De heredera de los consorcios de agua a transformar el servicio en Córdoba

Cuentan desde lo que ahora es Aguas de Córdoba, que el origen de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (Emproacsa) –nombre que recibía antes esta empresa pública– “hay que buscarlo en la necesidad ineludible que tenía la Diputación Provincial de sustituir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Dirección Técnica de los Consorcios de las Zonas Norte y Sur de Córdoba, responsables del abastecimiento en alta a los municipios incluidos en sus respectivos ámbitos territoriales”.

También insisten en que una vez que se decidió crear la empresa pública, su objeto se amplió para incluir el desarrollo de todos aquellos trabajos relacionados con el ciclo del agua que le fueran encomendados por la Diputación de Córdoba, “colaborando especialmente en la prestación de análisis químicos, bacteriológicos y de cualquier tipo, de aguas potables y residuales; detección de fugas en depósitos y redes; limpieza de colectores; y asesoramiento y asistencia jurídica, técnica, económica y financiera a los ayuntamientos cordobeses en toda la problemática del ciclo hidráulico”.

Asimismo, apuntan que, más tarde, con la desaparición del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento del Alto Guadalquivir, que se subrogó a la Diputación Provincial, a través de Emproacsa, en su posición jurídica, se pone a disposición de todos los municipios de la provincia una única oferta de gestión supramunicipal de los servicios relacionados con el ciclo hidráulico. No obstante costó que los municipios se fueran sumado a la empresa que, entre otras cosas, garantizaba la modernización de unos servicios de abastecimiento que estaban en muchas zonas en un alto porcentaje bastante obsoletos. Y costó porque se entendía que los ayuntamientos y, por ende los ciudadanos, tendrían que asumir parte de esas mejoras que se les iban a cobrar subiendo levemente la factura del agua con respecto a lo que se pagaba cuando quienes gestionaban el servicio eran los consorcios del Norte y del Sur. Aunque al principio, esa no era la idea.

Si retrocedemos 40 años y echamos un vistazo a las hemerotecas descubriremos que sobre la pésima situación en la que se encontraba el saneamiento de los municipios cordobeses habla el hecho de que para los primeros Planes Provinciales de Obras y Servicios puestos en marcha en 1979 por la primera Corporación provincial de la era postfranquista se insistía en que para la selección de esas primeras obras que empezarían a modernizar a los municipios cordobeses se fijó un orden de prelación que le daba prioridad primero a las obras de abastecimiento de agua –captaciones, depuración, conducción y depósito–. Y después a los emisarios o colectores de saneamiento. Eran fechas en las que en muchas localidades de la provincia el agua no llegaba a las casas a través de grifos como ocurriría poco a poco años más tarde, sino que eran bastantes las poblaciones que se abastecían a través de fuentes y pozos.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A., fue creada según acuerdo adoptado por la Diputación en Sesión Plenaria celebrada el día 21 de diciembre de 1985, con el socialista Rafael Vallejo al frente de la institución provincial. Según recogen las actas de Pleno en el que la Corporación provincial acordó la creación de Emproacsa –el 11 de noviembre de 1985–, Vallejo insistió durante la sesión en que “aunque la sociedad es solo de la Diputación y todos los diputados son representantes de los pueblos por su condición de concejales, se propone informar oportunamente a los ayuntamientos de la provincia sobre los cometidos de Emproacsa”. Vallejo expuso en ese Pleno en el que se dio el visto bueno al proyecto de estatutos para la creación de Emproacsa que el objeto primitivo de la empresa pública era el de atender funciones de dirección y asistencia técnica a los consorcios, así como la prestación de servicios de análisis de agua y de detección de fugas, “sin perjuicio de que más adelante pueda asumir otras funciones de mayor trascendencia”.

También insistió en que en cuanto a los ingresos de la sociedad, se pretendía que, en principio, los aportara íntegramente la Diputación, “parte en metálico y parte en especie”. Desde entonces, la sociedad ha dado servicio a los ayuntamientos sin pausas. A principios del presente siglo, Emproacsa contaba con la responsabilidad de la gestión integral del uso urbano del agua (desde los pantanos hasta las casas) en 34 municipios y dos entidades locales de Córdoba. En total eran 119.451 los habitantes que recibían tanto en alta (desde los pantanos a los depósitos) como en baja (desde los depósitos hasta las casas) el agua de la empresa provincial, lo que suponía el 26,22% de la provincia, excluida la capital.

El 1 de enero de 2001, el Servicio Municipal para la prestación del Ciclo Integral del Agua echaba a andar. En ese momento, eran 24 los municipios con un total de 61.536 habitantes –el 13,50% de la provincia excluida la capital– los que tenían encomendado ese llamado Ciclo Integral del Agua (CIA). A principios de 2001, una vez disueltos los consorcios de agua de las zonas norte y sur, el Servicio Supramunicipal para la Fase en Alta, gestionado a través de Emproacsa, comenzó a contratarse con los municipios. La empresa provincial suministraba agua potable a 60 municipios y a dos entidades locales autónomas con 343.921 habitantes en total, lo que suponía el 75,5% de la provincia excluida la capital.

El servicio integró –a excepción de Rute, que decidió que fuera municipal– a todos los municipios anteriormente conectados a la arteria general de alguno de los antiguos consorcios. Ése fue también el caso de los municipios que formaban parte de Casagua –que daba servicio al Alto Guadalquivir–, que tras tomar el acuerdo de disolverse el 20 de noviembre de 2001, se incorporaron al servicio supramunicipal. Emproacsa se encontraba entonces en conversaciones con el Ayuntamiento de Posadas para hacerse cargo de la gestión en alta y Almodóvar del Río se había sumado sumó hacía pocas fechas a ella. Y la empresa provincial reconocía en un informe interno que la zona Norte esperaba “completarla totalmente incorporando a Villanueva de Córdoba, Conquista y Cardeña; y en la zona oriental es posible la ampliación con Cañete de las Torres.

En el mismo documento se reconocía que el resto de los municipios “están alejados de las arterias generales, o disponen de recursos hídricos suficientes y no es previsible que estén interesados en incorporarse al servicio supramunicipal”. Aunque la expansión de Emproacsa en los dos últimos años del pasado siglo había sido notable, el mayor número de los municipios incorporados a la empresa provincial procedía del grupo de pequeños y medianos. Localidades como Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Montoro, Baena, Lucena, Puente Genil y La Carlota tenían sus servicio privatizados. Y otros, caso de Villanueva de Córdoba, Castro del Río, Fernán Núñez o La Rambla, no se atrevían a dar el paso hacia la contratación de empresas privadas para ello, mientras la gestión en alta correspondía a Emproacsa, en baja eran los propios servicios municipales los que gestionan su agua. Emproacsa además era la responsable de los vertidos de los municipios en los que lleva a cabo la gestión integral y muy pocas son las localidades que tenían instalaciones de depuración, por lo que vertían sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento previo.

Mucho ha llovido desde entonces y Emproacsa, en el caso del conocido como servicio supramunicipal del Ciclo Integral del Agua (CIA) integra en la actualidad a 49 municipios cordobeses y a tres entidades locales autónomas, atendiéndose a una población aproximada de 166.000 habitantes. Este servicio gestiona los procesos de abastecimiento y saneamiento domiciliarios. Emproacsa también ha tenido su importancia a la hora de la gestión de depuradoras en los municipios eliminando de esta forma esos vertidos incontrolados de aguas residuales.