La Fiscalía alerta de la "eclosión de parcelaciones irregulares" en la provincia de Córdoba

Córdoba/La Fiscalía ha alertado de la “eclosión de parcelaciones irregulares” en la provincia de Córdoba. Esta es una de las advertencias que ha lanzado la responsable de la sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ministerio Público, María Eugenia Bautista, durante la presentación de la memoria de la Fiscalía correspondiente al ejercicio de 2023 y que ha tenido lugar este viernes en la Ciudad de la Justicia. En este ámbito, se ha registrado un aumento "muy considerable" de parcelaciones irregulares en suelo no urbanizable en la provincia cordobesa. “El fenómeno parcelatorio irregular ya no era tan frecuente en los años anteriores a la pandemia del covid de 2020, pero es a partir de esa época, que ha habido una eclosión de parcelaciones irregulares y las consecuentes edificaciones y construcciones en suelo no urbanizable”, ha expuesto. Es más, ha vaticinado que de esta eclosión de parcelaciones ilegales "no se va a salvar ninguna zona de la provincia".

En esta línea, ha recordado que "el acto más grave es parcelar, puesto que vender una finca a trozos no es un delito". A su juicio, para evitar que este tipo de delitos continúe en la provincia de Córdoba "quien debe actuar en esta materia son las autoridades municipales, que pueden actuar muy rápido con sus medios". Además, ha señalado que "son muchos los municipios" en los que se registran este tipo de delitos -no ha querido detallar el nombre de las localidades, ni tan siquiera las comarcas en las que se encuentran- y ha reconocido que en algunos casos "la situación ha sido tan preocupante que el propio municipio ha sido el que ha dado la voz de alarma a la Policía Autonómica".

En el caso de la capital cordobesa, ha continuado, no se ha observado la realización de nuevas parcelaciones, aunque ha advertido de que “sí continúan las edificaciones en suelo no urbanizable” y también ha mostrado su preocupación por aquellas que se ubican en terrenos con riesgos de inundación o en Sierra Morena, “con peligro extremo de incendio”.

En su intervención, la fiscal también ha mostrado su preocupación por los delitos de incendios forestales, al tiempo que ha reconocido que ha habido una menor incidencia de delitos contra el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal con algún vertido de purines o apertura de caminos en zonas protegidas.

Este área también registra delitos contra el patrimonio histórico, entre otros, donde la Fiscalía ha tramitado un procedimiento por una conducta de expolio de un yacimiento "de excepcional valor", donde se ha introducido prueba científica que ha determinado que la extracción correspondía al yacimiento. También se han tramitado varios procesos por hallazgo de monedas y piezas arqueológicas y venta de piezas por internet. Otro aspecto al que aludido es al hecho del aumento de casos en los que

Ciberdelicuencia

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, por su parte, ha advertido del aumento de la criminalidad informática respecto al año pasado y ha reconocido que "hay delitos que nos preocupan más". Así ha citado casos en los que hasta la Fiscalía ha llegado "una persona que recibe una pensión mínima, casi llorando porque su medio de vida no lo tiene porque se han aprovechado de una determinada situación". "Son delitos importantes para muchas personas y el mayor incremento -de delitos- se ha producido en la delincuencia informática", ha añadido. También ha reconocido que, por el momento, no tienen contabilizados el número de delitos de esta tipología, ya que están incluidos con las estafas, si bien, ha avanzado que para la memoria del año que viene se van a incluir

Sobrón ha detallado que a lo largo del año pasado se contabilizaron 26.043 diligencias previas incoadas y que son prácticamente iguales que en 2022, cunado se contabilizaron 26.069. En el caso de las diligencias urgentes, por su parte, ha habido un incremento del 1,6%, al registrarse 3.482. Tras su intervención, el fiscal jefe ha dado paso a cada uno de los responsables de las diferentes secciones de la Audiencia.

Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo

La delegada de la sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, María Ángeles Rojas, ha detallado que a lo largo de 2023 se han incoado tres diligencias previas con ocasión del fallecimiento de cuatro trabajadores, aunque finalmente, en relación al ahogamiento de dos militares en la base de Cerro Muriano, las actuaciones se han remitido a la Jurisdicción Militar.

En total, se han incoado 53 diligencias de investigación para el análisis de todos los accidentes laborales con resultado de lesiones graves ocurridos en Córdoba y provincia. Además, se han incoado 761 diligencias previas relacionadas con accidentes laborales.

