Interior creará una base de datos común de símbolos ultras

El Ministerio del Interior creará una base de datos común sobre simbología ultra para combatir los delitos de odio. La información que se vuelque en este sistema será compartida por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En ella habrá datos sobre los símbolos empleados por grupos radicales, bien sean de carácter homófobo, racistas, antisemitas o islamófobos. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska espera que esta base de datos esté funcionando a finales de 2019.

Ésta es una de las medidas más destacadas que contempla el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, que acaba de anunciar el Ministerio del Interior, después de que se haya detectado un repunte de este tipo de ilícitos en los últimos años en España.

Por delito de odio se entiende toda aquella infracción penal que esté motivada por “la raza real o percibida, origen, lenguaje, color, religión, sexo, edad, discapacidad intelectual o física, orientación sexual u otro factor similar”. Para el Gobierno, todos los delitos son “reprochables”, pero especialmente éstos son “particularmente censurables, ya que producen tremendas consecuencias en las víctimas y sus familiares y también fracturan completamente a la sociedad”.

El delito de odio es un concepto muy reciente y no hay datos históricos para mostrar una evolución fiable en los últimos años. España comenzó a combatir este tipo de prácticas en 2012 y el primer informe sobre las mismas no se publicó hasta 2014. Durante todo este tiempo, la Policía y la Guardia Civil han trabajado en el perfeccionamiento del sistema para contabilizar los delitos de odio y en la formación para los agentes a la hora de encontrarse con un caso así.

En Córdoba este tipo de incidentes están muy por debajo de la media nacional y, salvo ocasiones muy puntuales y esporádicas, no puede hablarse de que haya un repunte preocupante. En el conjunto de la provincia se registran 1,6 delitos de odio por cada 100.000 habitantes. El índice es sensiblemente inferior a la media nacional, que está en 3. El último informe estadístico de delitos de odio publicado por el Ministerio del Interior corresponde al año 2017, puesto que aún no está listo el del año pasado. En ese periodo se clasificaron como tal 13 casos en toda la provincia. Es decir, una media de uno al mes.

Más de la mitad de estos, ocho, estuvieron relacionados con el racismo o la xenofobia. Otros dos fueron producto de ataques a personas por su ideología. Hubo dos casos motivados por la orientación o identidad sexual de las víctimas y otro más por discriminación por razón de sexo o género. No hubo casos de antisemitismo, de aporofobia (odio al pobre) o de diversidad funcional. Esos 13 delitos provocaron 12 victimizaciones, es decir, hubo algunas víctimas que fueron atacadas en más de una ocasión. Las Fuerzas de Seguridad esclarecieron seis de esos casos y cerraron el año con un detenido.

Datos nacionales

Los datos nacionales son más preocupantes. Los delitos de odio crecieron un 11,6% en todo el país entre 2016 y 2017. Se registraron 1.419 incidentes de odio, de los que más de un tercio estuvieron relacionados con el racismo o xenofobia y otro porcentaje importante con la ideología. El plan contempla una batería de medidas encaminadas a mejorar la reacción de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra este tipo de delitos. Son en total 47 las medidas que Interior pondrá en marcha en los próximos meses. Se encuadran en cuatro grandes ejes. El primero de ellos va encaminado a mejorar la formación de los agentes y de la sociedad.

En este capítulo, destacan la incorporación de los delitos de odio en los planes de estudio de ambos cuerpos, academias de acceso, promoción interna a otros empleos y cursos online para el personal no especializado. Se harán cursos anuales de formación continua y se organizarán seminarios, mesas redondas y encuentros en los que se involucre a la Fiscalía y a los medios de comunicación social. Se editará también material didáctico adaptado a menores y adolescentes, que se entregará durante las charlas habituales de policías y guardias civiles en colegios e institutos. A estas medidas se le añaden otras como la promoción de la firma de acuerdos con organismos internacionales, las universidades, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El segundo eje es la prevención de los delitos de odio. Aquí se perfeccionará la recogida y el tratamiento de los datos estadísticos, se publicarán informes anuales, se harán encuestas y se hará campaña en redes sociales a través de las cuentas del Ministerio, la Policía Nacional y la Guardia Civil para contrarrestar el discurso del odio.

En el capítulo de la atención a las víctimas se elaborarán guías de buenas prácticas y se mantendrán reuniones permanentes con asociaciones para diseñar un mapa de servicios que se puedan poner a disposición de las personas que sufren este tipo de delitos. Habrá también una mejora de la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad, con grupos de trabajo con miembros de ambos cuerpos y firmas de convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para implicar también a las policías locales.