Una empresa denuncia a Arenal 2001 por estafa en la venta de un terreno

El denunciante dice que el empresario no le advirtió de la existencia de restos

Sede central de Arenal 2000, donde también se ubica Arenal 2001.
Sede central de Arenal 2000, donde también se ubica Arenal 2001.

La empresa malagueña Proyectos Kroll ha interpuesto una querella criminal contra el consejero delegado de Arenal 2001, Manuel Gómez, -hijo del empresario cordobés Rafael Gómez- por un delito de estafa en la compraventa de un solar situado en Algeciras (Cádiz).

El denunciante alega en su acusación, a la que ha tenido acceso El Día, que en el contrato privado -que data de octubre de 2006- había una cláusula que indicaba que "no había yacimientos arqueológicos o de otra naturaleza que pudieran afectar a los derechos edificatorios proyectados sobre las fincas". De igual modo, en otro apartado de la escritura pública -que se formalizó el 19 de febrero de 2007- se recogía que "tras haberse realizado el correspondiente estudio con resultados negativos, no existen restos de ningún tipo". Sin embargo, lo cierto es que cuando Proyectos Kroll inició los trabajos previos para proceder a la edificación del solar comenzaron a aparecer restos que, finalmente, resultaron ser una estructura de época califal que limitaba, considerablemente, los derechos edificatorios sobre las fincas adquiridas, lo que conlleva la asunción de una serie de gastos de conservación e integración que ascienden a 300.000 euros, según el escrito.

Lo que realmente pone de manifiesto la querella es la "actitud dolosa" del consejero delegado de Arenal 2001 pues, según consta en la acusación, en 2005, casi un año antes de la firma del contrato de la compra del solar, la Delegación de Cultura de Cádiz autorizó el inicio de la actividad arqueológica, lo que permitió localizar los primeros hallazgos el 19 de diciembre de 2005. Además, sólo dos días antes del otorgamiento de la escritura pública -el 16 de febrero de 2007-, el arquitecto de Arenal 2001 presentó en Cultura una propuesta de conservación de la estructura califal, por lo que era consciente de la existencia de estos yacimientos. Según la querella, los perjuicios ocasionados por estos restos ascienden a cerca de 300.000 euros.

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