"Una residencia funciona si el que está cerca de la persona mayor ha desarrollado afecto y afinidad"

Es la cabeza visible de una rama de la Fiscalía que, en plena pandemia, adquirió la notoriedad que nunca se le había dado, pero que siempre tuvo. Fiscal delegado de Personas Mayores, con Discapacidad y Consumo, a Fernando Santos Urbaneja parece que se le mezclan los discursos jurídico y social en cada frase que suelta por su boca.

Tenía claro que iba a dedicarse a una rama jurídica que, a lo mejor, no centra todos los focos, pero sí merece todos los aplausos. La coordinación ejercida por la Fiscalía en la gestión de las residencias de mayores, espacios en los que se han vivido (y se viven) verdaderos dramas durante la crisis del coronavirus, ha sido clave para abordar la segunda y la tercera ola, que vinieron tras un inicio de desconocimiento absoluto.

- ¿Cómo se produce su llegada a esta rama de la Fiscalía?

- Tiene mucho que ver con la Constitución. Yo presumo de pertenecer a la primera promoción de estudiantes de Derecho que empezamos a estudiar con la Constitución ya vigente. Tiene importancia porque dibuja una figura nueva del Ministerio Fiscal. La gente, lamentablemente, asocia al fiscal al penal, a los juicios, pero eso es una parte. Esto tiene que ver con el interés social y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y especialmente de las más vulnerables. Eso es lo que a mí me entusiasmó y tuve un preparador fiscal que creía en esto. Vine al Ministerio Fiscal para esto, para los derechos fundamentales y sobre todo de las personas más vulnerables: por razón de edad, los menores y los mayores, por razón de discapacidad en todas sus formas y luego vinieron los consumidores. Además, como somos muy pocos, aquí no hay competencia porque normalmente los fiscales se dedican a los asuntos penales, a los que también me he dedicado.

- Ha dicho en alguna ocasión que "el fiscal de prestigio es el penalista", ¿siente que su trabajo se desconoce?

- No se conoce porque tampoco se ha divulgado. Estamos en la cara oculta de la luna, existe, pero no se ve y ha empezado a verse con la pandemia. Nosotros estábamos aquí hace 30 años, pero no tenemos películas de fiscales que hablen de esto. Pero sí hemos trasladado ya a los ciudadanos lo que yo llamo "otra manera de ser fiscal". Hay cada vez más fiscales que pretendemos ser fiscales de otra manera. Antes me presentaba a medio camino entre lo cómico y lo provocador como "un fiscal que salió mal" por fijarme en lo que dice el precepto de la Constitución: el artículo 124, que define la figura de fiscal, no emplea la palabra penal en ningún momento, habla de interés público, social y de los derechos fundamentales. Eso hay que pelearlo en las cuatro jurisdicciones, en la civil, en la social, en la contenciosa y en la penal. Yo voy a las cuatro porque el colectivo al que sirvo tiene problemas que hay que resolver ahí.

- Ahora esta rama es mucho más conocida por la pandemia y la situación de las residencias, ¿siente que se empieza a reconocer su trabajo?

- Antes no estaba reconocido ni social ni orgánicamente. Por debajo del fiscal general del Estado están los fiscales de sala, la cúspide de cada materia. Hay 15 fiscalías de sala penales, civiles hemos conseguido este año la primera. Estábamos olvidados, marginados, y contra eso he venido clamando en el desierto. Ahora el aire ha cambiado y la Fiscalía General del Estado tiene entre sus prioridades estas facetas, las protectoras. Ahora mismo hay muchos colectivos que necesitan respaldo, que necesitan un complemento del Estado para que sus derechos no sean vulnerados o para que los ejerciten. Para eso nosotros somos un plus. Por ejemplo, a día de hoy, ¿quién no está en riesgo como consumidor frente a la banca o la telefonía? Es mucho más fácil divorciarte de tu marido o de tu mujer que darte de baja de un móvil.

- ¿Ve interés en los futuros fiscales por sumarse a esta rama?

- Sí, es una de las grandes satisfacciones que tengo. En esta materia tenemos cuatro generaciones: de la primera, el último se acaba de jubilar; después estamos los de 50 o 50 tantos; después los de 35 o 40 y tenemos ya fiscales que han entrado y se han adscrito directamente a esta sección y opositores que aprueban que quieren venir.

- Sobre las residencias, estamos en la tercera ola y deberíamos haber aprendido algo, haciendo una retrospectiva, ¿cómo cree que ha sido ese trabajo?

