Rafaela Valenzuela: "La ciudad es la que tiene que movilizarse para atraer negocio al aeropuerto"

Rafaela Valenzuela llegó en 2018 a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, la primera mujer en desempeñar el cargo, y en estos cuatro años y medio ha hecho frente a una pandemia inédita y la crisis provocada por esta, las consecuencias de la guerra de Ucrania y una sequía que afecta duramente a la Cuenca del Guadalquivir. “Han sido años muy intensos”, resume la subdelegada. Los tiempos interesantes de la (erróneamente) llamada maldición china. Ahora aborda un 2023 en el que el Gobierno tiene sobre la mesa varios proyectos que deben sufrir un importante impulso, con la Base Logística como puntal.

En la recta final de la legislatura, ¿qué balance hace de este periodo?

Han sido años que han exigido mucho de nosotros como sociedad y como Gobierno, pero tenemos un Ejecutivo que creo que está dando una salida adecuada a esta crisis, absolutamente diferente a la de 2008. Es una apuesta por que las personas más vulnerables tengan más apoyo, de forma que puedan superar la crisis y seguir con su vida.

El tercer paquete de medidas que se acaba de aprobar incluye un cheque de 200 euros para las familias más vulnerables. ¿A cuántas beneficiará en Córdoba?

No tenemos un dato provincializado, a nivel nacional va a afectar a 4,2 millones de familias con rentas inferiores a los 27.000 euros.

En cuanto a la reducción del IVA para los alimentos básicos, la sensación general es que no se nota demasiado. Los consumidores reclaman que se extienda a carne y pescado.

Este es un primer esfuerzo y sí se nota, la inflación la vamos conteniendo. Es un momento muy difícil, a veces nos olvidamos de que tenemos una guerra en el corazón de Europa. Invito a valorar lo que tenemos, que podamos tomar medidas contra estas situaciones que nos vienen, en lugar de exigir siempre más. El caer en esta vorágine nos hace no ver lo que tenemos, por ejemplo, que a los pensionistas le sube su pensión un 8,5%, el gasto en este concepto supone 2.400 millones. Por supuesto, la ciudadanía tiene el derecho a reivindicar lo que considere pero también tenemos que valorar lo que se ha conseguido.

El 2023 será clave para varios proyectos, con la firma del convenio de la Base Logística como primer avance del año.

En principio se firmará el 16. La Base es la gran apuesta del Gobierno de España en Córdoba, con una gran capacidad de dinamización. Directa e indirectamente muchas empresas podrán vincularse a esto y los planes de formación profesional deben recoger esta demanda de personal especializada. El Gobierno de España ha apostado muy fuerte por Córdoba.

¿Se está trabajando ya en la atracción de esos otros proyectos a partir de la Base?

Con la Base digo como con el aeropuerto: nosotros hacemos nuestro trabajo, que la base venga a Córdoba. Nosotros vamos cumpliendo, poniendo las infraestructuras necesarias para que la ciudad se dinamice y progrese. Pero más allá, en el caso del aeropuerto, poner una línea comercial no puede hacerlo el Gobierno.

Sí puede comercializarlo AENA o se pueden dar facilidades a una aerolínea.

Vamos a convocar la Mesa del aeropuerto a la vuelta de vacaciones, estamos cerrando fechas. Ahí está la ampliación de pista, la nueva terminal perfectamente preparada, y AENA puede presentar el aeropuerto en ferias y demás, pero es la ciudad la que tiene que movilizarse para atraer negocio. Por ejemplo, se lo estoy diciendo a muchos agentes turísticos, muchas líneas comerciales han empezado como chárter. Ahora tenemos el palacio de congresos y el centro de exposiciones. Creo que tanto uno como otro pueden usar el aeropuerto para turismo congresual y de eventos, muy interesante en nuestra ciudad. Y, por ejemplo, hay ciudades cuyos ayuntamientos subvencionan parte de las líneas comerciales hasta hacerlas atractivas. Para eso se creó la Mesa del aeropuerto con todos los agentes sociales, para que sea la propia ciudad la que tenga capacidad de dinamizar. Cuando hablo de la ciudad hablo primero de la ciudadanía y de sus iniciativas particulares. Y las instituciones deben escuchar a la ciudadanía, darle participación. La Administración estatal hace el proyecto, como con la biblioteca, pero la entrega llave en mano a la Junta para que la gestione.

