El juez togado pide a Defensa que aclare qué seguro había en vigor cuando murieron los dos militares en Cerro Muriano

Córdoba/El Juzgado de Togado Militar Central número 2, que investiga la muerte de dos militares en Cerro Muriano el 21 de diciembre de 2023 durante unas maniobras en la base, ha solicitado al Ministerio de Defensa que aclare qué seguro de responsabilidad civil estaba en vigor en el momento del suceso. Hace una semanas, la aseguradora contratada por Defensa alegó "la falta de cobertura" del contrato y pidió que se le apartara "al no existir póliza para los hechos ocurridos".

Así, en caso de estimarse una responsabilidad civil, sería Defensa directamente la que tendría que asumir las indemnizaciones a las familias de los fallecidos, en una situación poco habitual, han explicado las fuentes consultadas.

En una nueva providencia, el auditor solicita el contrato de responsabilidad civil suscrito y que se encontraba en vigor el día del suceso, así como la documentación administrativa que soportaría dicho contrato. El juez, por otra parte, inadmite unas diligencias solicitadas por una de las acusaciones, que pedía conocer qué compañía aseguradora tiene contratada póliza de seguros al día de la fecha. Según el auto judicial, se considera "impertinente" esta información, ya que el ámbito de la cobertura está definido "por el momento en el que se produce el hecho que origina la responsabilidad del asegurado frente al tercero, no con posterioridad".

En enero del año pasado, la ministra Margarita Robles subrayó que Defensa "asumirá totalmente" la responsabilidad civil subsidiaria si así lo piden los jueces. E insistió en "que nadie se calle nada", pues consideró "muy importante" que "cuanto antes" el juez determine las responsabilidades, "porque no puede haber la más mínima sombra de duda sobre el Ejército de Tierra en su conjunto", integrado por "hombres y mujeres, magníficos profesionales que se merecen que cuanto antes se esclarezcan los hechos".

A la espera de resolver los recursos

El Juzgado Togado Militar Central número 2 decidió en julio sentar en el banquillo a seis mandos por el accidente durante la maniobra en la que fallecieron el cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León el 21 de diciembre de 2023 en la base cordobesa. El magistrado acusa a cinco de ellos de dos presuntos delitos contra los deberes del servicio y de otros dos en grado de tentativa, mientras que a un coronel le imputa un presunto delito de incumplimiento de los deberes inherentes al mando. Como medida cautelar, a todos ellos les impuso la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado para mantener la libertad provisional.

En el auto de procesamiento, el juez detallaba de manera minuciosa cómo se habría producido el accidente mortal. En su relato, muy duro, utilizaba palabras como "caos" y "pánico" e insistió en que las medidas de seguridad fueron no ya insuficientes, sino inexistentes.

Y concluyó "sin género de dudas" que "la temeridad y la negligencia" del capitán al planificar y ejecutar la práctica, sin ninguna de las medidas de seguridad, con personal que carecía de instrucción, inexpertos y con unas condiciones de frío extremas, convirtieron la maniobra en un "peligroso desafío incluso para nadadores expertos".

Desde ese momento, la instrucción se encuentra en punto muerto, pues las partes personadas llevan seis meses esperando a que el magistrado resuelva los recursos presentados contra el auto. De hecho, a principios de marzo, la viuda del cabo Jiménez solicitó al juez que impulse la instrucción del caso.