- Yo estoy muy contento. La primera ola nos pilló a todos fuera de juego. Hay que repasar lo que decía la OMS, daba palos de ciego, decían cosas contradictorias. Eso llegaba después a los estados y éstos decían una cosa, las autonomías otra… cuando eso llegaba, la residencia estaba sobrepasada. Más allá de que los resultados eran horrorosos, de que lo hemos pasado muy mal y de que había gente que, legítimamente pedía la responsabilidad máxima, que es la penal, nosotros siempre la hemos evitado. No ha habido ni una sola denuncia en esa primera ola de la Fiscalía. Esto no significa que se hiciesen las cosas bien. Es como la fiebre, puede ser de 38, de 39 o de 40, todo es fiebre, pero no todo es tan grave. Hay una respuesta en el Penal cuando los hechos son muy graves, cuando son menos graves esa respuesta es sancionadora-administrativa y si no, reparadora. Cuando decimos que no hay responsabilidad no significa que se ha hecho bien, sino que tenemos que ir a otro tipo de responsabilidades. Eso en la primera ola.

- ¿Cómo se hizo en Córdoba?

- En Córdoba se aprovechó la tregua del verano para hacer los deberes. Tanto la Delegación de Salud y Familias como la de Igualdad y Políticas Sociales aprovecharon para hacer estrategias y lo hicieron en cuatro puntos. Por un lado, acopio de material. Por otro, protocolos, tanto internos como de derivación, yo no soy de los que piensan que hay que hacer un hospital en cada residencia porque sería el colmo, a nadie le gusta vivir en un hospital, le gusta vivir en un hogar, pero sí te gusta que si hay una emergencia sanitaria se resuelva pronto y bien. Se trabajó, además, sobre el adiestramiento del personal y una cosa complementaria que respondía a una queja que veníamos diciendo. Hemos ido mucho a lo físico, a preservar la vida física, pero la vida emocional y mental estaba pereciendo. Se estableció, por lo tanto, un plan de humanización con programas de visitas, aunque fuesen por el teléfono. Eso bajo la supervisión de los dos servicios de inspección, tanto el de Salud como el de Igualdad, en permanente comunicación con la Fiscalía. En Córdoba esto ha funcionado muy bien. No todo el mundo ha hecho todos los deberes en todas las residencias. Esto no ha conseguido evitar contagios ni fallecimientos que es algo que a todos nos tiene aterrados, pero no es por que no se hayan hecho las cosas bien.

- Al fin y al cabo, hay cosas que no se pueden evitar.

- A todo profesional se le debe exigir que haga bien su trabajo, pero a pesar de eso, se producen hechos desgraciados. Todos los días se muere gente en los hospitales, pero que no sea por falta de medios, de recursos o por impericia. Los profesionales del ámbito sanitario han sido unos héroes, tenemos una deuda con ellos.

- ¿Es más fácil ahora judicializar una mala praxis existiendo más información y más recursos?

- Sí. Desde Fiscalía mandamos un mensaje claro cuando se acabó la primera ola: en todas las fiscalías hemos tenido unas diligencias de seguimiento general, no en relación a una residencia, sino difuso. Al tiempo que terminó esa primera ola, se cerraron dichas diligencias y se abrieron otras. En esas ya advertíamos que los parámetros que habíamos tenido de responsabilidad en la primera ya no servían para la segunda. En la primera ola la Fiscalía no tenía abiertas investigaciones penales, ahora sí. La primera ola absolvió al diligente y al negligente porque superó a todos, pero ahora ya al negligente se le puede exigir responsabilidad, incluso penal, aunque la que saldrá más fácil será la sancionadora o reparadora.

- En la primera ola, las denuncias de particulares no tuvieron recorrido, ¿las ha habido más adelante?

- En la primera ola hubo una y otra en la segunda, no ha habido más. Creo que la gente lo ha entendido. Cuando salí en la primera ola a explicar que no íbamos a proceder penalmente sentía que iba en contra de la corriente, del disparo emocional de la gente que lo que pedía era cárcel y llega el fiscal y dice que no. Pero la obligación es explicar por qué y muchos nos han entendido. El derecho no puede emocionarse, si se emociona no cumple su función. El derecho es un dique de las emociones y desde la técnica del derecho no había responsabilidad penal posible, de hecho, no la ha habido en ningún sitio. Esto genera una sensación de frustración, pero menos de la que cabría imaginar. Es como si viene un tsunami, ¿a quién le pido responsabilidades?

- El número de residencias públicas en Andalucía es mínimo, ¿cree que si hubiera más presencia de lo público se habría garantizado mejor protección?