¿Cuándo abrirá la biblioteca? El último plazo que dio el Ministerio de Cultura fue el pasado diciembre.

La infraestructura está acabada, hace unos días que tiene suministro eléctrico y se están probando todos los sistemas. Cuando tengamos eso tenemos que firmar un convenio con la Junta de traspaso del edificio y tendrá que hacer su mudanza desde la biblioteca junto al Alcázar. Yo diría que vamos a tener una de las mejores bibliotecas, si no la mejor, de España.

¿Por qué tanto retraso?

En Córdoba los proyectos se complican. Esa biblioteca se adjudicó a una UTE y hubo que resolver el contrato. Una vez que una administración se enfrenta a esa situación, la legislación es muy garantista y hay que fundamentar mucho el paso que se da. Y una vez resuelto, parto de cero. Todo eso son plazos administrativos muy largos. También pasa algo en Córdoba, que salen restos arqueológicos; estos eran importantes y había que incorporarlos. Al final se nos hacen muy largas las obras, pero también porque vivimos unos tiempos muy acelerados. ¿Usted se plantea en cuánto tiempo se ha construido la Biblioteca Nacional? Dura muchísimo, pero ¿quién se va a acordar dentro de 10 años? Cierto es que deberíamos de ser más rápidas las administraciones, pero estamos garantizando que el dinero público se invierta bien.

La última fase de la renovación del Museo Arqueológico está en marcha; en el otro lado, el de Bellas Artes sigue sin presupuesto.

En el Arqueológico hemos acometido varias inversiones, entre ellas la fachada inaugurada hace poco. Ahora nos queda el palacio de los Páez de Castillejo, que hay que adaptar respetando sus características de bien de interés cultural y de espacio histórico emblemático. Ha salido a licitación, lo vamos a ver este año. La secuencia ministerial es siempre tener una gran inversión abierta, una, porque España es muy grande. Hemos tenido la biblioteca y va a ser sustituida por la del Arqueológico. Valoremos lo que tengamos. No podemos exigir una inversión para algo en lo que ni siquiera las expropiaciones se han llevado a efecto. El proyecto de Bellas Artes lo veo muy unido a algo que tiene que resolver la ciudad liderada por su Ayuntamiento, el complejo Romero de Torres. Cuando eso se resuelva ya redimensionaremos nuestro museo. Hay que hacer las cosas pensando la ciudad y teniendo muy claro hacia dónde puede ir. Y con esto no quiere decir que el Estado se vaya a desentender de sus museos. En su momento le tocará al Bellas Artes.

Otro proyecto que desapareció de los presupuestos es el de la segunda comisaría. ¿Se ha descartado?

El mapa de la seguridad en la ciudad se ha configurado de manera distinta. No le veíamos mucha operatividad a dos comisarías. Tenemos junto a las estaciones un espacio que está en obras para la gestión de la documentación, DNI y pasaportes, que es una de las grandes afluencias de nuestras oficinas. Y prevista una nueva comisaría redimensionada, un gran centro con todas las tecnologías. Los delitos de ciberseguridad son los que crecen exponencialmente y necesitan inversión en tecnología punta y formación, no tanto espacio físico. Además tenemos a la Policía Local de Córdoba, que también es complementaria. Córdoba es una ciudad segura, más que la media del resto de España, y eso será porque se está dando una buena prestación.

