Una familia del Sector Sur se enfrenta al desahucio tras ser demandada por un fondo de inversión

Decenas de personas de la Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba se han concentrado este lunes 22 de enero ante las puertas de la Ciudad de la Justicia acompañando a "nuestra compañera Margari" en su juicio por la demanda que le ha interpuesto el fondo de inversión Global Pantelaria y para denunciar la "nula voluntad por parte de este fondo buitre, de negociar una solución de su caso".

Tras quedarse viuda, Margarita Cortés (54 años) y el resto de su familia (una hija de 23 años y un nieto de 12 años) ocuparon, en 2016, una vivienda deshabitada de la calle Algeciras (Sector Sur), propiedad del Banco Santander, "sin más remedio, ya que no tenía otra alternativa habitacional", ha expresado la afectada. El piso estaba en "condiciones deplorables: no había luz ni agua, sin persianas y con tuberías rotas", ha descrito. No obstante, ellos mismos se fueron encargando de ir arreglando algunos desperfectos y dotar de unos servicios básicos al hogar, ha explicado antes de la vista oral.

En un primer momento, el Banco Santander intentó echarla de la vivienda, pero Margarita, con la ayuda de la Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba, logró resistir y no ser desalojada. Finalmente, en febrero de 2019 pudo firmar un alquiler social de 213 euros al mes, tras llegar a un acuerdo con la entidad bancaria y en cuyas negociaciones intervino la Oficina de la Vivienda municipal.

Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. El Banco Santander vendió el piso a Global Pantelaria en 2020 dentro de una macrooperación de compraventa inmobiliaria que suele ser habitual entre entidades bancarias y fondos de inversión. Global Pantelaria asumió la parte del contrato que restaba (hasta febrero de 2022), pero se niega a renovarles el alquiler social. "Les hemos mandado varios escritos solicitando una renovación del contrato, pero no dan su brazo a torcer", ha afirmado el portavoz de la plataforma que lleva este caso, Rafael Castro.

Aún así, aunque Margarita no tiene un contrato en vigor, lleva ya más de un año pagando el alquiler a los nuevos propietarios, lo que "demuestra que su única voluntad es seguir con un alquiler social que les permita a ella y a su familia seguir viviendo en el piso y llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes", ha explicado Castro.

Los ingresos de la familia, madre e hija en paro, se resumen básicamente a la pensión de viudedad que Margarita cobra cada mes -poco más de 610 euros- y algún trabajo que realiza esporádicamente. "Ahora mismo no tengo otra alternativa, los alquileres están muy caros".

Acuerdo verbal de siete años de alquiler

Durante la vista oral celebrada en la sala número 7 del Juzgado de Primera Instancia, el abogado del acusación ha argumentado ante el juez que el contrato de arrendamiento era tres años máximo, tal y como establece el Real Decreto 21/2018, que se aprobó en enero de 2019 y, por lo tanto, la vinculación contractual con la familia terminó en febrero de 2022.

Por su parte, la parte demandada ha alegado que el contrato de arrendamiento tiene vigencia de siete años, en aplicación de la norma anterior al real decreto, ya que, en diciembre de 2018 se llegó a un "acuerdo verbal" y se redactó un contrato que "recogía las intenciones de ambas partes" (entonces con el Banco Santander), aunque se acabó firmando tres meses más tarde por problemas de movilidad.

Cuando se tramita una denuncia por un caso de desahucio y si el demandante así lo requiere, se puede solicitar también que se fije una fecha de lanzamiento del piso, incluso antes de conocerse la sentencia del juez, para agilizar los plazos del desalojo en caso de que finalmente se dicte a favor del desahucio, han explicado fuentes relacionadas con el caso. En el caso concreto de Margarita, la fecha de lanzamiento es el próximo 20 de marzo, por lo que la sentencia del juez debe notificarse antes de ese día.