Córdoba registra más de siete denuncias por violencia machista al día

Córdoba/Casi 700 denuncias por violencia de género en apenas tres meses, a una media ligeramente superior a las siete diarias. Ese es el frío dato que deja en Córdoba la estadística sobre la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer relativa al primer trimestre de este 2024, que ha publicado este viernes 14 de junio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misma, se refleja que el número de víctimas es idéntico al de denuncias presentadas (662) y que las lesiones y los malos tratos suponen más del 80% de los delitos denunciados -ascienden, en este caso, a 722, pues en algunos casos son varios en un mismo caso-, con especial incidencia también del quebrantamiento de penas y medidas.

Entre enero y marzo, los juzgados de Córdoba recibieron 662 denuncias de otras tantas víctimas, de las que la mayoría (616) eran de nacionalidad española y otras 46, extranjeras. De esta manera, la provincia rompe la tónica del resto de Andalucía, pues junto a Cádiz son las únicas en las que el arranque del año deja una ligera subida tanto de casos como de víctimas, respecto al mismo periodo de 2023. En el global de la comunidad autónoma, la bajada es la primera que se produce desde la irrupción de la pandemia de Covid y se cuantifica en un 4,3% menos de mujeres víctimas (8.912) y un 2,5% menos de denuncias (9.296). Esto, sin embargo, aún deja una media diaria escalofriante: 102 denuncias y 98 víctimas.

Pero a pesar de ser una de las dos provincias en las que las denuncias y las víctimas de violencia machista crecieron entre enero y marzo, Córdoba es la que presenta las ratios más bajas tanto en denuncias por cada 10.000 habitantes (8,6%) o por 10.000 mujeres (16,8%), como por víctimas por 10.000 mujeres (16,8%). Según los mismos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, de todos los casos registrados en la provincia, en seis la denuncia fue presentada directamente en el juzgado por la víctima, que en otros 565 casos fue la que denunció y dio paso a la intervención policial; estos atestados se produjeron también por denuncia de un familiar (11 veces) y y por mediación directa de los agentes (15).

El crecimiento en la estadística respecto a 2023 es muy ligero en Córdoba. En el primer trimestre del año pasado, las denuncias contabilizadas en los juzgados fueron 656, mientras que las víctimas ascendieron a 620; en el primer caso, el aumento es de apenas el 0,91% y en el segundo se sitúa en el 6,77%. También hay un incremento similar (6,18%, al pasar de 680 a 722) en cuanto a los delitos denunciados, aunque no varía la tipología de los mismos: predominan de manera aplastante las lesiones y los malos tratos, que entre los tres artículos del Código Penal que los incluye suman más del 80% del total, en lo que va de año, hasta 592. Entre el resto, tienen peso los quebrantamientos de penas y medidas, que rozan el centenar.

Más de un centenar de medidas de protección

Ante tales circunstancias, los juzgados de la provincia recibieron hasta 110 órdenes y medidas de protección para las víctimas, apenas cinco más que en el arranque del pasado año (+4,76%). En la mitad de los casos (57), la mujer y su agresor habían tenido una relación afectiva, mientras que en 28 la mantenían en el momento de la denuncia; en otros 14 casos eran cónyuges, al tiempo que en 11 ya habían roto esa unión.

De todas estas mujeres que requirieron seguridad, hasta 97 eran de nacionalidad española (un 88,1% del total), de las que dos eran menores de edad; las otras 13, todas mayores de 18 años, eran extranjeras. La situación es idéntica en cuanto a los denunciados: 95 son españoles y los otros 15, foráneos. Al igual que ocurre con las denuncias y las víctimas, en este apartado tampoco hay menores tutelados.

Entre las medidas de protección y seguridad de las víctimas, hasta en 82 casos el instrumento elegido por el juzgado fue el alejamiento, mientras que en otros 65 fue la prohibición de comunicación entre la mujer y el agresor. En 25 se ordenó la prohibición de volver al lugar del delito, en 26 la suspensión de tenencia y uso de armas, y en otras 13 la suspensión del régimen de visitas.

Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un total de 157 casos la denuncia fue sobreseída. En 148 de ellas, lo fue de manera provisional por no resultar justificada para el juzgado la perpetración del delito, mientras que en otras nueve lo hizo de manera libre, en este caso por no haber indicios racionales de haberse cometido el delito.

Además, en 21 casos la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar como testigo contra su agresor, renunciando así a continuar con el proceso judicial abierto. Esto supone un porcentaje sobre el total de apenas el 3,3%, que se queda por debajo de la media andaluza (4,71%, con un total de 420 víctimas) y sobre todo del promedio nacional, que se sitúa en el 9,21%.

Piden prudencia en el análisis del inicio del año

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha advertido de que hay que ser prudentes en el análisis de los datos del primer trimestre del año y no avanzar conclusiones hasta comprobar si la disminución de las denuncias y víctimas responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja en las cifras que recoge la estadística.

Añade, en este sentido, que no deben sacarse conclusiones precipitadas pues existen dos posibles causas que requerirían de actuaciones diferentes: podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia; y podría tratarse también de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas.

La presidenta del Observatorio destaca el dato de las víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. Fueron 4.014, casi una de cada diez víctimas, lo que ha supuesto un descenso del 16,44% respecto a 2023. Para Carmona se trata de un dato importante puesto que la declaración de la víctima es, en muchos casos, el único elemento de prueba que permite avanzar en el esclarecimiento de unos hechos delictivos que con enorme frecuencia ocurren sin terceras personas como testigos. “La renuncia a la dispensa -señala- evita la impunidad”.

Otro dato relevante para Carmona es el aumento, en un 17,5%, del número de menores de edad juzgados por violencia de género, un dato representativo del incremento que se observa en los últimos años de este tipo de delitos entre los más jóvenes. También muy elevado ha sido el porcentaje de menores condenados, que en el primer trimestre del año ha alcanzado el 91,49% de los enjuiciados.

Por este motivo, la presidenta del Observatorio insiste en recordar a todas las instituciones con competencias en materia de educación y, en general, a toda la sociedad la importancia de educar en valores como la igualdad y el respeto desde edades muy tempranas. Y pide la colaboración de los centros educativos en la detección de posibles situaciones de violencia machista entre el alumnado. La contribución de estos profesionales resulta fundamental, ha asegurado.