El desdoble de la 432, la variante oeste, la ronda oeste y la A-4 cuentan en 2023 con unos presupuestos muy reducidos.

La inversión en carreteras será un 113% más que en 2022, pasando de 10 millones a casi 22. Entre ellos, para la A-4 hay medio millón, pero estamos trabajado todo el proyecto global con los municipios, el rediseño. Eso es lo fundamental, lo otro es inversión pura y dura. Conforme seamos capaces de ir ejecutando más, habrá más dinero, porque Carreteras tiene un presupuesto que no está ligado a proyectos concretos, sino que va a demanda. Si soy capaz de gastar más, viene más dinero. Pero si no somos capaces de avanzar, en un año es difícil invertir mas de medio millón de euros.

Precisamente la presencia de importes reducidos año tras año en los PGE es señal de que no se avanza en esas obras.

En el caso de la A-4 está en marcha. Distinto es el caso de la 432, en la que nos encontramos caducados los estudios previos. Se repensó la actuación porque no era operativo el proyecto Badajoz-Granada y se dividió en dos. Las inversiones en grandes proyectos, como cuando se hizo el trazado de la A-4, llevan años, son lentas. En cuatro años hemos pasado de tener unos estudios caducados a reconsiderar el proyecto, volverlo a meter en las expectativas del ministerio y encargar los estudios. Y digo: “déjenme un poquito avanzar”, porque si en 8 años que tuvo mi predecesor lo único que hicimos fue dejar caducar un proyecto… Yo pido un margen porque esto está en marcha, pero no puedo recortar los trámites administrativos por más que quiera.

¿Por qué se ha cambiado el cercanías en la conexión Palma del Río-Villa del Río por un proyecto piloto de tren de proximidad?

Porque aprovecha todo tipo de trenes, puede usar el medio distancia, el Avant, todos salvo el AVE. Dentro de los 40 millones de inversión están las campañas para que la gente use el tren, algo a lo que no estamos acostumbrados. Estoy muy ilusionada porque hay pueblos muy importantes en esa línea y ese servicio puede significar que la población joven no se vaya de ellos. Se dan tres años de proyecto piloto para obligarnos a todos, empresarios, ciudadanos, ayuntamientos y Junta, a fomentar el uso del tren y dejar el coche.

Ahí será clave la frecuencia de los trenes.

Estamos trabajando con el GDR, en el que hay pueblos de todos los partidos. Se habilitarán más frecuencias de los servicios.

Hay casi unanimidad en la oposición a la ampliación de El Cabril. Hace unas semanas el Parlamento andaluz (PP, PSOE, Por Andalucía) votó en contra de esta.

Esa ampliación está aprobada en los planes energéticos nacionales, va en paralelo al cierre de las centrales nucleares. Cuando se decidió que se instalara ahí ese espacio estaba destinado a albergar esos residuos. Yo misma no he sido nunca partidaria de la energía nuclear, pero las centrales han existido y tiene que haber un lugar donde depositar esos residuos, eso sí, con todas las garantías y seguridad. Eso es una realidad y no depende de que el Parlamento vote a favor o en contra. Lo que hace El Cabril es seguir su hoja de ruta.

¿No se plantea el Gobierno estudiar una alternativa?

En la vida todo se puede modificar, pero las otras personas a las que usted quiera poner eso le va a poner las mismas pegas. Y existe una infraestructura en la que se ha hecho una enorme inversión, con unas medidas de seguridad excepcionales que pasan todos los parámetros y que ya está ahí, no va a dejar de estar. Todo se puede estudiar pero no creo que sea algo que de manera realista esté hoy sobre la mesa. A cambio de eso, Enresa ha hecho grandes inversiones en la zona. También hay gente que ha tenido las centrales nucleares cerca.

Diciembre ha sido un mes negro en la estadística de violencia machista. ¿En qué estamos fallando?

