La tribuna
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El Ayuntamiento de Córdoba enviará al juez Baltarsar Garzón una enorme lista de incógnitas. Casi 1.100 de los nombres que componen la lista de 1.759 cadáveres enterrados en dos cementerios de la capital no fueron identificados tras su ajusticiamiento y entierro en fosas comunes, según la documentación que se remitirá al juzgado que ha iniciado las primeras indagaciones sobre la represión durante la Guerra Civil y el periodo posterior al triunfo de las tropas del general Franco en el conflicto bélico.
La documentación que se remitirá al juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional se fundamenta en los archivos de los dos cementerios de la ciudad en el momento en el que sucedieron los hechos, más un informe anexo firmado por dos historiadores que han realizado un trabajo sobre el tema. Esta cifra supone, según las estimaciones de algunos autores, sólo una parte de las muertes directamente imputables a la represión por razones políticas que tuvo lugar en la ciudad.
La documentación remitida por el Consistorio a la Audiencia Nacional, como consecuencia de las diligencias abiertas, es una relación de los enterramientos por muerte violenta que tuvieron lugar entre el 29 de julio de 1936 y el 14 de marzo de 1938 y en el cementerio de San Rafael entre el 30 de julio de 1936 y el 1 de mayo de 1937. Además, se incorpora un tercer listado, en los casos que ha sido posible verificar el entierro del cadáver, que ya incorpora las ejecuciones que tuvieron lugar durante el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil: entre el 14 de julio de 1939 y el 19 de octubre de 1944.
El portavoz de IU, Andrés Ocaña, aseguró ayer que la remisión de estos datos a la Audiencia Nacional "no pretende reabrir heridas", sino que se fundamenta en la demanda de información del juez Baltasar Garzón.
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