La FAMP presenta una guía técnica para ayudar a los ayuntamientos a aprobar la nueva tasa de basura

El nuevo tributo tiene que entrar en vigor antes del 10 de abril de 2025

La tasa de la recogida de la basura subirá en Córdoba una media de 24,51 euros por vivienda en 2025

Contenedores de Sadeco
Contenedores de Sadeco / Juan Ayala

Córdoba/La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que preside el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presentado este lunes una guía técnica con la que se pretende apoyar a las entidades locales andaluzas en el proceso de elaboración y aprobación de sus respectivas ordenanzas de forma que les permita, adaptando lo necesario a su respectivo territorio y competencia, modificar, establecer e implementar la Tasa o una Prestación Patrimonial de carácter Público No Tributaria (Pppnt) por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, ajustándose a los nuevos parámetros y exigencias legales.

Bellido ha recordado que esta nueva figura tributaria "está impuesta por la ley de economía circular" de la Unión Europea y ha recordado que su aplicación ha generado "un profundo debate político", puesto que "obliga a los ayuntamientos a aprobar la tasa o una nueva con importantes subidas". En el caso de Córdoba, la tasa de la recogida de basura se incrementará a partir del año que viene un 10%.

Bellido ha explicado que desde la FAMP se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos pedir al Gobierno central que el dinero se recaude a través de esta tasa repercuta en todos los ayuntamientos y también ha avanzado que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha solicitado también que "se le dé una vuelta" a este tributo y se haga un estudio pormenorizado sobre costes para los ayuntamientos y se respete la autonomía local".

A su juicio, esta es "una forma elegante de trasladar al Gobierno que se replantee la obligatoriedad de la tasa". En esta misma línea, ha reiterado que "desde el municipalismo no estamos muy de acuerdo con la imposición de esta tasa, ya que está provocando en toda España un intenso debate y hay que cambiarlo".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su comparecencia
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su comparecencia / El Día

La citada norma tiene que estar en vigor antes del próximo 10 de abril de 2025 y, ante ello desde la FEMP se ha publicado esta guía que ha elaborado la Universidad de Sevilla para que "los ayuntamientos podamos regular esta tasa con la mayor seguridad jurídica posible".

Un cambio radical en el modelo de gestión

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Juan Antonio Carrillo, ha sido el encargado de presentar algunas de las claves de esta guía, que reúne los criterios que pueden ayudar a los ayuntamientos para abordar la aprobación de esta tasa y que se encuentra publicada en la página web de la FAMP. También él ha recordado que la citada tasa "es una de las medidas financieras establecidas en la nueva legislación de residuos".

Carrillo ha explicado que este nuevo tributo supone "un cambio radical en el modelo de gestión de los residuos", puesto que cambian los objetivos. Así, ha indicado que con su entrada en vigor lo que ahora se intenta es "planificar que los residuos sean los menos posibles y que en su tratamiento se tenga en cuenta su recuperación y vuelta al ciclo productivo". Para eso, ha continuado, "se establecen elementos financieros fundamentales, como el impuesto de los vertederos".

Lo que dejado claro el catedrático de la Universidad de Sevilla es que la ley busca aplicar el principio de "quien contamina, paga". También ha señalado que la norma busca reducir la cantidad de residuos que se depositan en los vertederos. Por ejemplo, ha recordado que el reto para 2025 es que solo vaya el 40% de los residuos que se generan en origen, además de reducir un 13% el peso cuantitativo de los residuos que se generan. A su juicio, con la separación de las basuras en todas las categorías son "más de las que el ciudadano percibe y, eso, implica costes para los ayuntamientos".

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