La familia de uno de los militares muertos en Cerro Muriano se querellará contra la cadena de mando

Los padres de Carlos León, el militar muerto durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano, denunciarán al capitán que estaba al frente del ejercicio y a toda la cadena de mando. Así lo ha avanzado este jueves el abogado Luis Romero, que se ha hecho cargo de la representación de la familia de este militar, natural de El Viso del Alcor (Sevilla). Este letrado se personó el pasado viernes como acusación particular en el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que investiga los hechos, y ha comunicado su interés en el procedimiento al juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla.

El abogado explicó a este periódico que pedirá que se investigue si se produjeron algunas irregularidades en las maniobras en las que dos militares perdieron la vida. Además de León, de 24 años, murió el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar. Otros dos soldados tuvieron que ser rescatados y fueron atendidos con síntomas de hipotermia. Romero expuso que por el momento la única documentación que posee la familia es el acta del levantamiento del cadáver, pero solicitará que se investigue si había personal sanitario y equipos de rescate desplazados al lugar de las maniobras para atender cualquier posible accidente.

El letrado quiere saber si los militares llevaban una línea de vida o cuerda para evitar que se perdieran, como es habitual en estos ejercicios. Igualmente, indicó que el ejercicio en el lago se hizo de noche, con escasa visibilidad, lo que podría suponer "una imprudencia grave". Ese día, 21 de diciembre, se registraron temperaturas mínimas de 3 y 4 grados en la zona, que en el lago podrían ser todavía inferiores. "Aunque en el acta del levantamiento del cadáver se dice que las maniobras comenzaron a las cinco de la mañana y que los soldados no entraron en el lago hasta las nueve de la mañana, hemos podido saber que realmente ese ejercicio en el agua comenzó sobre las siete, cuando todavía era de noche", explicó Romero.

La práctica en cuestión era un ejercicio de paso de curso de agua, con técnicas de flotabilidad con mochila, que se desarrolló en las inmediaciones del embalse de Guadanuño, próximo a la base de Cerro Muriano, en el municipio de Obejo. Los militares tenían que vadear el lago, que tiene varios metros de profundidad y en el que había gran cantidad de fango. Romero recordó que el cuerpo del hijo de sus clientes fue rescatado del fondo del lago y se encontraba a unos tres metros de profundidad. El rescate se produjo a las 14:21, tras pasar siete horas en el agua. Tanto a él como a su compañero lo rescataron los submarinistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Los soldados muertos estaban destinados en este acuartelamiento y pertenecían a la Brigada Guzmán el Bueno X. Carlos León, de 24 años y nacido en El Viso del Alcor, llevaba en el Ejército desde mayo y estaba destinado en el Regimiento de Infantería La Reina 2. Era hijo de los dueños del restaurante Los Cuevas, un establecimiento muy conocido del barrio de Los Remedios, en Sevilla capital.

El cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Villafranca de Córdoba, ingresó en el Ejército de Tierra en 2011, siendo destinado al Regimiento de Infantería La Reina 2, donde permaneció tras ascender a cabo en 2019. Había participado en misiones en Letonia y Líbano y tenía dos cruces al mérito militar con distintivo blanco, según informó el Ejército de Tierra el mismo día de su muerte. Estaba casado y tenía 34 años. Los dos militares murieron ahogados, como certificaron las autopsias practicadas a ambos cuerpos al día siguiente.

Además de la personación en el juzgado, el abogado de la familia de León presentará una denuncia que después elevará a querella por dos delitos de homicidio imprudente, algo que tenía previsto hacer esta misma tarde. El caso está actualmente bajo investigación y es la Guardia Civil la que está desarrollando las pesquisas oportunas sobre la muerte de estos dos militares. Igualmente, denunciará lo ocurrido al Ministerio de Trabajo para que efectúe las inspecciones oportunas. "Vamos a intervenir en todos los frentes posibles para que este caso no se cierre en falso. Es evidente que nada funcionó como debía y los responsables han de pagar por ello", asegura.