El juez vuelve a rechazar que el alcalde de Córdoba declare como testigo por el caso Infraestructuras
Tribunales
El magistrado considera que una de las denuncias formuladas por Dorado por la contratación de luminarias "es un auténtico fiasco"
El día en el que el concejal de Córdoba David Dorado pasó de testigo a investigado en el caso Infraestructuras
El alcalde de Córdoba considera "un orgullo" declarar como testigo en el caso Infraestructuras
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha vuelto a rechazar que el alcalde de la ciudad, José María Bellido y el actual edil de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, declaren como testigos en la causa del caso Infraestructuras que denunció el exedil de Ciudadanos y exjefe de ese área municipal, David Dorado. El primer rechazo se produjo el pasado 24 de abril, tras lo que Dorado recurrió.
Esta causa del caso Infraestructuras que fue denunciada por Dorado se remonta al año 2013 y tiene que ver con contratos realizados por dicha área municipal relativos al alumbrado público. En 2013, Bellido era teniente de alcalde delegado de Hacienda, Gestión y Administración Pública en el gobierno del popular José Antonio Nieto, mientras que Torrico era teniente de alcalde de Presidencia y Cooperación. Es la segunda vez que Dorado demanda esas declaraciones y la segunda también que el juez las rechaza. En su escrito, el juez si permite ahora la personación en la causa del funcionario técnico imputado en la primera de las causas.
En dicho escrito, el magistrado justifica el rechazo de las declaraciones -demandadas por Dorado al aparecer la firma de Bellido en los contratos a una empresa investigada en el caso- en que "la simple existencia de la contratación directa, sin previa oferta pública, no extrañaba ilegalidad alguna". "No tiene sentido ni utilidad alguna -de hecho, nada se justifica en el escrito de solicitud- traer a la causa el testimonio de quiénes, en nombre de la entidad pública, en este caso, el Ayuntamiento de Córdoba, firmaron los contratos que se citan en el escrito de la parte, personas éstas que -no puede ser de otro modo-, como firmantes de los mismos, no van a aportar dato alguno que ilustre de la ilegalidad de la contratación", argumenta el juez.
Dorado insistía en que se habían realizado contrataciones "que no han seguido el procedimiento regulado para ello" y que se había eliminado la posibilidad de acceder a dichas contrataciones a otras empresas con los mismos criterios de igualdad. "Entendemos que todo lo que pueda arrojar luz sobre los hechos enjuiciados debe ser bienvenido y realizado", defendía el exedil para justificar la petición de declaración de Bellido y Torrico.
"Ninguno de los testigos propuestos está siendo investigado en esta causa, ni ha aflorado conocimiento alguno que sugiera la bondad de que deban serlo. Por ello, considerando que son eso, simples firmantes de determinados contratos, no creemos que ninguno de ellos pueda ilustrar sobre la ilegalidad de los mismos", sostiene el juez al respecto.
El magistrado también sentencia que "no vamos a investigar todo lo que a las partes le convenga si no guarda relación con el objeto de la denuncia", insistiendo en que "no ha aparecido ni un solo indicio que informe de que ha tenido lugar una limitación de la libre concurrencia o el favorecimiento de determinadas empresas". En este sentido, relata que una de las denuncias formuladas por Dorado en relación a las luminarias "ha resultado un auténtico fiasco".
La otra causa
La otra de las causas del caso Infraestructuras -por la que el entonces concejal del equipo de gobierno de PP y Cs fue detenido y posteriormente imputado- fue denunciada en 2021 ante la Fiscalía por los grupos municipales de Podemos e IU, en los tiempos en los que él era el edil responsable del área, por el fraccionamiento de otros contratos relativos a distintas obras, denuncia que acabó derivando en su cese por parte del alcalde, José María Bellido. Dorado llegó a pedir la dimisión del regidor por "impedir que se investigara" esta otra parte del caso que él denunció. En dicha causa se investiga una posible trama, en la que están implicados funcionarios municipales y numerosos empresarios, y que tenía como objetivo el reparto de las adjudicaciones de contratos.
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