El Juzgado de Violencia sobre la Mujer alerta del cambio en sus competencias: "Va a ser un colapso total"

La Ley de eficiencia en la Justicia va a conllevar un colapso total en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Ese es el grito de auxilio que han lanzado hoy los jueces de estos órganos en toda España, entre ellos los de Córdoba y Lucena, ante el aumento de carga de trabajo que va a suponer un cambio en las competencias que tienen actualmente tienen: al menos un 20% más de asuntos en unos juzgados que ya están saturados y que llevan años alertando de la precariedad de medios que padecen.

La nueva Ley orgánica atribuye a las secciones de Violencia sobre la Mujer la instrucción de los procesos de delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, así como por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer. Los juzgados ya eran los encargados de este tipo de delitos, pero solo cuando entre la víctima y su agresor varon hubiera algún vínculo afectivo; ahora tendrán que instruirlos en todos los casos independientemente de que exista o no ese vínculo.

Esto supondrá "un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos Juzgados ya de por sí saturados", denuncian los jueces en un comunicado conjunto firmado por 136 de ellos. Un cambio que entrará en vigor el 3 de octubre de este año sin que se hayan dotado previamente los recursos materiales y personales necesarios, alertan, por lo que "el efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas". Y por ende, "una absoluta imposibilidad material de seguir proporcionando a la víctima un trato adecuado y sosegado que permita un enfoque integral de su situación".

Además, los jueces niegan el argumento de la administración de Justicia sobre la reconversión de secciones de Instrucción en secciones de Violencia sobre la Mujer, ya que estas entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre, tres meses después.

Precariedad en los juzgados

La situación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer ha ido empeorando con el paso de los años, conforme ha ido aumentando el número de denuncias y delitos en la materia sin que haya habido un incremento paralelo en el número de juzgados. En el caso de Córdoba, según los últimos datos disponibles, de la Memoria del TSJA de 2023, el juzgado de la capital llegó a los 2.203 asuntos anuales, frente al módulo establecido por el CGPJ, de 1.600, por lo que se solicitó la creación de un Juzgado Bis. Y se reclama crear otro juzgado más.

Según recuerdan los jueces, sólo en cinco partidos judiciales – Madrid (11), Barcelona (5), Sevilla (4), Málaga (4) y Valencia (6)-, estos órganos funcionan con servicio de guardia igual que un Juzgado de Instrucción: reciben denuncias y detenidos durante todo el día. En el resto de los 91 órganos exclusivos, que sólo conocen de Violencia sobre la Mujer, se resuelven todos los asuntos penales que reciben durante la mañana, además de los asuntos civiles de familia de los que también conocen –separaciones, divorcios, filiaciones, liquidaciones de régimen económico ganancial...-. Y en los 348 Juzgados restantes, en los no exclusivos, en los de los partidos judiciales pequeños, se conoce de dichos asuntos junto con el resto de materias, que van desde un juicio de tráfico hasta una reclamación de cantidad. "Y ello sin prestar servicio de guardia; sin poder garantizar a las partes que ese día podrá celebrarse el proceso de divorcio señalado meses antes. Porque si se recibe una denuncia con una petición de orden de protección, una medida de alejamiento, o, simplemente, un detenido por un acto de violencia de género, todo se paraliza para atender este asunto penal prioritario".

En la actualidad, denuncian, la mayoría de estos órganos "trabaja con una absoluta precariedad de medios", sin contar con los preceptivos equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a la víctima; con un más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control; con sistemas de asistencia letrada a través de llamada telefónica a una centralita que no garantiza la presencia permanente del letrado en la oficina judicial; sin forense de guardia; sin salas Gesell que permitan la exploración de los menores en condiciones idóneas en atención a su edad y vulnerabilidad; en muchas ocasiones, con salas de vistas compartidas que impiden las grabaciones de las declaraciones; y sin dotar de sistemas de grabación en los despachos que permitan suplir esas carencias. "Unas carencias que se vienen arrastrando desde hace años, sin que las peticiones de dotación de más medios personales y materiales hayan sido atendidas".

Paso atrás en la lucha contra la violencia de género

Advierten además que ese 20% de carga adicional se produce precisamente respecto de unos delitos, contra la libertad sexual y de trata con fines de explotación sexual, en los que el número de asuntos no refleja el tiempo de trabajo y la atención directa y personalizada que exigen. Empezando por la toma de declaración de una víctima que necesita tiempo y comprensión para exponer su relato, que no entiende de prisas, ni las merece, y que, particularmente en el caso de la trata con fines de explotación sexual, es en general más de una, y además, en la mayoría de los casos, extranjera, lo que exige su toma de declaración como prueba preconstituida.

"Lo que no se cuenta a la ciudadanía es que si esa mañana se recibe una causa de agresión sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, todo lo demás pasaría a segundo plano. Lo que no se cuenta, en suma, es que todo esto exige tiempo, tranquilidad, sosiego. Que es precisamente lo que no se tiene", lamentan los jueces.

Para los titulares de estos órganos, "se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal". "Quienes desempeñamos nuestra labor en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia, consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias que está previsto se produzca a partir del 3 de octubre de 2025", finalizan su comunicado.