El dilema del taxi

LLEVAN razón los representantes del taxi en su defensa: todo trabajo ha de ser convenientemente remunerado y debe existir la suficiente garantía para los profesionales que están en la calle frente a personas desaprensivas que usan de forma torticera instrumentos como Radio Taxi. El problema es que ésa no es la razón por la que se ha producido la sanción de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. Un mero vistazo a la resolución oficial establece claramente que el organismo ni entra ni sale en que existan mecanismos concretos que garanticen el pago de los servicios, incluso cuando éstos consisten en un registro de morosos. El problema es cómo se aplica ese herramienta, qué garantías legales existen para el cliente y cuál es la vinculación del profesional con el funcionamiento del colectivo, si de cooperación o de sumisión.

Lo que sorprende de todo este lío, que trasciende cualquier expectativa inicial, es que la gestión de todo este asunto haya llegado a esta situación teniendo en cuenta los antecedentes. Meses antes de que se produjese la multa de Córdoba, Competencia ya estableció claramente cuál era su opinión sobre las listas negras a raíz del expediente abierto a tres emisoras del taxi de Sevilla, que acabaron en una sanción. El comportamiento desde entonces ha sido, como poco, peculiar: como el que ve un tren acercarse a toda máquina y no se aparta. Pita, pita.

Para quien no lo sepa, los expedientes de Competencia tienen tres posibilidades de conclusión. Una es el archivo, la segunda es la sanción y una tercera es la "terminación convencional". Esta última opción consiste, básicamente, en que el denunciado se sienta con el organismo público, pregunta qué ha hecho mal y cuál es la fórmula para que las cosas se lleven a cabo adecuadamente. Existe un precedente bastante reciente. La asociación de panaderos de Córdoba, Afepancor, fue expedientada por ponerse de acuerdo para pactar el precio de bollos y teleras -un resabio de cuando las tarifas eran oficiales-. Antes de exponerse a una multa, los panaderos llegaron a un acuerdo que tiene más de formal que de efectivo y que les ha evitado un quebradero de cabeza similar al del taxi.

El gremio del transporte público, acostumbrado a una ciudad en donde ha podido marcar reglas de juego gracias a una presión política y social, optó por echarle un pulso absurdo a la Administración, que igual puede ganar (o perder) en los tribunales de lo contencioso administrativo pero que le ha generado ya una situación crítica. Los taxistas no son ajenos a los problemas económicos que sufre todo el mundo. También se le cortan los patrocinios, tienen que despedir a trabajadores y se le recortan los ingresos de su negocio. Es en ese contexto donde se entiende menos haber llevado esta cuestión hastas sus últimas consecuencias la posición numantina por una cuestión de orgullo o disciplina.

Las leyes de la Competencia son una novedad en España fruto de una copia de la ley antitrust norteamericana. La economía, entiende la norma, exige de la competitividad entre actores para que el sistema sea eficiente. Estas leyes están pensadas para que nadie utilice una posición de dominio -el famoso caso Microsoft- para eliminar competidores ni para que un conglomerado de agentes tomen acuerdos en detrimento de la libre competencia o de un tercero. Y esa es precisamente la casuística que ha motivado la multa. El argumentario realizado para defenderse en el expediente por la agrupación cordobesa del taxi explora todas las posibilidades menos la más lógica: preguntar cómo se pueden hacer las cosas adecuadamente para que los derechos de todos queden perfectamente definidos, los profesionales puedan reclamar las carreras efectivamente fallidas y los usuarios tengan la oportunidad de negarse a abonar un servicio que no satisfizo sus expectativas. El problema se encuentra también en algo muy cordobés, por medieval. El funcionamiento de gremios, de entidades que siguen sin entender la fina línea que distingue la sana cooperación de la presión: del palo y tentetieso a quien no le dé la razón o a quien se salga de la raya.

Esta próxima semana, la organización que gestiona Radio Taxi realizará una asamblea para decidir si cierra el servicio, que se soporta mediante los acuerdos publicitarios (actuales o pretéritos) y las cuotas de los asociados. Mala salida parece para el usuario y también para el profesional. Deja en muy mal lugar al Ayuntamiento, que salió en defensa del gremio, bien es verdad que no con el brío que se esperaba. Si de algo es responsable la municipalidad, es de haber dejado muchos años en manos de quien no debía un servicio público y que funciona con licencias municipales aunque que se vendan en almoneda como acciones de Telefónica.