¿Las comunidades de vecinos de Córdoba pueden prohibir los pisos turísticos?

Una vez que el Tribunal Supremo haya avalado el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de vecinos que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica y tras dictar dos sentencias al respecto en Oviedo y San Sebastián, las comunidades de vecinos de Córdoba han comenzado a mover fichas y revisar sus propios documentos para saber qué pasos pueden dar en este sentido.

En Córdoba existe un antecedente: la Audiencia Provincial dictaminó, en un caso, que la actividad de pisos turísticos no se podía prohibir, sino limitar. Así lo explica a este periódico la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas Urbanas y Rústicas en su delegación cordobesa, Mercedes Romero, que agrega que desde la publicación de estas sentencias han notado el aumento en las peticiones de las comunidades de propietarios para revisar sus estatutos.

Sobre todo los edificios del centro y el Casco Histórico de Córdoba "están muy interesados" en que se revisen los estatutos a ver si en ellos se incluía este tipo de prohibición de actividades económicas, lo que llevaría al cierre, de haberlos, de esos apartamentos turísticos. Y es que esta zona de la ciudad concentra el 92% de los más de 3.500 alojamientos que hay en la capital cordobesa, según los datos de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor).

Sin embargo, la medida no tiene carácter retroactivo, explica a El Día la presidenta de Avacor, Matilde de la Hoz, que asegura que "la mayoría de las comunidades de propietarios carecen de estatutos" y, por este motivo, "no creemos que afecte a la gran mayoría de viviendas de usos turísticos existentes".

Esos edificios que no cuenten con estatutos o que quieran cambiar los suyos pueden hacerlo si todos los propietarios lo acuerdan por unanimidad, explica la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas Urbanas y Rústicas, pero, aunque lo hagan, las actividades económicas (de cualquier tipo) que existían con anterioridad a la aprobación de esos nuevos estatutos, no se podrán cerrar. La representante de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba va más allá y afirma que, según esta prohibición, "entonces no podríamos teletrabajar en nuestros hogares".

"En muchas comunidades de propietarios se están prohibiendo, pero en otras no, en algunos estatutos no dice nada, otros solo prohíben actividades sanitarias, por ejemplo", agrega Mercedes Romero, que deja claro que el Supremo se ha referido a que debe constar la prohibición de actividades económicas en esas comunidades. Estos documentos son redactados, usualmente, por los promotores de las obras, o bien con el acuerdo previo de la comunidad de propietarios. Romero recomienda a los dueños de las viviendas que se asesoren con sus administradores y acudan al colegio para revisar sus estatutos.

"Ahora las comunidades de propietarios tienen cierto malestar porque tienen que convivir con los apartamentos turísticos", añade Mercedes Romero ante la dificultad de convivencia entre residentes y turistas, sobre todo en edificios donde hay hasta tres pisos destinados al turismo. Romero considera que "es necesario el acuerdo" de las partes.

En este sentido, la representante del sector de viviendas turísticas, Matilde de la Hoz, insiste en la necesidad de poner en marcha la regulación, que "llega tarde" porque "no puede estar descontrolado como está hoy" y asegura que "la Junta es una máquina de licencias sin control, de pisos, de locales y cocheras que se convierten en viviendas, es un desmadre total". Para controlarlo esperan la aprobación del decreto de la Junta, que sí podrá prohibir los pisos de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal aunque, de nuevo, sin carácter retroactivo.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba, que no cuenta con estimaciones de cuántos pisos turísticos hay repartidos por la ciudad, esperan poder contar con una regulación en la materia cuanto antes, bien sea a nivel autonómico o nacional, para poder actuar, según comenta el responsable de Vivienda y Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, a este periódico.