El fraude y la corrupción, "las banderas rojas" de la Universidad de Córdoba

Córdoba/Mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral y adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones, asumiendo la aplicación de medidas antifraudes y eficaces y proporcionadas a su ámbito de gestión de fondos es la base sobre la que se sustenta el Plan Antifraude de la Universidad de Córdoba (UCO). Se trata de un programa que la institución académica aprobó en diciembre de 2021 y que ha sido actualizado en el último consejo de gobierno celebrado la semana pasada. En esta revisión, queda clara la “política de tolerancia cero con el fraude y la corrupción” por parte de la Universidad de Córdoba.

Tal y como recoge la información que aparece publicada en el Boletín Oficial de la UCO (Bouco), el citado plan establece también el compromiso y promoción “de una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta en la UCO” y, además, asegura el desarrollo del buen gobierno “como auténtico Sistema de Integridad de la Universidad de Córdoba”.

Partes implicadas

Pero, ¿a quién está dirigido este plan universitario antifraude? Pues, según la misma documentación a la que ha tenido acceso El Día, está destinado a todas las personas y estructuras que forman parte de la Universidad de Córdoba y también a las “entidades y sujetos privados perceptores de fondos públicos”.

Para ello, el documento establece varias partes implicadas en la lucha contra el fraude en el seno de la UCO. Entre ellas se encuentran las estructuras de dirección, por los vicerrectorados y la Secretaría General, además del servicio de personal, el de investigación, la Oficina de Relaciones Internacionales y también la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación junto al servicio de Contratación y Patrimonio. A todos ellos se suman en funcionamiento de la Comisión Antifraude de la Universidad de Córdoba.

Objetivos

El plan incluye, además, una serie de ítems que pivotan sobre cuatro elementos clave: prevención, detección, corrección y persecución. A ellos se suman, el desarrollo de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.

Para ello, también están previstas medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable y también- medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y procedimientos para su aplicación efectiva, así como medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude y procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude.

A todo ello se suma el desarrollo de procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude, así como procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés, en particular, con la suscripción de una declaración de ausencia de conflictos de intereses por quienes participen en los procedimientos, la comunicación al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de la decisión que, en cada caso, corresponda.

Banderas rojas

Este plan diseñado por la institución académica contempla como objetivo clave la detección de situaciones de conflictos de intereses, basados en criterios de "banderas rojas de alerta", así como el establecimiento de protocolos de gestión de fraude y de la corrupción y el desarrollo de un canal de alertas y/o denuncias que asegura la comunicación de las sospechas de fraude que se pudieran estar cometiendo.

Respecto a este canal de alertas, hay que recordar que la Universidad de Córdoba ya dispone de un sistema interno de información específico a través del que las personas que tengan conocimiento de casos de fraude en el seno de la institución académica puedan darlos a conocer. Se trata de un sistema, por cierto, que incluye la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y protección de datos.

En caso de que una persona conozca de una situación de este tipo, lo tiene que comunicar a este servicio con una descripción de los hechos lo más concreta y detallada posible y, además, tiene que aportar cualquier tipo de documentación o elemento de prueba que facilite la verificación de los hechos que denuncia.

Una vez que esta denuncia llegue a la comisión antifraude, en primer lugar analizará la información y tendrá, además, que verificarla. Se trata de un punto de vital importancia, puesto que la propia comisión tiene la potestad de no dar curso a la denuncia en varios casos, como por ejemplo, cuando la información que haya recibido fuera "manifiestamente infundada".

En caso de que los hechos contenidos en la denuncia puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad, la comisión tiene que elaborar un informe en el que dejará constancia de los hechos analizados y su opinión motivada respecto del tratamiento que debe darse a los mismos.

Alcance del plan

Para el desarrollo de este plan, la Universidad de Córdoba ha incluido un catálogo de riesgos. En concreto, se trata de actividades y procesos específicos susceptibles a riesgos de fraude y corrupción en su ejecución.

Pues bien, dentro de este catálogo de riesgos plan se encuentran los procesos derivados de la gestión de recursos humanos, la contratación pública, la gestión de subvenciones, convenios y gestión de medios propios.

En este punto, la UCO recuerda que la metodología del citado plan, que también incorpora el desarrollo de medidas de prevención y el desarrollo de cultura ética, se basa en el "riesgo como elemento principal de partida, sin el que no es posible establecer un diseño e implementación de medidas de prevención eficaces y adaptadas" a la institución académica.