Piden cuatro años de cárcel para una psiquiatra de Córdoba por desatender a un paciente que se suicidó

La Fiscalía de Córdoba ha pedido en su escrito de solicitud de apertura de juicio oral cuatro años de prisión para una psiquiatra a la que acusa de desatender a un paciente, al que de manera reiterada rechazó su internamiento, y que acabó quitándose la vida.

La acusación pública entiende que la acusada, encargada de coordinar la funcionalidad de los diferentes dispositivos de asistencia en materia de salud mental, era "conocedora de la resistencia al tratamiento del paciente y de la situación que estaban viviendo él y su familia", y que actuó "con absoluto desprecio a las más elementales normas de cuidado".

Incluso llegó a desatender una orden de un juzgado que reclamó a la coordinadora de salud mental que dispusiese "lo necesario" para el ingreso "a la mayor brevedad posible" del enfermo en un centro, ante el informe del médico forense que apreció "la nula conciencia de enfermedad y la falta de adherencia al tratamiento ambulatorio tras el alta hospitalaria" del paciente.

Sus familiares habían acudido al juzgado "ante la insostenible situación creada por la falta de asistencia médica" del enfermo, señala la Fiscalía en su calificación de los hechos, tras "poner en conocimiento de la acusada el peligro al que estaban expuestos", ya que el paciente "no cumplía la medicación prescrita, persistiendo las ideas de suicidio y la agresividad".

La psiquiatra, "a pesar de que éste persistía en su voluntad de quitarse la vida y siendo conocedora la acusada de los hechos sucedidos", persistió "en que el tratamiento dispensado a aquel debía ser el de un enfermo" y se negó "a proporcionarle la asistencia adecuada a un enfermo psiquiátrico", quitándose la vida después.

El Ministerio Público entiende que la actuación de la médica se corresponde con un delito continuado de denegación de asistencia sanitaria, por el que solicita una pena de dos años y seis meses de prisión, y otro de homicidio imprudente, por el que pide otro año y seis meses de cárcel.

En conjunto, solicita, además, siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio.