La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE sobre la compra de Sadeco de 8.000 test para pruebas covid
Tribunales
El Ministerio Fiscal defiende que la empresa municipal y el Ayuntamiento "actuaron con la máxima eficacia y rapidez para intentar evitar, paliar o mitigar los gravísimos efectos que para la salud pública estaba ocasionando la pandemia
La fiscal insiste en que "no se ha apreciado, ni detectado ningún tipo de irregularidad o infracción legal" en la contratación
El secretario del Ayuntamiento no ve irregularidades en el contrato de las pruebas covid para Sadeco
Córdoba/La Fiscalía ha archivado las diligencias llevadas a cabo tras la denuncia del grupo socialista por presuntas irregularidades en la compra de 8.000 test para pruebas Covid por parte de la empresa municipal Sadeco. Esas 8.000 pruebas rápidas de detección de covid estaban destinadas a la plantilla de la empresa municipal. Tras la decisión, la Fiscalía le ha hecho saber al denunciante, el portavoz del grupo socialista, Antonio Hurtado, que contra dicha resolución "no cabe recurso alguno, si bien en caso de disconformidad podrá reiterar su denuncia ante la autoridad judicial".
En las conclusiones, el Ministerio Fiscal destaca que Sadeco observó y cumplimentó una tramitación muy superior al procedimiento, requisitos y formalidades mínimas, exigidos en el artículo 120 de la propia ley de contratos del sector público. Asimismo, defiende que la empresa municipal de saneamientos y el propio Ayuntamiento "actuaron con la máxima eficacia y rapidez para intentar evitar, paliar o al menos mitigar los gravísimos efectos que para la salud pública de los vecinos, en general, y de los empleados municipales, en particular ñpodría acarrear la mortífera pandemia sanitaria generada a nivel mundial por el Covid-19".
Finalmente la Fiscalía concluye que "no se ha apreciado, ni detectado ningún tipo de irregularidad o infracción legal y/o reglamentaria en la tramitación administrativa, ni tampoco la comisión de un posible ilícito penal, ni por parte de autoridades ni de empleados públicos municipales pertenecientes tanto a la entidad matriz del Ayuntamiento como a la empresa Sadeco en la tramitación y la ejecución del expediente para la contratación de los 8.000 test Covid". El Ministerio Fiscal insiste además en hechos denunciados no se pueden, por tanto, encuadrar en la conducta tipificada por el artículo 404 del Código Penal, "ya que las consideraciones que al respecto hace el secretario general del Pleno del Ayuntamiento excluye cualquier atisbo de criminalidad en las personas que intervinieron en la contratación".
La respuesta del equipo de gobierno
Tras cocer el archivo de la denuncia, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Miguel Ángel Torrico, ha insistido en que "hace algunos meses conocimos, al hilo de las noticias que asolaban al Partido Socialista por el caso Koldo y de muchas otras noticias habidas en comunidad autónoma entonces gobernadas por los socialistas, como Canarias o Baleares, la petición que había hecho el portavoz del grupo socialista, el señor Hurtado, de investigación de esos test". Para recordar "entonces salí personalmente yo como portavoz del equipo de gobierno relatando o haciendo referencia a que el procedimiento se había llevado a cabo con absoluta pulcritud, con absoluto cumplimiento de todos los requisitos legales, tal y como ha ratificado de una forma clara, contundente y creo que incluso mucho más precisa la Fiscalía de Córdoba con el archivo de las diligencias".
Torrico ha destacado que este es el tercer revés jurídico que sufre Hurtado en el plazo de un mes "respecto a esa oposición que realiza basada en la denuncia". Torrico ha recordado también los archivos de la denuncia por el contrato de patrocinio firmado por el Ayuntamiento con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la de la realizada por la contratación de la empresa Xmeco por parte de la Delegación de Infraestructuras. "Vemos cómo el señor Hurtado basa su oposición en no dar ninguna alternativa a los problemas de los cordobeses, sino en extender el fango, en intentar sembrar la duda de la sospecha que la Administración de Justicia entierra una y otra vez. Y, en definitiva, creemos que esa forma de proceder no cabe en un Ayuntamiento y con el servicio que tenemos que hacer a los cordobeses, como en la ciudad de Córdoba", ha sentenciado.
La reacción del PSOE
Mientras, el portavoz municipal del PSOE ha reaccionado al archivo insistiendo en que "nuestra obligación y responsabilidad es poner en conocimiento de la Justicia en el sentido amplio ( de la Fiscalía y de los jueces) dónde pueda haber a nuestro entender indicios de ilegalidad". Hurtado ha sentenciado que en los casos que las diligencias se han archivado, "en uno hemos comprobado que se han comprado los test a un precio cuatro veces superior a lo que los compraron otras ciudades; y en el caso del fraccionamiento de contrato, la situación fue señalada por el técnico de apoyo a la Junta de Gobierno Local. Respetamos la actuación de la Fiscalía con el archivo de las denuncias", ha incidido. Hurtado ha concluido relatandio que "seguiremos actuando como nos corresponde actuar, controlando y fiscalizando la acción de gobierno local y poniendo en conocimiento de la Justicia aquellas resoluciones que nos puedan parecer no ajustadas a derecho".
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