La Fiscalía recurre a la Audiencia de Barcelona para suspender la publicación del libro sobre Bretón

La Fiscalía de Menores de Barcelona ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona contra la decisión del juez de permitir la publicación de El odio, el libro en el que José Bretón habla de sus motivos para asesinar a sus hijos y sobre el crimen en sí. El fiscal delegado vuelve a pedir la suspensión provisional de la distribución del libro y que se entregue al Ministerio Público para que este evalúe si se vulneran los derechos fundamentales de Ruth y José Bretón con su publicación. Una entrega, remarca en el recurso, que debería de haberse hecho por parte de la editorial Anagrama de forma previa a la publicación para cumplir con lo establecido en la legislación vigente.

La próxima publicación de El odio, del escritor Luisgé Martín, se dio a conocer la semana pasada a través de los medios de comunicación y Ruth Ortiz, madre de los pequeños asesinados, presentó una denuncia ante el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía. Esta fue derivada a la Fiscalía de Córdoba, que la trasladó a la de Barcelona, lugar donde la editorial Anagrama tiene su sede. El Ministerio Público advirtió a Anagrama de acciones legales ante una posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y, en su caso, a la propia imagen de los menores, advirtiendo que se había omitido "el obligado trámite de comunicación previa a la Fiscalía de Menores en orden a examinar si el contenido de dicha publicación pudiera evidenciar una injerencia intolerable que perjudique al honor, intimidad, propia imagen y reputación y, en su caso, formular oposición a la mencionada publicación". Y reclamó la suspensión provisional de la publicación del libro hasta que se le entregase una copia para cumplir ese trámite.

Esa suspensión fue rechazada por el juez de Primera Instancia argumentando que la información aportada no es suficiente para valorarla, decisión que el fiscal rechaza. Frente a este argumento, la Fiscalía destaca que si no entrega más información sobre el libro es porque la editorial "ha incumplido la obligación establecida" de dar traslado de su contenido con carácter previo. Según recuerda el fiscal de Menores en su escrito, la Ley 1/1982 de protección civil del derecho al honor establece que se podrán consentir intromisiones en el ámbito de la intimidad con el consentimiento expreso de los afectados; en el caso de los menores de edad, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días se opusiere, resolverá el juez. A este artículo remite la Fiscalía para demandar a Anagrama la entrega previa de la obra.

En opinión del fiscal, el juez dispone de "documentación mas que suficiente" para valorar con "rigor y seguridad" que hay motivos para apreciar un "inminente riesgo de intromisión ilegítima y por tanto de lesión de un derecho fundamental" de los hijos de José Bretón. El escrito se remite a informaciones periodísticas sobre el libro de Luisgé Martín de las que se desprende que el libro "se hará eco de las manifestaciones del asesino de los niños".

Además, destaca el recurso, la ley establece que tendrán "la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley entre otros supuestos, la utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas". Algo que considera que ocurre con El odio, escrito por su autor sobre la base de las conversaciones mantenidas por carta con el asesino, además de una presencial.

El juez basa también su decisión en la restricción que supondría a la libertad de expresión. Frente a ello, la Fiscalía considera que su petición de suspensión de la publicación es "la única vía disponible para evitar la más que previsible intromisión ilegítima y por tanto lesión de un derecho fundamental, habida cuenta que la persona jurídica, en este caso la Editorial Anagrama, que tenía prevista dicha publicación, conforme a dicho precepto estaba obligado a comunicado previamente y con antelación al Ministerio Fiscal y sin embargo ha incumplido dicha obligación, por lo que se debe concluir que no existe una medida cautelar alternativa menos restrictiva o distinta a la interesada por el Ministerio Fiscal por la sencilla razón de que no existe".

Por otra parte, la Fiscalía considera "inadmisible" la afirmación del juez de que necesita conocer cuál es el género del libro para decidir si suspende su publicación: "No deja de sorprender, habida cuenta que según esta afirmación la posible lesión al derecho al honor solo se puede cometer con libros de un determinado género". Y en un duro recurso, reprocha al juez que desconozca que en la legislación civil existen mecanismos legales "de frecuente aplicación" para que la Fiscalía pueda ejercer "con eficacia y con todas las garantías" la función de "protección y salvaguarda ante el inminente riesgo de lesión como consecuencia de una intromisión ilegítima".