La dificultad para lograr el indulto de los presos comunes en Córdoba: ninguno lo ha conseguido en 15 años

Que el Gobierno le conceda el indulto a una persona condenada por la Justicia es una medida excepcional, de ahí el revuelo que ha causado esta semana la salida de la cárcel de los políticos independentistas. Y se cuentan por decenas, por cientas, las solicitudes que el Consejo de Ministros rechaza cada año. Tanto es así que, en la última década, ningún procesado por tribunales de la provincia de Córdoba ha logrado esta medida de gracia pese a que son muchos los que lo han intentado. Sí se han aprobado 20 conmutaciones de pena, la última el 7 de julio del año pasado. El beneficiario fue un condenado por estafa a cuatro años y nueve meses de prisión, sentencia que se le redujo a dos años, según la información que consta en la base de datos de Civio, la organización que más estrechamente vigila la concesión de indultos en España.

En 2013 puso en marcha un Indultómetro y los datos que ha logrado recopilar con la revisión de miles de números del Boletín Oficial del Estado (BOE) se remonta a 1996. Desde esa fecha, en Córdoba se han concedido 103 medidas de gracia, entre indultos y conmutaciones de la pena. De todos ellos, solo 29 pertenecen a la primera categoría, el equivalente al 28% del total. El delito más antiguo es de 1983 y hace referencia a un caso de receptación por el que un individuo fue sentenciado a seis años de cárcel, que quedó conmutado a cuatro.

Entre los beneficiarios de indultos y reducciones de condena hay mayoritariamente autores de robos, delitos de tráfico, estafadores, sentenciados por impago de pensiones o procesados por episodios leves de menudeo de droga. De entre todos, son varios los que llaman la atención bien por su popularidad o bien por el tipo de delito de cometieron. En el primer grupo se encuentra el único político beneficiado por un indulto en Córdoba. Se trata del exalcalde Herminio Trigo (IU), sentenciado en 1992 a seis años por un delito de prevaricación cometido en 1986 por contratar a un funcionario sin atender a los principios constitucionales de mérito, capacidad y publicidad. Fue indultado en 1996 por el ministro socialista Juan Alberto Belloch durante un Gobierno de Felipe González.

Otro caso que llama la atención es el de un condenado por asesinato consumado, a quien el popular Ángel Acebes le indultó dos años de cárcel. El crimen fue cometido en el año 1992, y la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 26 años de cárcel por asesinato consumado y a otros 17 años por asesinato frustrado por un atropello. El indulto le llegó en 2000, cuando el Ejecutivo de José María Aznar aprobó el llamado indultazo tras una petición del entonces Papa Juan Pablo II con motivo del cambio de milenio.

A causa de esa medida de gracia, Ángel Acebes se ha convertido en el ministro de Justicia que más reducciones de condena ha concedido en España: 29 de ellas en Córdoba, de las que 15 se aprobaron el mismo día de diciembre del año 2000.

Entre los delitos que llaman la atención, hay dos casos de 1993 y 1994 de jóvenes condenados a dos años de prisión por la negativa expresa a incorporarse al servicio militar, una infracción que ya no existe en el Código Penal. Ambos fueron indultados. También existe un caso de malversación de caudales públicos, uno de depósito de armas de guerra, aunque entre los beneficiarios priman los delitos que menos alarma social suelen causar: intentos de robo, contra la salud pública, infidelidad en la custodia de documento, resistencia o desobediencia. La gran mayoría de las medidas de gracia consiste en conmutar la condena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad. Respecto al perfil, 15 son mujeres.

El año 2006 fue el último en que el Consejo de Ministros concedió un indulto en Córdoba. Aquel lo firmó el entonces ministro de Justicia Francisco Caamaño y el beneficiario fue un condenado a dos años de prisión por un delito continuado por robo con fuerza. Desde entonces, ningún otro delincuente ha podido beneficiarse de este recurso.

Los políticos corruptos lo tienen más fácil

En el conjunto de España, desde 1996 se han concedido 10.582 indultos, según los datos de Civio. Los más sonados han sido los que han beneficiado a políticos o a funcionarios y altos cargos sentenciados por corrupción, que han sido 227 de acuerdo al estudio de Civio. Más de la mitad de esos indultos a corruptos, hasta un total de 139 o, lo que es lo mismo, algo más de un 60%, se concedieron durante el Gobierno de José María Aznar (1996-2004). Dos de sus ministros de Justicia, Ángel Acebes (con 76) y Margarita Mariscal de Gante (59) lideran también la lista de los ministros de Justicia que más veces pusieron su firma al final de un decreto de indulto.

Justo por detrás de Aznar, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) aprobó 62. Al final de la lista está Rajoy (finales de 2011 hasta la actualidad), con 16. Los 227 totales se completan con los diez que concedió Felipe González en 1996, y entre los que están el exalcalde de Córdoba Herminio Trigo.

El año 2000, el que más indultos -a cualquier tipo de delito- registró, es también el que sumó más medidas de gracia destinadas a perdonar delitos de corrupción (70). El 1 de diciembre de 2012, Acebes firmó 1.328 indultos en un solo Consejo de Ministros. En esa larga lista se escondían 67 a condenados por corrupción, entre ellos, un grupo de seis guardias civiles que hacía la vista gorda ante las actividades un grupo organizado de contrabando de tabaco a cambio de pagos.

El siguiente año con más indultos a corruptos fue 1998, con 43. Fue el año en el que el Gobierno de Aznar rebajó la condena vía Real Decreto a los condenados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla etarra, en una de las acciones de los GAL. El exministro del Interior José Barrionuevo, el exsecretario de Estado Rafael Vera, el exdirector general de Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, y los comisarios Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo habían sido condenados por malversación de fondos públicos y por secuestro. Los delincuentes comunes, como queda en evidencia en el caso de Córdoba, lo tienen mucho más difícil para congraciarse con el Gobierno.