La Fiscalía de Córdoba y los cuerpos de policía local redoblarán la lucha contra las viviendas ilegales en la provincia

Córdoba/El fenómeno de las parcelaciones es toda una tradición en Córdoba. Echar el domingo en el chalet de un familiar o un amigo es algo común para miles de cordobeses, y solo hace falta echar un vistazo a los barrios que rodean el aeropuerto de Córdoba o a los diseminados que puntean los olivares y las tierras de cultivo en los municipios para apreciar lo que esto significa. Y es que el fenómeno parcelario en suelo no urbanizable, que se había atenuado en los años anteriores por la pandemia del Covid-19 y por las dificultades económicas, ha resurgido en tiempos recientes, a la par que la instalación de viviendas prefabricadas en suelo rústico.

Tanto es así que la Fiscalía de Córdoba ha convocado este jueves en la Ciudad de la Justicia a la Inspección de Urbanismo de la Junta de Andalucía, las unidades de policía local de los municipios y a técnicos de la Diputación que prestan servicios de urbanismo y ordenación del territorio en los pequeños municipios para abordar el problema.

La reunión técnica ha sido presidida por el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, tras la convocatoria realizada por la fiscal delegada de Medio Ambiente, María Eugenia Bautista, que ha estado acompañada por el inspector provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Nicanor García, y de las fiscales de Medio Ambiente, María Trinidad Cerezo y Azahara Buendía. 

Sobrón ha expresado la "preocupación" del Ministerio Público, ya advertida en sus memorias de actividad de los últimos años, ante la "proliferación de edificaciones irregulares y el resurgimiento del fenómeno parcelario en suelo no urbanizable". Según ha comunicado la Fiscalía de Andalucía al término del encuentro, en la reunión se ha puesto de manifiesto la "necesidad" de todos los actores implicados en la ordenación del territorio de "mejorar la gestión". Y, para este fin, resulta "imprescindible" posibilitar el conocimiento mutuo de las funciones en esta materia de la Fiscalía de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo; de la Inspección de Urbanismo de la Junta de Andalucía; de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma y de los cuerpos de policía local. 

Parcelistas con "escasa consciencia de la gravedad de su conducta"

La Fiscalía ha recordado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía ha reforzado las funciones de la Inspección y creado un cuerpo de subinspectores urbanísticos, de forma que la coordinación y conocimiento de sus funciones es "especialmente oportuna". En concreto, la fiscal de Medio Ambiente, María Eugenia Bautista, ha incidido en la necesidad de "conocer de primera mano la realidad del territorio y reflexionar sobre la mejor manera de cumplir nuestros deberes profesionales dando satisfacción al interés social que esta materia suscita, pues por una parte el infractor tiene escasa consciencia de la gravedad de su conducta y, frente a él, la sociedad civil demanda cada vez más una actuación decidida de los poderes públicos a fin de que el ciudadano no infractor perciba que la legalidad se aplica”. 

Del mismo modo, ha incidido en que se va a trabajar también sobre el dato de que parte del territorio se encuentra calificado como "de peligro extremo de incendio" o bien es "inundable", lo que requiere de "una especial atención a fin de evitar riesgos o reducirlos en lo posible". "Queremos contribuir dentro de nuestras competencias - ha señalado la fiscal- a la erradicación de estas conductas fomentando una cultura de respeto hacia el urbanismo planificado, a la ley y a los derechos de los ciudadanos, incluidos también los de las generaciones futuras”. 

El Tribunal Supremo recoge que “ en el urbanismo se encierra, nada más y nada menos, que el equilibrio de la ciudades, de los núcleos de población en general y, como el concepto de ciudad es abstracto, también incorpora el equilibrio físico y psíquico de las personas que en ellos viven: la armonía, la convivencia, las exigencias inexcusable de la ecología, de la naturaleza y del hombre, que tiene que coexistir buscando el ser humano el equilibrio mismo del medio ambiente que le rodea y en el que vive”. 

Lejos de ser un proceso fosilizado, el fenómeno de las parcelaciones ilegales en Córdoba capital y la provincia muestra nuevos signos de vitalidad. Así se desprende al menos de la memoria anual de la Fiscalía de Andalucía, hecha pública este jueves, que constata un repunte de los delitos contra la ordenación del territorio durante el año 2021. El numero de diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público ascendió a 150, frente a las 64 del año anterior, lo que implica un repunte del 57% en solo un ejercicio.

"Presión urbanística" en la capital y el sur de Córdoba

Según una de las últimas memorias de la Fiscalía de Córdoba, la mayoría de los procedimientos abiertos se refieren a "edificaciones ilegales" en el término municipal de la capital, aunque también se observa "presión urbanística" en distintos municipios de la zona Sur de la provincia, fundamentalmente en Cabra, Aguilar de la Frontera, La Rambla o Priego de Córdoba. De manera paralela al incremento de las diligencias, la Fiscalía observa un "incremento de las sentencias condenatorias", lo que supone "romper la tendencia" de años anteriores.

El Ministerio Público advierte de que los delitos contra la ordenación del territorio "tienen una fuerte presencia en el término municipal de Córdoba, porque desde finales de la década de 1970 el crecimiento de la ciudad se ha producido sin respetar el modelo de urbe compacta mediterránea que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (PGOU)". Esto ha hecho crecer la ciudad de un "modo descontrolado" a base de urbanizaciones de "escasa calidad, sin equipamientos ni zonas verdes".