CCOO se concentra contra el decreto que pretende convertir a las intérpretes de lengua de signos en servicios complementarios

Técnicos de integración social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE) se han concentrado este jueves a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba para protestar contra el proyecto de Decreto de creación del servicio complementario de apoyo y asistencia a alumnado con necesidades educativas especiales (ANEE) que, en opinión de CCOO, supone "asentar definitivamente la privatización de la atención a este alumnado en la escuela pública".

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, señaló durante la concentración que “por el afán privatizador que tiene la Junta de Andalucía se pretende sacar un decreto que va en contra de la Ley de Educación de Andalucía (LEA)” y “un decreto no puede modificar en ningún caso una ley”, recordó.

Borrego explicó que el objetivo de este decreto es que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que es la encargada de la contratación de los servicios complementarios, pueda contratar a este personal. “La ley establece que PTIS e ILSE son personal de atención educativa, estamos dentro del aula y atendemos a los niños dentro del aula” y “en ningún caso vamos a consentir un decreto que pretende convertirlos en servicio complementario, como el comedor, el transporte escolar o la limpieza”, resalta.

La aprobación de este decreto supondría, según la responsable sindical, “una modificación de las condiciones laborales del personal laboral”. En este sentido, el sindicato insiste en que la atención y el apoyo educativo en las aulas de las escuelas, colegios e institutos públicos deben prestarse con empleo público y en condiciones de calidad. “Son una figura fundamental para la educación de estos menores, para que tengan la atención personalizada que dicta la ley”, remarcó Marina Borrego.

Por todo ello, CCOO exige la retirada del proyecto de decreto y que la atención, apoyo y la interpretación de lengua de signos siga cubriéndose con personal estructural de los centros, como dicta la LEA y lo corroboran los tribunales.