El Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba rechaza la tasa de residuos "impuesta" por el Gobierno central

Córdoba/El Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Córdoba ha mostrado su rechazo ante la tasa de recogida de residuos impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, y que repercute de forma negativa en los vecinos de cada municipio. Ante esta "imposición", los alcaldes del PP de Córdoba han rubricado un manifiesto en el que exponen que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular "ha supuesto un nuevo mazazo para los ayuntamientos españoles y sus vecinos en el que el Gobierno central ha demostrado, una vez más, falta de empatía, de diálogo y de capacidad de gestión respecto a un asunto importante en materia de economía circular y sostenibilidad que ha terminado convirtiéndose en un paso más hacia la asfixia financiera de la administración local".

En esta línea, los populares explican también que la citada ley recoge el testigo de una directiva europea que propone calcular el consumo de residuos por hogar y los niveles de reciclaje, de tal forma que grave a aquellos que más contaminan. También recuerdan que "la directiva europea no establece el régimen de aplicación, por lo que cada Estado miembro decide cómo se articula".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido regular esta directiva mediante la imposición de una tasa de recogida de residuos que cada ayuntamiento deberá repercutir a todos sus vecinos, con la dificultad añadida de que será también la administración local la que deberá adaptar su servicio a la necesidad de calcular el nivel de generación de residuos de forma individual, lo que se traduce en millones de euros de inversión en nuevos contenedores y maquinaria, sin ningún mecanismo de financiación extraordinaria", añaden.

"Ante esta injusticia, evitable por parte del Gobierno central, que sólo se acuerda de los ayuntamientos para delegar más servicios sin que vengan acompañados de recursos económicos", el Consejo de Alcaldes del PP plantea varias opciones. Entre ellas, un aplazamiento del límite de ejecución establecido por la Ley para el pleno funcionamiento de esta tasa, actualmente fijado en el 1 de abril de 2025. 

Otra de las medidas que propone es respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal.

A ambas propuestas, añaden otra: financiación estatal que dé respuesta a la directiva europea y vaya dirigido exclusivamente a los ayuntamientos para que puedan modificar los servicios de recogida y gestión de residuos para adaptarse a lo exigido por la normativa europea.

Además, también plantean la puesta en marcha de un plan de inversión en materia de economía circular que favorezca la implantación de instalaciones, experiencias de reciclaje, mejoras en el tratamiento de residuos y en los hábitos domésticos y, en último lugar, elevar estas peticiones a todos los ámbitos ejecutivos, legislativos y consultivos para su necesaria aplicación, así como órganos de representación municipal tales como la Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.