La erosión del funcionariado

"Cuando llegué aquí, había mucho trabajo. Y ahora estoy aburridísima. Hoy tengo tres registros. A una hora y media de ocupación no llego". Quien así habla es una funcionaria de la Junta de Andalucía que se ruboriza al reconocer que pasa la mañana buscando en qué gastar su tiempo: "Me leo el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para consultar las novedades, le pido trabajo a los compañeros, espero a que suene el teléfono...". En el edificio de Santo Tomás de Aquino se habla estos días de ajustes y de recortes, de meter la tijera a los sueldos. El nombre de la canciller alemana, Angela Merkel, retumba en un despacho mientras en otro se habla del presidente español, Mariano Rajoy, de la prima de riesgo y de los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Pero, sobre todo, se conversa de la "degradación" de lo que significa "ser funcionario", una profesión que ahora se contempla erosionada, desvalorizada.

El segundo recorte a los sueldos de los empleados públicos de la Administración autonómica es sólo la "puntilla" a una "degeneración" que se ha producido en unos pocos meses. "Cuando nos redujeron el salario la primera vez no nos quejamos porque comprendimos que teníamos que arrimar el hombro como todos los ciudadanos. Ahora nos damos cuenta de que eso fue sólo el primer paso", razona la funcionaria, que prefiere guardar el anonimato. Y le enerva, sobre todo, que el trabajo que antes desempeñaba lo ejecuten ahora los trabajadores de las flamantes agencias públicas, a quienes no les guarda muchas simpatías. "Tuve tres hijos y luego oposité. Estudiaba 12 horas al día y me licencié. Me han ninguneado por meter a gente que apenas tiene formación", dice en tono elevado. "Antes el teléfono no paraba, pero cuando crearon las agencias me lo quitaron todo. Aquí sobra gente porque, donde había cinco personas, ahora hay 15 para hacer el mismo trabajo", dice esta funcionaria del grupo C -administrativa-, a quien en determinados momentos "usaron" incluso para cubrir vacantes del grupo A.

Durante años, el funcionariado se ha sometido a la sorna de buena parte de la sociedad. La imagen del empleado que abandona la ventanilla para disfrutar de un desayuno interminable o que aprovecha su jornada laboral para ir de compras está en el pensamiento de muchos. Por eso, cuando las administraciones anunciaron que el funcionariado dejaría de ser una especie de casta intocable algunos recibieron la noticia con una sonrisa en la boca y un "ya era hora". Ellos no lo ven así: "Lo primero que deberían hacer, antes que recortar los sueldos, es acabar con los puestos de libre designación", razona Mar Díez -nombre ficticio-, con 23 años de experiencia en la administración pública.

El suyo es un ejemplo paradigmático de lo que significa "aumentar la precariedad". Cuando opositó, las competencias aún no se habían transferido a la Junta de Andalucía. Aquel año salieron mil plazas en toda España: "500 en Madrid y ninguna en Córdoba". Aprobó y decidió irse una temporada a la capital. "A las jefaturas de servicio se llegaba por concurso. No existían los puestos de libre designación", recuerda. Luego llegaron las transferencias y terminó de funcionaria en una cámara agraria, ya en Córdoba. "Toda la tramitación de los agricultores se hacía allí. Pero el nombre del servicio no debía gustar mucho a los políticos, había connotaciones fascistas. Y se las cargaron", relata. Los departamentos se fueron desmontando y nacieron las oficinas comarcales agrarias (OCA): "Los que quedamos allí hacíamos cada vez más cosas. Yo llegué a organizarlo todo, pero económicamente ocupaba un cargo de auxiliar. Y hubo compañeros a los que despidieron con 20 días por año trabajado", dice. Hace dos años llegó su último cambio de destino -a Santo Tomás de Aquino- "con la excusa de que en los ministerios hacía falta personal".

Díez lo dice con rotundidad: "Comprobé que era mentira, porque hay gente que se pasa todo el día con un papel". "El problema -razona- es que los funcionarios de carrera somos incómodos para los políticos y no nos casamos con nadie. No ocurre lo mismo con los empleados de las agencias públicas que están asumiendo nuestro trabajo. Se deben al político de turno". En los últimos meses, Díez asegura haber visto prácticas que le hacen palidecer: "Se han aceptado fotocopias de facturas para los trámites como si fueran las originales. Y eso es algo que huye claramente del derecho administrativo", dice tajante. "Todo lo que está ocurriendo es muy triste. La reducción de sueldo ahora estaría justificada si se hubieran hecho antes otros recortes", razona. Y augura: "Esto no se va a quedar aquí. Acabarán con todos los complementos". El sueldo base de su categoría se quedaría en 725 euros mensuales.