Fallamos como sociedad, evidentemente. Está habiendo un cambio de roles y hay un fondo en nuestra sociedad patriarcal, una parte enferma, que no se adapta al cambio vertiginoso (para mí lentísimo) que hemos hecho las mujeres. Si usted mira cómo vivían mi madre o mi abuela, el cambio es exponencial. Ese desfase está provocando esta respuesta violenta; siempre que hay un cambio revolucionario hay resistencia por parte de quienes quieren mantener el estatus. Es muy difícil de controlar, porque hay mujeres que denuncian, otras que no, otras que retiran las denuncias, pulseras que tienen fallos. Ahora vamos a hacer una gran inversión para que estos dispositivos sean más seguros, estamos en un proyecto piloto para eso.

Uno de los factores preocupantes es que hay un elevado número de víctimas que habían denunciado a su agresor y teóricamente deberían estar protegidas.

Y probablemente tenían medidas de protección, pero no las suficientes o no las adecuadas. Tenemos que tener muchos más dispositivos, que permiten la geolocalización del agresor. Y colaborar todas las instituciones. Estoy muy orgullosa de que Córdoba sea la provincia que más convenios de Viogen tiene firmados con los ayuntamientos, lo que significa que las policías locales colaboran en la protección de las mujeres. Además hemos creado el punto violeta para que cada vez haya más espacios de protección de las mujeres. Pero esta situación requiere que todos estemos atentos. La responsabilidad de todos y cada uno y la tenemos que extremar. Nuestra lucha es que se denuncie, porque lo que no se denuncia no existe. Ahora, si hay un asesinato de una mujer que está en Viogen tienen que saltar las alarmas. Hay que optimizar esos protocolos, revisar en qué se ha fallado y actuar en ese punto. Tampoco son ajenos a este rebrote esos discursos que hemos oído por parte de algunos grupos de extrema derecha, normalizando o justificando, haciendo sorna de las medidas frente a la violencia de género. No digo que tengan toda la culpa, pero culpa hay en quien deja entrar de nuevo un discurso que hace muchos años que estaba desterrado de nuestra clase política.

Estamos asistiendo a la reducción de penas a agresores sexuales amparadas por la llamada Ley del solo sí es sí. ¿Hace falta una nueva ley, como piden los juristas?

Aquí soy muy radical, si en algo se perjudica a la mujer víctima lógicamente habrá que corregirlo. No sé cómo, cuándo, no formo parte del legislativo, pero hay que hacerlo. Se ha dado un margen para que esa ley se vaya desarrollando, pero si al pasar unos meses se ve que hay muchas sentencias revisadas a la baja mi opinión es que se cambie. El único fin debe ser que la mujer y la víctima estén más protegidas.

Hace dos años que se firmó el convenio para la exhumación de las fosas de Córdoba, pero todavía no se ha ejecutado.

Estoy preocupada y diría que casi indignada con los convenios de la memoria democrática. Nosotros como Gobierno que cree firmemente en la memoria democrática firmamos un convenio y transferimos ese dinero al Ayuntamiento y veo que pasa el tiempo y no se adjudica ese contrato. Como una democracia avanzada no nos podemos permitir ni un minuto más tener a compatriotas nuestros en fosas comunes. Todo el mundo tiene derecho a dar sepultura digna a sus seres queridos.

¿Han retirado el presupuesto previsto para ello?

No, no. Se nos dice permanentemente que se está adjudicando el contrato. Esto hay que solventarlo ya, antes de que acabe la legislatura. Hay cosas que no son propias de una democracia homologada. Por ejemplo, lo que ocurre con el CGPJ. No puedo decir que soy un partido constitucionalista, demócrata y bloquear a uno de los poderes del estado. Las dos cosas no son compatibles. El Gobierno puede cometer sus errores pero ¿cuál es el origen del problema? Que el PP lleva 5 años bloqueando la renovación. No puedo ser el más constitucionalista del mundo e incumplir la Constitución.