Primer día de huelga indefinida de los funcionarios de Justicia en Córdoba como antesala a la manifestación del jueves en Madrid

Los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, que suponen el 93% del conjunto del personal que compone la Administración de Justicia, han iniciado este lunes una huelga indefinida de cinco días debido al tratamiento “discriminatorio y clasista” que, según dicen, les están dando los Ministerios de Justicia y de Hacienda.

CSIF -el sindicato convocante junto a STAJ, CCOO y UGT- señala que, “desde el pasado 24 de abril, el Ministerio de Justicia no ha convocado al comité de huelga ni ha presentado ninguna propuesta económica para solución del conflicto y sigue haciendo oídos sordos a las movilizaciones y jornadas de huelga que hemos realizado con paros parciales de tres horas, inicialmente del 17 al 25 de abril y con jornadas completas de huelga los días 19 de abril y 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Este jueves 25 de mayo está prevista una gran manifestación en Madrid por este motivo.

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, quien ha participado este lunes en una nueva concentración junto a la Ciudad de la Justicia, lamenta los perjuicios que está provocando esta huelga a la ciudadanía y considera que “el único responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia es el Ministerio por negativa a sentarse a negociar”.

Concretamente, desde el inicio de las movilizaciones hasta el día de hoy se han dejado sin tramitar en los órganos judiciales de la capital cordobesa un total de 2.323 demandas, destacando las 1.841 correspondientes a Lo Civil y las 241 de Lo Social.

El representante sindical recuerda que “el comité de huelga ya presentó al Ministerio de Justicia el pasado 14 de abril cuatro reivindicaciones muy concretas, entre las que se encontraba una subida salarial lineal de entre 430 y 350 euros en función de los cuerpos y una definición clara de las funciones que cada cuerpo debe realizar en la tramitación de los procedimientos y la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) sin cuyo nuestro concurso será un nuevo fracaso”. Además, se reivindica el impulso para la implantación de la carrera profesional.

Según afirma, “si no se produce esta rectificación por parte de los Ministerios de Justicia y Hacienda, serán ellos y por extensión el Gobierno de España, los responsables del perjuicio al servicio público y a los ciudadanos y profesionales por seguir ninguneando a la inmensa mayoría del personal al servicio de la Administración de Justicia, formado en Córdoba por unas 750 personas”.