Según los cálculos del sindicato CSIF, los funcionarios de la Junta de Andalucía verán reducido su salario anual entre 700 y 3.200 euros brutos como consecuencia del recorte que va a efectuar la Administración autonómica sobre las pagas extraordinarias de verano y Navidad. El CSIF, junto a CCOO y UGT, se reunió la semana pasada con responsables de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la mesa general de la función pública, donde constataron la negativa de la Junta a cambiar el plan económico financiero. El programa, que ya ha sido aceptado por el Gobierno de España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, contempla un ahorro de 777 millones en sueldos de los 240.000 empleados públicos. La indignación crece entre los funcionarios por lo que consideran "otro agravio más".

Luis Romero, un ingeniero agrónomo que aporta un nombre ficticio, fue el número uno de su oposición al ya extinto cuerpo de la inspección estatal de agricultura. Acabó la carrera en 1984, y un año más tarde ya había aprobado la oposición. Entre el 92 y el 95, trabajó para un cuerpo de inspección de la Unión Europea, y entre el 95 y el 96 estuvo "en el limbo legal" debido a los desajustes que causó el trasvase de competencias. Para su sorpresa, se vio obligado a opositar otra vez a la Junta de Andalucía. Y, de nuevo, obtuvo el número uno.

Una sorpresa: "Como no había sitio para elegir porque los buenos cargos son de libre designación, empecé a ganar menos dinero que al principio". Otra sorpresa: la aparición de las agencias públicas. "Nos quieren quitar de en medio. La diferencia entre un funcionario y otro que no lo es reside en que los primeros nos debemos a la ley y los segundos, a la jerarquía", distingue. Para Romero, la degradación de su trabajo comenzó con la transferencia de competencias: "Se ha perdido profesionalidad en los cargos medios y altos. Hay algunos que no tiene ni carrera". Hace un símil: "Un barco no puede ser manejado si el capitán y los oficiales no tienen la más mínima idea de ponerse al timón". Es lo que, a su juicio, está ocurriendo en las administraciones públicas. "La inspección de los servicios debería recaer en una administración diferente a la que la gestiona. Eso es básico, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sabe mucho de esto porque pertenece al cuerpo de inspectores. ¿De qué sirve una ley si luego no puedes obligar a cumplirla?", razona.

Quienes llevan a sus espaldas años de experiencia en la función pública se manejan con un lenguaje lleno de siglas difíciles de comprender. No es fácil conseguir un puesto, aseguran. Y mucho menos ascender en un camino lleno de baches. Hay que hacer cursos continuamente para que los nuevos no te adelanten y aceptar destinos incómodos. "Sacar la oposición me costó una depresión. No he dejado la medicación", dice una funcionaria que en el año 85 logró una plaza en la Dirección de Agricultura del Gobierno central. "Al principio todo era perfecto. Pero luego ha ido degenerando", dice. Su caso -asegura- tampoco es extraño entre quienes trabajan en un organismo oficial. "Desempeñé durante dos años un cargo por encima de mi categoría salarial porque la plaza se quedó libre. Y, cuando opté formalmente a ella, la respuesta fue que no era la persona idónea. Después de hacerles el favor durante dos años, cobrando mucho menos de lo que me correspondía...", dice. "En cambio, no tuvieron problema para nombrarme provisionalmente cuando se vieron sin nadie que supiera esa labor", dice irritada. La negativa coincidió -recuerda- con un cambio de delegado. "La mayoría no tiene ni idea. Y lo peor es que a los funcionarios de carrera nos tienen ninguneados", se queja.

"En el 85, ganaba más que ahora. Más que mi padre incluso", asegura otra trabajadora que consiguió una plaza de interina cuando sólo contaba 19 años. "No me decanté por lo privado porque se suponía que ser funcionario te daba seguridad para toda la vida. Pero ahora vemos que no es así", dice con preocupación. Su carrera en la administración pública también está llena de piedras en el camino: "Cuando llevaba seis años trabajando, me pasaron de interina a personal laboral porque, según me dijeron, se habían confundido". Así que hace ocho años, como no tenía posibilidad de ascenso ni de participar en concursos de traslados, decidió prepararse por libre para ser funcionaria y hacer carrera administrativa. Lo consiguió, pero llegó su sorpresa: "Nos quedamos sin competencias, casi sin trabajo. Y hacer carrera administrativa es casi imposible con todos estos enchufados", lamenta la trabajadora, quien defiende que los funcionarios no disfrutan "de ningún privilegio". Y defiende con fuerza su labor: "Responsabilidades sí tenemos, y muchas".