Los juzgados de Córdoba registran 1.826 denuncias por violencia de género en un año

Los juzgados de la provincia recibieron 1.826 denuncias en materia de violencia de género el pasado año, lo que supone “un ligerísimo incremento respecto a las de 2017”, según ha explicado este lunes el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, en la presentación de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Un 5% de las denunciantes (el año anterior fue un 7%) renunció a continuar con el proceso, mientras que se adoptaron 323 órdenes de protección (una más que en 2017). De ellas, fueron denegadas 83, frente a las 103 del año anterior.

El magistrado ha apuntado que el 59% han sido sentencias condenatorias. Esto es, respecto a violencia de género se dictaron 75 sentencias y 31 fueron absolutorias.

Sánchez Zamorano ha manifestado que “se nota en líneas generales un incremento de las mujeres que denuncian y un descenso de las que renuncian a continuar con la misma”. Además, ha puntualizado que el grueso de los asuntos derivan de denuncias de familiares y atestados policiales.

El presidente de la Audiencia ha resaltado que el número de asuntos registrados de violencia sobre la mujer en Córdoba y provincia ha experimentado una variación al alza del 4,4%, alcanzándose los 2.680 frente a los 2.567 del año 2017. De ellos, 1.817 pertenecen al partido judicial de Córdoba y 863 a la provincia.

Por otro lado, el magistrado ha explicado que la Sección Civil de la Audiencia Provincial registró durante el pasado año 1.803 asuntos frente a los 1.654 de 2017, los 1.421 de 2016 y los 1.285 de 2015. Es decir, en cuatro años se ha producido un incremento de más del 40%.

Esto ha provocado –según Sánchez Zamorano– que aumente el tiempo de los señalamientos, cifrado ahora en 12 meses, y que haya una bolsa de asuntos sin resolver que llega a los 1.305, cuando en el año 2017 era de 809.

En esta línea, ha recordado que las “continuas peticiones de refuerzo de un magistrado en comisión de servicios hasta que se cree una sexta plaza caen en saco roto año tras año” ya que la respuesta de la administración “es que no hay dotación económica”.

Respecto a las Secciones Penales, señaló que en 2018 fueron 2.959 los asuntos ingresados, cifra muy similar a los 2.993 de 2017 y 2.930 de 2016. Los magistrados de estas secciones resolvieron 2.779 asuntos, siendo por tanto alta la tasa de resolución.

Sánchez Zamorano ha aseverado que el módulo referencial previsto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para las secciones penales se sitúa en 300 asuntos por magistrado al año, mientras que en Córdoba cada uno de los ocho magistrados (incluidos los dos que hay en comisión de servicio desde primeros de 2016) ha soportado un ingreso de unos 370 asuntos de media.

“La memoria contempla, por tanto, la ampliación de la plantilla de estas secciones en dos magistrados, uno en cada una de ellas”, ha indicado.

Sobre los Juzgados de Primera Instancia de la capital, el magistrado ha señalado que “el nivel de ingresos por órgano es de unos 2.108 asuntos, cuando el módulo referencial se sitúa en 1.200 asuntos. La situación es, por tanto, preocupante”. La memoria contempla expresamente la creación de dos plazas.

Por otro lado, el nivel de ingresos en los Juzgados de lo Penal ha experimentado un ligero descenso: “si durante 2016 cada juzgado ingresó 552 asuntos, en 2017 la cifra se situó en los 473 y en 2018 se registraron de media 360”.

Entre todos los juzgados, Sánchez Zamorano ha destacado a los cinco de lo Contencioso, que han logrado “bajar drásticamente la pendencia aún más respecto a la que ya se consiguió” en 2017. Cada uno de ellos registró de media 349 asuntos cuando el módulo referencial se establece en 570. “Esto invita a una reflexión si este nivel de ingresos se consolidará en años sucesivos”, ha concluido.