- Público o privado no significa nada. ¿Qué es lo que le da calidad de vida a la persona mayor? Que el que está cerca te aprecie. Siempre he dicho que en algunas carísimas residencias lo más valioso es el mármol del hall. Donde te la juegas es en el que te coge la mano o no te la coge. Eso tiene que ver con dos factores, uno personal e íntimo, los valores, la ética, y el otro tiene que ver con las condiciones de trabajo. Si estás en un sitio en el que te hacen trabajar 12 horas, donde vas los domingos y te pagan poco, al final odias el trabajo y acabas odiando a quien tienes que cuidar. Ahí es donde nos la jugamos, en lo público y en lo privado tenemos ejemplos. En lo privado hay una gama muy grande porque van desde las residencias de las monjitas de la beneficencia hasta los fondos buitre que dejaron de construir chalés y se pusieron a construir residencias con unos criterios capitalistas muy fuertes. En lo público tenemos más medios y a veces nos faltan otras cosas porque los trabajadores, legítimamente, ponen límites a ciertas cosas. Lo que tengo claro es que sea público o privado, si el que está cerca de ti ha desarrollado afecto y afinidad, eso funciona.

- Con respecto a las vacunas, hemos visto que los jueces sí han actuado.

- Cuando la persona que está en la residencia no puede decidir por sí mismo lo que hay que hacer lo dice la Ley de Autonomía del Paciente. Si hay un tutor le corresponde al tutor, si hay apoderado le corresponde a éste. Empiezan a aparecer los problemas en el tercer escalón, cuando no hay tutor ni apoderado y entonces son los familiares y los allegados los responsables, y la ley los pone por igual. Familiares pueden ser cinco hijos y que uno esté a favor y otro en contra y allegados son gente que no tiene lazo de sangre, pero sí de afecto. Finalmente, si no hay nadie, sería el director del centro. Partimos de que quien tiene que garantizar nuestra salud, que son las autoridades sanitarias, recomiendan la vacuna. El representante puede adoptar dos posturas, decir que sí y no habría problema, o que aparezca discrepancia, que cada vez es menor. Lo primero que tiene que hacer el familiar es preguntarse qué haría la persona si pudiera decidir por sí misma porque a lo mejor lo que haces es verter tus miedos sobre otra persona e incluso, si esa persona tiene cierta capacidad, intentar preguntarle. Si se obstina, cualquier intromisión en un derecho fundamental está bajo el control judicial, esto es de libro. Aquí en Andalucía hay una ley que prevé esto, que en los centros de mayores o discapacitados en los que haya que adoptar una medida en contra de la voluntad tiene que ser sometida a control judicial. Ante el juez, el discrepante explica las razones por las cuales se niega y están alegando: "No sé si será beneficioso o perjudicial". El juez le pide al forense que le informe y éste le dice que la vacuna tiene muchos más beneficios que perjuicios.

Salud mental

- El Foro Andaluz de Bienestar Mental se creó, de su mano, hace más de 25 años, en este tiempo, ¿cree que ha mejorado algo?

- Nació en la Fiscalía de Córdoba y tuvo que ver con la reforma psiquiátrica. El viejo manicomio era terrible, los antiguos psiquiatras lo llamaban "la solución completa y definitiva". Si a una persona con trastorno mental lo internas y te olvidas de ella… Pero eso iba en contra de la dignidad y la libertad. La reforma se plasmó al rebufo de la Constitución, era un paraguas para todos, también para los enfermos mentales. En Andalucía, que fue la primera que ejecutó esta reforma, se hizo sin alternativa. Se cerraron los manicomios sin alternativa. Un tercio volvió a casa, otro se fue a residencias y el resto acabó en la calle, en la marginación más absoluta y, al final, en la cárcel. Yo tenía 40 familias destrozadas llamando a la puerta diciendo que tenían a sus hijos en la casa, pero como no tenían alternativas, estaban desatendidos. Eso fue lo que me hizo crear el foro. El foro tenía dos dimensiones: una para los que habían desarrollado ya el trastorno mental y otra de prevención. La gran olvidada en salud mental ha sido la prevención, ni entonces se hacía ni se hace ahora. Ya por aquel entonces decíamos que a medida que subía el índice de bienestar material, se incrementaba el malestar mental. Con respecto al tratamiento de las personas con una enfermedad mental consolidada, el foro contempló solo una parte del proceso, la rehabilitación. Prevención, nada; la atención, medio fracaso (la mitad que van al equipo a recibir el tratamiento están controlados, pero la otra mitad no). Los que no van son los que se quedan en la casa o en la calle. Esto estaba contemplado en la Ley General de Salud, que decía que para estas personas debía haber dispositivos de atención domiciliaria y tratamientos asertivo y domiciliario. Todo esto significa que tiene que haber equipos de salud trabajando en las casas y en las calles. Esto, en 30 años, yo lo he pedido todos los días y no lo he conseguido. En este sentido, adelanto que abandono. No he encontrado apoyo en nadie.

- ¿Por qué cree que ocurre esto?

