para alertarles de que se está produciendo un asalto. En otras ocasiones son los administradores de fincas los que dan el aviso y, otra vía es la de que una patrulla policial detecte que se está cometiendo un allanamiento en una vivienda durante la realización de los servicios de vigilancia.

En cualquier caso, lo que parece evidente es que el hecho de que haya más denuncias no supone que haya un aumento en las entradas ilegales de viviendas. Como muestra, está el mes de diciembre del pasado año, cuando se produjo el mayor número de asaltos a viviendas y, sin embargo, la cifra de denuncias en las comisarías de la ciudad fue de sólo siete.

En este apartado -el de las denuncias- enero fue el periodo con más actividad (19), por las seis que se interpusieron en febrero, 17 en marzo, 12 en abril y sólo seis en el mes mayo. Un total de ocho se apuntaron en junio, nueve en julio, diez en agosto y 11 en septiembre. En cuanto al últimos trimestre del año, en octubre se presentaron nueve denuncias, diez en noviembre y sólo siete en diciembre.

Pero además de las estadísticas oficiales, hay otros colectivos profesionales que están viviendo en primera persona el problema de las ocupaciones de viviendas. Es el caso de los administradores de fincas, que a lo largo del pasado año reconocieron que aunque no se trata de un problema nuevo en Córdoba, sí admiten que se ha producido un repunte en estas prácticas. Así, inciden en que las personas que suelen entrar en estas viviendas son desconocidos, que no crean vínculos con la comunidad y que, además, generan conflictos por las amenazas que en ocasiones realizan hacia el resto de vecinos. Alertan además de que crean alarma no sólo por su actitud hacia el resto de personas del entorno, sino porque en ocasiones estas viviendas ocupadas se enganchan a servicios como luz y agua de manera irregular, lo que a su vez supone generar inseguridad no sólo en las casas que ellos ocupan, sino en las de alrededor y en los elementos comunes de la comunidad.

Pero si los administradores de fincas sufren de primera mano la ocupación irregular de viviendas, no menos complicado es el papel de los agentes de la propiedad inmobiliaria, quienes también están notando ese repunte en el número de casos de inmuebles a los que determinados grupos entran y controlan. Así, reconocen que lo que antes era un conflicto que se podría registra r en determinadas zonas de la ciudad, ahora se extiende a más barrios, de manera que cuando el agente llega a una casa para concretar alguna transacción se encuentra con que hay personas dentro y que no tienen la intención de abandonarla. Algunos de los empleados de estas empresas comentan que se han dado situaciones en los que tras cerrar la venta de un piso, el comprador se ha encontrado con que al querer acceder a la casa ya había allí otras personas, lo que fuerza la anulación del contrato.

La sensación de este colectivo es que algunos de los que entran en estos inmuebles luego después los realquilan a otros, "con lo que hacen un negocio redondo", mientras que en otros casos hasta piden una compensación económica por dejar libre la vivienda.

Otro problema añadido es que, según los datos de empresas como el Grupo VPS, el coste medio que supone entrar en un litigio para desocupar una vivienda ronda los 25.000 euros, valor en el que se enmarcan abogados, el propio proceso y el lucro cesante, es decir, lo que se deja de ganar durante ese periodo. Además, una vivienda ocupada que posteriormente se quiere poner a la venta puede perder hasta el 45% de su valor.