Un detenido en Córdoba por comprar documentos falsos en el extranjero a través de redes sociales

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 64 personas, una de ellas en Córdoba, y han interceptado 136 documentos falsos, en concreto permisos de conducir, pasaportes o documentos de identidad, todos con nacionalidad europea para poder circular por territorio Schengen sin dificultad. Tenían un alto nivel de profesionalización y se hacían con ellos en redes sociales por entre 1.000 y 3.000 euros.

Según ha informado la Policía Nacional, que ha dado a conocer este jueves los resultados de esta operación conjunta, a los arrestados se les imputan delitos de contrabando, falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecer la inmigración irregular.

Las 17 detenciones practicadas en Andalucía se han realizado siete en la provincia de Huelva, cinco en Granada, dos en Cádiz y una en Almería, Córdoba y Jaén. El resto se han producido en otras provincias españolas: Madrid (24), Barcelona (7), Alicante (4), Las Palmas (4), Santa Cruz de Tenerife (2), Melilla (2), León (2), Pontevedra (1) y Lugo (1).

La investigación comenzó por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria durante sus controles sobre envíos de paquetería procedentes del extranjero, que habían sido seleccionados mediante técnicas de análisis de riesgos. Los funcionarios detectaron envíos con documentación falsificada, por lo que contactaron con el Punto Atenas de la Policía Nacional para verificar la falsificación de los documentos interceptados.

136 documentos

Agentes de la Policía Nacional comprobaron distintos tipos de documentos y entre las falsificaciones había de identidad, pasaportes y licencias de conducir con distintas nacionalidades europeas para poder circular por el espacio Schengen sin complicaciones.

En total, se detectaron 136 documentos con un alto nivel de profesionalización. Se comprobó además que los "clientes" se ponían en contacto con los falsificadores extranjeros a través de varias redes sociales y mensajería instantánea, donde fijaban un precio en función del documento que pedían. Por los mismos canales concertaban también la fecha del envío a España de los pasaportes.

Por ejemplo, los pasaportes que contaban con sellos de frontera tenían un mayor coste al aparentar una mayor credibilidad a los mismos en los pasos fronterizos, de ahí que el precio de los documentos falsificados variara entre 1.000 y 3.000 euros.