La Fiscalía pide 28 años de prisión por los abusos sexuales de la Manada en Pozoblanco

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha pedido siete años de prisión para cuatro miembros de la Manada como supuestos autores de sendos delitos de abusos sexuales y contra la intimidad, por supuestamente someter a tocamientos a una joven que se encontraba “en un estado de profunda inconsciencia”, grabarlo en un teléfono móvil y compartirlo en varios grupos de Whatsapp. Los hechos se remontan a la madrugada del 1 al 2 de mayo de 2016, cuando los individuos se ofrecieron a llevar a la denunciante desde la feria de Torrecampo a Pozoblanco.

En el caso se encuentran implicados Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar; Antonio Manuel Guerrero, guardia civil destinado en Córdoba; José Ángel Prenda y Jesús Escudero, el peluquero. Todos ellos –más Ángel Boza– han sido condenados ya a nueve años de prisión por la agresión sexual en los Sanfermines en Pamplona en julio de 2016.

Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, los procesados se encontraban en una discocaseta cuando coincidieron con la joven, que igualmente se había desplazado en compañía de otros amigos. En el transcurso de la noche, acusados y perjudicada, que “consumió diversas bebidas alcohólicas”, entablaron conversación. Una vez que se produce el cierre de la caseta, sobre las 07:15, se encontraron todos en la puerta y cuando la joven se disponía a volver a su domicilio, en Pozoblanco, el militar se ofreció a llevarla en el vehículo en que habían llegado los implicados.

Antonio Manuel Guerrero se situó en el asiento del conductor, el Prenda en el de copiloto y los otros dos, en los asientos traseros, con la chica entre ellos. El Ministerio Público relata que, “debido probablemente a la cantidad de alcohol ingerida, y sin que haya podido determinarse si, además de ello, tomó de forma deliberada o sin saberlo alguna otra sustancia estupefaciente”, la chica “cayó en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo sucedido en el trayecto del vehículo”.

Así, en el interior del turismo, aprovechando que ella “se hallaba privada de sentido”, todos los acusados, “con ánimo libidinoso”, comenzaron supuestamente “a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual”. El fiscal asegura que todos “le tocan el pecho, tanto por fuera como por dentro de la ropa, incluido el conductor”; el militar, incluso, “llega a darle varios besos en la boca”.

Al mismo tiempo que realizaban tales accesiones “de índole evidentemente sexual”, el Prenda, “con el concierto de todos ellos”, procedió supuestamente a grabar todo lo sucedido con el teléfono móvil propiedad del guardia civil. Se generaron dos archivos de vídeo sin que la joven, que “se encontraba privada de sentido”, tuviera conocimiento o diera su consentimiento, insiste la Fiscalía.

"Evidente ánimo de vejar" a la víctima

La acusación pública expone que “en desarrollo de la idea preconcebida de compartir el vídeo realizado” y para “hacer alarde” de lo que acababan de grabar, “con evidente ánimo de vejar y vulnerar la intimidad de la perjudicada”, ese mismo día sobre las 07:45 enviaron los archivos al chat La Manada, integrado por los cuatro acusados y por otras tres personas más. A continuación, a las 07:52, desde el teléfono móvil del Prenda enviaron el mismo archivo de vídeo al chat El Peligro, integrado por una veintena de personas.

Una vez en Pozoblanco, el Prenda, el guardia civil y el peluquero bajaron del vehículo, mientras que el militar continuó la marcha con la chica. Al llegar a su destino, y dado que la perjudicada ya se había despertado, “le dijo que le hiciese una felación, a lo que se negó”. Así, “con intención de menoscabar su integridad física”, supuestamente le golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche, al tiempo que le gritaba “puta”. La Fiscalía, no obstante, asume que “no ha quedado constatada lesión alguna” como consecuencia de estos hechos.

En septiembre de 2016, los archivos de vídeo salieron a la luz fruto de la investigación que desarrollaba el juez instructor de Navarra por la agresión sexual de los Sanfermines y remitió el caso a Pozoblanco. La chica tuvo entonces conocimiento de aquellas grabaciones. El Ministerio Público relata que como consecuencia de la exposición mediática y social sufrió de estrés postraumático y necesitó para su sanidad 90 días, con perjuicio personal “básico”, una situación por la que reclama. Así, los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la joven en la cantidad de 4.500 euros por la sanidad y con 6.000 euros por los daños morales causados.