- Me dicen que los psiquiatras no están dispuestos. El psiquiatra dice que atiende en el despacho, en el del centro, en el de la cárcel o en el del hospital. Me dijeron: "Te pongas como te pongas no vas a conseguir que salgamos de los despachos". He llamado a la puerta de todos los grupos parlamentarios, he comparecido en el Parlamento, lo he dicho, lo he gritado. Nadie ha contestado. Hablo con la delegación provincial, no contesta; con las autoridades, no contestan; con las asociaciones de familiares, no contestan. No me queda más remedio que marcharme de ese ámbito.

- ¿En qué ámbito sí cree que ha contribuido este foro?

- Se consiguió en la parte de rehabilitación. El abordaje de una enfermedad mental no es como la apendicitis. Tiene una primera etapa de fármacos, después viene un largo proceso bio-psico y después lo social, la reintegración social. La rehabilitación y reinserción en Andalucía se hicieron a través de la Fundación Andaluza Para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem). El Gobierno andaluz se volcó en medios y en recursos, llegamos a tener hasta 2.000 plazas de residencias y de trabajo y hemos presumido muchos años de Faisem. Ahora, el temor es que lo estén desmantelando.

- Entiendo que a través de la privatización.

- Lo presentan como una privatización, lo cual me parece una barbaridad. La salud no se saca a subasta sobre todo cuando el Estatuto de Autonomía dice que los enfermos mentales tienen derecho a recursos sanitarios especiales y referentes. No se puede privatizar la salud. Lo erróneo es meterlo en el lote de servicios sociales, Faisem no es servicios sociales, su estatuto pertenece a salud. Además, hay unas auditorías donde dice que es deficitario, claro, la salud y la educación lo son. Pero hay que ir más allá. Hay cosas que tienen plan b en la privada, por ejemplo, las residencias de mayores, pero con esto, ¿qué alternativa hay a Faisem? Ninguna, porque no hay en el mercado nadie que se pueda ocupar de esto. También he visto que quieren dárselo a las asociaciones de familiares, que no están para nada preparadas para esto. Esto necesita el impulso de la administración pública. Lo que hay que hacer es una cosa muy fácil y que sale muy barata: los equipos de tratamiento. Que actúen en la casa, en la calle, que tranquilicen a la familia, que colaboren con los vecinos. Así evitaríamos que las descompensaciones hiciesen cosas que, normalmente, son agitaciones. Esto deriva en que si está un familiar por allí es un empujón a la madre, y si viene un policía es un empujón al policía. Eso ya son dos delitos, uno de malos tratos en el ámbito familiar y otro de atentado. Eso hace que sea detenido, conducido al juzgado de guardia y en un juicio rápido, en el que ni siquiera se entera la gente de que es un enfermo, se le pone una sentencia que a medio plazo le lleva a prisión. Entre un 8% y un 10% de la población reclusa tiene discapacidad o enfermedad mental, en el 83% de los casos el delito que le llevó a la cárcel fue malos tratos o atentado. Ese empujón que no es más que la agitación por no estar atendido, es terrible que ese estado que se inhibe y no atiende te recupera con la Policía, el juez y el fiscal para mandarte a la cárcel. No puedo con esto.

- Con respecto a las personas con enfermedad mental que están en la cárcel, hablamos de que podría evitarse que muchas de ellas entren en prisión, lo que supondría, además, un ahorro de dinero.

- Muchísimo, pero esto está desgobernado. Si de esto dependiese que le retuviesen un punto más en la renta yo no estaba aquí. Pero es que están jugándose en la libertad, por nada, por no haber hecho nada. Además, cuando es un familiar les ponen la prohibición de acercarse, que son sus cuidadores. Esto se soluciona con que la policía tenga conciencia de que tiene dos funciones que cumplir: una que tiene que ver con el delito (prevención y persecución) y otra con el auxilio a los ciudadanos. Cuando vean a un enfermo que está agitado, comprendo que si se acerca les pueda insultar, pero lo mejor es que llamen al personal sanitario. Pero tienen que comprender que eso es una enfermedad, que deben auxiliar. Cuando tienen labores de auxilio tienen que levantar un acta que no va al juzgado de guardia, sino al hospital, si levantan un atestado ya va al juzgado de guardia. Si hicieran lo primero, tendríamos un problema nada más, relacionado con la salud, si no tenemos uno de salud y otro de justicia. La Policía no tiene instrucciones del Ministerio del Interior. En 2011, el Colegio de Abogados de Córdoba dirigió un escrito a Interior diciendo dos cosas: que en Ávila (formación de los policías) se enseñase esto y lo segundo que diesen instrucciones internas de cómo auxiliar en estos casos. Las tienen para menores, para violencia de género, para extranjeros… y no la tienen para esto y entonces aplican la legislación ordinaria: detenido, juzgado y condenado. Así tenemos las cifras que tenemos, que es un auténtico escándalo.