La Fiscalía aprecia irregularidades en el 60% de los contratos menores de Infraestructuras de 2020

En el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba se adjudicaron durante 2020 un total de 42 contratos menores -cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros si se trata de obras o a 15.000 si se trata de suministros o servicios-. De ellos, el 60% (25) contienen irregularidades, según detalla la Fiscalía de Córdoba en el decreto que ha enviado al juez sobre estas obras para su investigación después de haber encontrado indicios de prevaricación y falsedad documental en ellas.

Según estima el Ministerio Fiscal, las irregularidades consisten en la utilización de contratos menores "para satisfacer necesidades municipales de carácter permanentes o periódicas"; expedientes en los que no se justifica en la memoria ni informe de necesidad cuál es el procedimiento contractual elegido; la tramitación como contratos de obras de contrataciones que deberían ser calificadas como de suministros; expedientes cuyo objeto ya fuero tramitado en otros contratos "y por lo tanto no está justificada la necesidad de contratación de esa prestación"; y alteraciones de los objetos de los contratos, "dividiendo las prestaciones de un contrato para poder acudir a la contratación menor".

También la existencia de informes desfavorables del titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local dirigidos a la coordinadora de Infraestructuras advirtiéndole de fraccionamiento en la contratación; la reiteración de empresas invitadas a optar a los contratos, "lo que afecta al cumplimiento de los requisitos exigidos para la contratación menor relativos al cumplimiento de los principios de competencia y publicidad"; posibles vínculos familiares en los administradores, representantes y apoderados de las empresas invitadas; posible falsedad de certificaciones y actas de recepción, "tanto en cuanto a la fecha de la firma como en cuanto a su contenido"; el escaso porcentaje de baja que se obtiene en el precio de adjudicación sobre el de licitación; y la documentación escasa en las ofertas "sin detalle de unidades de obra, precios de productos o similares".

En el caso de las obras de iluminación de la avenida de Libia, con la que surgió la polémica que acabó con los grupos municipales de IU y Podemos llevando el caso a la Fiscalía, se dividió en dos. En el expediente de la instalación de la iluminación desde la calle Travesía Padres Mohedano hasta la calle Doctor Gómez Aguado, el Ministerio Fiscal incide en que se advierte fraccionamiento, que la memoria justificativa de la necesidad de contratación y el proyecto de obra es el mismo, tan solo cambia la referencia a las calles y que hay un informe del técnico sobre la división en dos fases, además de que son contratos en los que se superan los 40.000 euros fijados para los contratos menores.

La Fiscalía apunta como presuntos autores de los delitos al responsable de la tramitación de los contratos, un funcionario municipal, jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, y a la coordinadora general de Infraestructuras, un cargo de confianza del edil responsable del área, David Dorado, "sin perjuicio de la posible participación de terceros" .

"Existen en la causa indicios suficientes para considerar que nos encontramos ante hechos que en un a primera aproximación podrían revestir los caracteres de los delitos de prevaricación y falsedad en docuimento público, sin perjuicio de que el avance de las investigaciones permita determinar si nos encontramos ante otros delitos", reza el decreto enviado por el Ministerio Fiscal al juez.

El Ministerio Fiscal reitera que el técnico ha omitido reiteradamente el procedimiento legalmente establecido para la tramitación de los contratos y que en el caso de las diligencias se procede al fraccionamiento de determinados contratos "con la finalidad de evitar el procedimiento correspondiente para la adjudicación, el que correspondía conforme a derecho en la cuantía originaria del mismo, vulnerando con ello lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado".

E incide en que una vez reconducida fraudulentamente la adjudicación al procedimiento de contrato menor, con menores requisitos y garantías, "también se vulneraron las limitadas exigencias de éste, seleccionado las empresas invitadas, la prestación de tres presupuestos distintos en algunos casos por empresas con el mismo administrador, empresas vinculadas o incluso con la reiteración de las empresas seleccionadas, arbitrariamente elegidas, consiguiendo la adjudicación aparentando la concurrencia de contradicción".

Asimismo, en uno de los supuestos el objeto del contrato supuestamente ya se había realizado, "por lo que resultaba superfluo o innecesario, generando el abono del importe de dicho contrato sin necesidad de la prestación, por reiterada, pudiendo suponer, en su caso, un detrimento de los fondos públicos. También relata el Ministario Público que existen indicios para considerar que hay falsedad "toda vez que documentos expedidos y firmados" por el técnico "no se ajustan a la realidad en su contenido".

IU y Podemos han pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, el cese por ello de Dorado, mientras que el regidor ha informado de que se ha pedido a la asesoría jurídica que emita un informe para estimar si el Ayuntamiento se persona en la causa judicial de los contratos del Área de Infraestructuras, en la que "el Consistorio ha sido denunciante", a la vez que la Junta de Gobierno Local del lunes se constituirá una comisión en materia de contratación para "ver qué hacer con la contratación menor, que es un foco de conflictos y problemas en el Ayuntamiento".