La Fiscalía de Menores advierte: "Un móvil es una herramienta muy peligrosa"
Tribunales
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La difusión de imágenes de desnudos falsas de alumnas de un instituto de Córdoba entre compañeros de clase ha sido uno de los casos recogido por la Fiscalía de Menores de la provincia cordobesa de 2023. Unos hechos delictivos en los que los menores fueron víctimas del uso de las redes sociales y de los móviles. El Ministerio Público ya advirtió en su memoria de que los menores de edad son "víctimas fáciles" en las redes sociales y, ahora su máxima representante en Córdoba, Carmen Rubio, lo ha corroborado en una entrevista concedida a El Día, en la que no ha tenido reparos en asegurar que el teléfono móvil "es una herramienta muy peligrosa". "Se abre un mundo para los menores apasionantes, pero también peligroso", ha insistido.
Rubio ha hecho así referencia al aumento de este tipo de delitos y al uso que los menores hacen de los móviles cuando llegan a sus manos y no tienen supervisión por parte de sus familias. Este, ha reconocido, es "gran parte del problema, que no tienen límites a la hora de utilizarlos". Es por ello, que la fiscal de Menores ha considerado que la edad mínima a la que habría que dar un móvil a un menor es a los 12 años. En este punto, además, ha insistido en la necesidad de la implicación de las familias, a pesar de que "llega un momento en el que se va de las manos cuando salen de casa". Es más, ha anotado que los padres pueden poner limitaciones en el horario del uso del móvil, pero "eso en las redes no pueden hacerlo". Además, ha alertado de que las redes sociales son "un caldo de cultivo y los menores se mueven en ellas con más facilidad que nosotros y, allí suelen ser víctimas".
Un claro ejemplo de ello ha sido el caso que recoge su memoria anual de 2023 en el que una menor de 13 años denunció que un adulto había contactado con ella haciéndose pasar por adolescente hasta convencerla de enviarle imágenes de contenido sexual; la investigación descubrió que este hombre había hecho lo mismo con otras 40 chicas.
Para evitar este mal uso de las redes sociales, la propuesta que hace es que "los prestadores de servicios de internet, que son los que se benefician, hagan mecanismosreguladores de la edad para ayudar a los padres porque por sí mismos no son capaces de controlar el acceso de los menores a las redes, ni cómo se mueve en ellas". Es decir, que multinacionales como META -que es propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp- trabajen en ello por su propia "responsabilidad social". "Debe exigirse a esas empresas que colaboren con los padres en limitar el acceso", ha insistido, al tiempo que ha aseverado que "necesitamos la responsabilidad social de los prestadores de servicio y mucha prevención".
Más de 800 menores denunciados en 2023
La fiscal de Menores de Córdoba, Carmen Rubio, ha informado de que el año pasado llegaron 812 menores con una denuncia a la Ciudad de la Justicia. De todos ellos, el 41,87% tenían entre 16 y 18 años; al tramo entre 14 y 15 años, correspondió al 38,79% de las denuncias; mientras que el tramo de menores de 14 años correspondió al 19,33%. La mayor parte de estos casos, ha indicado, corresponden a delitos leves, como peleas y amenazas, salvo tres casos de robo con violencia, siete de maltrato familiar y dos por agresión sexual, entre otros. Por otra parte, la Memoria de la Fiscalía de Menores de Córdoba de 2023 recoge también que del total de 974 diligencias preliminares por delitos cometidos por menores, hasta 124 fueron archivadas por corresponder a adolescentes de menos de 14 años.
La Ley Orgánica de Protección a la Infancia, por ejemplo, en su artículo 45 así lo recoge: "Las administraciones públicas deberán adoptar medidas para incentivar la responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de Internet por la infancia y la adolescencia. Asimismo, fomentarán en colaboración con el sector privado que el inicio y desarrollo de aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la adolescencia".
Claro, en este punto ha aseverado que ya hay plataformas que piden en su registro de acceso tener, como mínimo 14 años, pero ha advertido de que hay quien llega a falsear la fecha de nacimiento para poder ser usuario. Un punto en el que ha hecho de nuevo referencia al importante papel de las familias "de saber lo que están haciendo sus hijos". No obstante, ha asegurado que a pesar de que "existe falta de control, también hay menores responsables, que ayudan, que son sensibles, colaboran y son respetuosos".
La prevención contra el mal uso de las redes
La prevención y la formación en el peligro y el buen uso de los móviles y, por ende, de las redes sociales resulta clave para evitar que se cometan este tipo de actos delictivos. Al respecto, la fiscal de Menores de Córdoba -que lleva más de dos décadas en este puesto- ha defendido la necesidad de "capacitar e informar para ejercer un debido uso". "Es una herramienta educativa muy buena, pero tenemos que saber qué uso tiene", ha incidido.
Otro punto al que ha hecho referencia es que el menor, en caso de acoso por redes, acuda a sus profesores porque los centros educativos cuentan con protocolos al respecto para "tratar de parar la difusión". Así, ha recordado los programas que tiene la Delegación de Desarrollo Educativo al respecto en prevención y tratamiento del acoso escolar y los conflictos on-line entre el alumnado.
Parece la lucha entre David y Goliat y, por ello, la fiscal de menores ha insistido en "la educación, la prevención y la capacitación". "Si en el contexto educativo y en el de los padres se sensibilizan del adecuado uso de los móviles y de que no se puede utilizar para faltas de respeto y del alcance que tienen, entonces podemos ir ganando la batalla", ha añadido.
En el caso de la formación, Rubio ha expuesto el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, que ofrece mucha información y muy útil a las familias sobre cómo se puede eliminar contenido en las redes sociales. Es más, hay un capítulo reservado para ello en el que encontrar todo tipo de detalles para saber qué hacer si un menor o un adulto es víctima de este tipo de delitos.
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