Los funcionarios de Justicia inician una huelga de celo contra los recortes salariales

Los funcionarios de la Administración de Justicia ceñirán a partir de ahora su trabajo a un estricto cumplimiento del reglamento laboral, lo que en la práctica supone una huelga de celo que ya empieza a tener sus consecuencias en el juzgado de guardia con esperas más largas de las habituales. La medida de protesta fue consensuada por los trabajadores durante una reunión de la junta de personal. Su presidente, Antonio González, explicó ayer que los trabajadores "no pretenden ninguna guerra", sino simplemente dar a conocer su "importancia" en la "maquinaria de la Administración de Justicia".

"Somos conscientes de que llevamos haciendo funciones y actuaciones que no nos corresponden y por las que no cobramos, y a la vista de que la Administración nos está tratando de forma injusta, recortando nuestros derechos y retribuciones, se ha decidido cumplir con la legalidad vigente", explica la junta de personal en un escrito remitido al fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro; el juez decano en funciones, Luis Rabasa, y el secretario coordinador, Pedro Alejándrez. Los trabajadores explican que su objetivo es que "los ciudadanos y los políticos vean que esta administración no funciona si no es por el celo que los funcionarios ponen en su trabajo a diario".

El comunicado de la junta de personal advierte de que se cumplirán con los principios de legalidad, inmediación y fe pública judicial, "sin que esto deba entenderse como una forma de enfrentamiento con los colectivos de fiscales, jueces y secretarios, sino como forma de hacer entender a la Administración el déficit real de funcionarios y órganos que padece Andalucía".

Los trabajadores han solicitado una reunión conjunta con el fiscal jefe, el juez decano y el secretario coordinador para "aclarar este argumento y evitar que surjan discrepancias o malos entendidos". Algunos abogados expresaron ayer su malestar por la falta de información sobre la movilización, que les afecta especialmente en la guardia.

La junta de personal, además, ha remitido otro escrito a la Fiscalía en la que solicita a Martín-Caro que "promueva e inicie" las acciones judiciales oportunas para que se "impida o anule la legalidad que suponen los recortes salariales" en la Justicia que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 19 de junio.

En este informe, los funcionarios expresan su sorpresa por que, "después de los drásticos e injustos recortes" de mayo de 2010, ahora de nuevo se hayan vulnerado "las más esenciales garantías del estado democrático y de derecho al haberse aniquilado por el Gobierno andaluz las más básicas reglas de negociación sindical". Los funcionarios consideraron una "auténtica pantomima" todas las mesas de negociación celebradas tras el anuncio de los recortes, pues el Ejecutivo andaluz sólo admitió "sí o sí".

Para la junta de personal de los juzgados de Córdoba -con representantes de CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ-, los recortes suponen un "elemento de ilegalidad". La explicación es que el personal funcionario titular e interino de los cuerpos estatales al servicio de Justicia disponen de un "sistema retributivo propio" determinado por una ley estatal, y la Junta también quiere recortar en "conceptos sobre los que carece de competencia".