Las denuncias por desapariciones repuntan en Córdoba: 238 casos en el último año

Las denuncias por desaparición de personas respuntaron un 7,98% durante el año 2021 en la provincia de Córdoba, hasta los 238 casos, según la estadística oficial publicada ayer por el Ministerio del Interior. Las denuncias fueron 219 en la anualidad anterior, un periodo que, por sus características excepcionales, propició una reducción extraordinaria en el número de casos que –advierte Interior– no puede compararse con el resto de años de la serie histórica.

En el conjunto de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad recibieron el pasado año 22.285 denuncias por desaparición de personas, de las que la mayoría fueron catalogadas como voluntarias y un 90% fueron resueltas antes del 31 de diciembre; así, quedaron pendientes de esclarecer 1.928 casos denunciados. A estas desapariciones sin resolver se suman otros 3.483 casos activos, de forma que los cuerpos policiales investigan en la actualidad 5.411 denuncias.

El Ministerio del Interior hizo público ayer el sexto informe del Centro Nacional de Desaparecidos que cada año analiza este fenómeno con motivo del día internacional de los las personas desaparecidas sin causa aparente, que se conmemora el 9 de marzo.

En el ámbito nacional, las denuncias presentadas ante los cuerpos policiales supusieron un 21,5% más respecto a 2020, por lo que el respunte del 7,98% registrado en Córdoba se encuentra muy por debajo de los números nacionales.

En cuanto al perfil de los desaparecidos, el 68% de las denuncias presentadas en Córdoba hacían referencia a hombres, por lo que solo el 32% restante eran mujeres. Dentro de los varones, 94 aún no habían cumplido los 18 años, mientras que 70 eran mayores de edad; en el caso de las mujeres, existe una menor desproporción: 39 menores frente a 35 adultas.

Por la tipología del caso, teniendo en cuenta los datos estatales, más del 87% de las desapariciones fueron voluntarias y solo el 0,46% de carácter forzoso. El 3,3 se consideró involuntaria y un 9% permanece sin catalogar. El informe señala además que a medida que avanzó 2021 y regresó la normalidad y la movilidad se incrementó el número de denuncias, especialmente en el segundo semestre, donde se superaron los 2.000 casos mensuales.

El informe del Centro Nacional de Desaparecidos dedica un apartado específico a los llamados “menores ausentados”, que hace referencia a todas las denuncias de extranjeros ausentes de los centros donde residen, cuyas desapariciones se han producido hace más de seis meses o bien han cumplido la mayoría de edad. Son 8.106 en el conjunto de España, la gran mayoría, hasta 6.806, datadas en Andalucía.

De ellas, solo 43 se corresponden a la provincia de Córdoba, mientras que Cádiz tiene el récord en este apartado con 4.168 casos, el equivalente al 51% de todos los casos de España.

Marruecos es el país de procedencia mayoritario de estos menores; les siguen los jóvenes naturales de Argelia, Guinea, Malí, Costa de Marfil, Gambia y Camerún.

Desde que el Centro Nacional de Desaparecidos coordina el sistema Personas Desaparecidas y Restos Humanos empleado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de desapariciones y colabora con las Administraciones Públicas y otras instituciones se han registrado 243.768 denuncias sobre desapariciones, de las cuales se han resuelto el 94%. Casi la mitad se esclarecieron en los tres primeros días y más del 77% dentro de los 15 días posteriores a la denuncia.

Actualmente, permanecen activos 5.411 casos. De estos, 38 se corresponden a la provincia de Córdoba: diez son mujeres (siete mayores de edad y tres menores) y 28 son hombres (ocho mayores y 20 menores). En esta lista se encuentran nombres muy mediáticos como Paco Molina y la aguilarense Ángeles Zurera.

Una apuesta por la geolocalización

El informe asume que “la alarma social que en los últimos años ha generado el fenómeno de las desapariciones requiere una respuesta rápida y multidisciplinar por parte de las autoridades e instituciones implicadas”.

Por ello, en 2021 se mantuvieron distintas mesas de trabajo entre las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas, Ministerio de Justicia y Fiscalía con el objetivo de dotar a la unidades policiales de “herramientas jurídicas con las que poder aprovechar todos los avances tecnológicos en materia de comunicación, como es la utilización de los datos que pueden facilitar las compañías telefónicas relativos a la geolocalización de los dispositivos móviles”.

El Ministerio de Justicia ha propuesto en este sentido una nueva redacción de varios artículos legales con el objeto de regular el deber de cesión de esos datos u otros que sean relevantes”.