La exhumación de las fosas de comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba se prolongará hasta finales de 2025

Memoria Histórica

Álvarez firma el decreto del inicio del contrato del servicio, con un presupuesto de 1,6 millones

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Una mujer sostiene una foto de su familiar desaparecido, en un acto de homenaje en Córdoba. / Miguel Ángel Salas

El teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha procedido este martes a la firma del decreto de inicio del contrato del servicio de exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes Zona Alta-San Plácido, Virgen de los Dolores y Cuadro Número Cuatro, del Cementerio Municipal de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, así como de la fosa Zona Ajardinada-Zona 6 del Cementerio de San Rafael.

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 1.322.314,05 euros, más 277.685,95 euros en concepto de IVA, lo que supone un total de 1.600.000 euros. El plazo de ejecución se prolongará desde el día siguiente de la formalización del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2025. Según el delegado, “esta firma supone un paso muy importante para dar respuesta y satisfacer las legítimas aspiraciones de las asociaciones memorialistas y los familiares de las víctimas represaliadas en general, que llevan bastante tiempo esperando el desarrollo de estas actuaciones”.

La pasada semana, Álvarez ya firmó la adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael. Se está a la espera de que tanto el Ejecutivo andaluz como la institución provincial finalicen la tramitación de la adenda en lo que corresponde a cada una de estas administraciones.

El pasado 26 de julio se acordó por la Comisión de Seguimiento de dicho convenio proponer una modificación del mismo a través de una adenda, con la finalidad de modificar los plazos de ejecución y justificación global de los respectivos pagos, hasta el 31 de octubre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025, respectivamente, así como modificar el calendario de pagos.

La aportación de cada una de las administraciones es de 400.000 euros, desarrollándose los trabajos durante los años 2023, 2024 y 2025.