Durante el pasado ejercicio, el Ministerio Público formuló una decena de escritos de acusación sobre delitos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y se celebraron nueve juicios, con el resultado de ocho sentencias condenatorias y una absolutoria. Las causas principales de los accidentes, ha detallado, siguen siendo la caída a diferente altura, el atrapamiento de las extremidades en máquinas de elevado riesgo y el aplastamiento debajo de objetos pesados. Ha reconocido que son delitos “muy técnicos”, que requieren mucha investigación. También ha reconocido que en el último año no han llegado denuncias por calor a la Fiscalía, a pesar de las denuncias realizas por los sindicatos este pasado verano.

Cooperación Internacional

El responsable de la sección de Cooperación Internacional es el fiscal Alejandro Izuel, quien ha detallado que durante 2023 se han tramitado 34 expedientes de cooperación pasivos frente a los 19 de 2022 y los 20 contabilizados en 2021. A ellos se suman 13 expedientes de auxilio, por lo que se han despachado 47 expedientes de cooperación internacional frente a los 33 del año anterior.

La mayoría de las solicitudes de cooperación proceden de países europeos, con abrumadora mayoría de los países de la Unión Europea, puesto que han sido el 98% de los casos. Además, ha habido un aumento de la actividad por la eliminación de barreras físicas y aumento de la delincuencia informática, ha reconocido.

Estafas informáticas

Los delitos de esta naturaleza se incrementan cada año de forma exponencial, pero en 2023, el incremento de procedimientos, que no necesariamente de delincuencia “es más significativo como consecuencia de la reforma operada por la LO 14/22, de 22 de diciembre, que eliminó la diferencia por la cuantía de lo defraudada en las estafas informáticas”, ha anotado la fiscal del ramo, Cristina Ruiz.

Los delitos más habituales en este ámbito son las citadas estafas y en el último año se ha registrado un aumento progresivo en estafas de inversión en criptomonedas. Además, ha habido un incremento de delitos contra la libertad sexual a través de la red, relacionados con menores.

“Tanto en la estafa como en los delitos contra los menores, la notoria brecha digital que existe entre adultos y menores y las carencias propias de quienes no fueron nativos digitales, constituye un elemento del que se aprovechan los ciberdelincuentes”, ha apuntado Ruiz, quien ha alertado de la comisión de delitos contra el honor y amenazas a través de redes sociales. La fiscal también ha advertido de que “los menores no están siendo educados en el riesgo del uso de las tecnologías, lo que aumenta la posibilidad de que aumenten este tipo de delitos”. También ha negado que en la actualidad en la Fiscalía haya ningún procedimiento abierto por delitos cometidos con Inteligencia Artificial.

Delitos económicos

Uno de los aspectos que ha destacado la fiscal del área, Carmen Romero, es el aumento de denuncias relacionadas con la gestión económica del sector público. “Son numerosas las denunciadas formuladas contra administraciones públicas por irregularidades en los procedimientos de contratación que son investigadas por la Fiscalía”, ha señalado.

Romero también ha alertado de la proliferación de delitos vía online y también del aumento de denuncias por parte de funcionarios, aunque ha reconocido que “no ha habido un aumento de este tipo de delitos”. Así ha detallado, ha habido diligencias de investigación, “pero no han dado lugar a un procedimiento penal”.

También ha indicado que en esta caso las denuncias por irregularidades económicas en las administraciones públicas son por materia de contratación, si bien, ha destacado que en la mayoría de los casos es por "fraccionamiento de contratos y fiscalización en el gasto". No obstante, ha aclarado que “las facturas que son objetos de reparo que pueda justificar algo que es ilegal se presenta la denuncia, pero no siempre el reparo en una factura implica la comisión de un delito ni tampoco el fraccionamiento de contrato”.

Seguridad Vial

Dentro de este ámbito, se han incoado 50 diligencias de investigación, por conducción sin permiso, conducción sin permiso por privación judicial y por conducir con el permiso caducado, entre otros, según ha expuesto la fiscal del ramo, Natalia Izquierdo. También a lo largo del año pasado y, por delitos contra la seguridad vial se han formulado 919 acusaciones.

De todas ellas, en 85 se apreció la concurrencia de agravante de reincidencia y en ocho de ellos multirreincidencia. La mayoría de las acusaciones continúan siendo por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por conducción sin permiso y se ha observado un ligero incremento de las conducciones temerarias.

En todo el año pasado se incoaron 264 diligencias previas y 1.123 diligencias urgentes, frente a las 245 diligencias previas de 2022 y las 1.126 urgentes respecto a casos de seguridad vial.