La 'ley mordaza' bate récords en Córdoba: casi seis millones de recaudación y más de 9.200 multas

Córdoba/Rodeada de polémica desde mucho antes de su implantación, lo que provocó durante meses manifestaciones, protestas y concentraciones en toda España, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la también conocida como ley mordaza, ha cumplido este 2024 nueve años con números récords en Córdoba. Casi 33 millones de euros de recaudación y más de 56.000 multas son las cifras globales desde su entrada en vigor que deja en la provincia una norma denostada y criticada, más tal vez que sus predecesoras para la preservación del orden público, que tiene como ilícitos más comunes todos los relacionados con el consumo y la tenencia de drogas. Por clarificar los datos, los ingresos suponen una media anual de 3,65 millones y las sanciones, de 120 a la semana.

A pesar de los sucesivos anuncios de los distintos gobiernos sobre su intención de derogarla, lo cierto es que la ley mordaza sigue vigente en la legislación y, durante el pasado 2023, las sanciones impuestas por algunas de las 44 infracciones que contempla dejaron en Córdoba una recaudación que rozó los seis millones de euros, la más alta de la serie histórica. En concreto, y según la última y reciente actualización del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, la cifra ascendió a 5.966.607 euros, con un incremento interanual del 39,54%, dado que en 2022 los ingresos se quedaron en algo más de 4,2 millones. También aumentaron en un porcentaje similar (36,07%) las multas, pues si el pasado año se anotaron 9.201, en el balance anterior el dato se quedó en 6.762.

De esta manera, los registros de 2023 se muestran similares a los contabilizados durante 2020, que hasta ahora fijaba los máximos de la serie tanto en recaudación como en número de infracciones... con una particularidad. Y es que la irrupción de la pandemia del Covid, con el confinamiento y todas las medidas restrictivas decretadas por el Gobierno para tratar de evitar su expansión y reducir así el número de infecciones -y muertes- que trajo consigo durante meses, dibujaron un escenario muy diferente al común en el resto de informes: la preponderancia de los ilícitos relacionados con las drogas.

Así, la mayor parte de las infracciones registradas durante ese 2020, hasta 3.373 del total de 9.603 (el 35,12%) fueron por el Artículo 36.06, referente a "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación". Estos ilícitos, que se engloban dentro de la tipología de "infracciones graves" dejaron una recaudación de 2.203.026 euros, más de un tercio -concretamente el 37,08%- de los 5.939.935 de toda la anualidad.

Mayoría de infracciones por drogas

Pero son las multas por alguno de los cuatro apartados relacionados con las drogas los que son mayoritarios. No sólo en el último informe, sino desde que se implantó la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Así, durante 2023, estas infracciones sumaron hasta 6.500 de las 9.201 registradas (70,64%), dejando una recaudación de 4.465.333 euros, es decir, el 74,83% de los 5.966.607 totales. Estos porcentajes son aún mayores de la media de la serie histórica, pues en los nueve años que lleva en vigor la norma el 54,5% de los ilícitos han sido relacionados con sustancias tóxicas, mientras que la recaudación sube hasta el 59,9%.

La mayoría de estas sanciones fueron consecuencia de infringir el Artículo 36.16, que hace mención al "consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello". También hay sanciones por otros tres puntos de esta tipología, los que hacen mención al "traslado de personas con el objeto de facilitar su acceso" a drogas; "la ejecución de actos de plantación y cultivo" de sustancias "en lugares visibles al públco", y "la tolerancia del consumo ilegal o el tráfico" de drogas "en locales o establecimientos públicos" o "la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios o encargados".

Durante el último ejercicio completo, y dentro de los 23 tipos de infracciones "graves", ocupa también un lugar destacado el Artículo 36.10, que castiga "portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia"; suman hasta 1.153 multas en la provincia, con unos ingresos de casi 700.000 euros. En este grupo también tienen relativo peso las sanciones por el ya mencionado 30.06 -"desobediencia o resistencia a la autoridad"-, con 414 (algo más de 246.000 euros) y por el 36.03, que se detiene en "causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vída pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, ocasionando una alteración grave de la seguridad ciudadana", que suman 264 y han dejado una recaudación de casi 160.000 euros.

Sin infracciones catalogadas como "muy graves"

Entre los datos del informe destaca que desde que entró en vigor la ley mordaza, hace ya más de nueve años, en Córdoba no se han registrado multas por alguna de las cuatro infracciones catalogadas como "muy graves". Se trata de "reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se que prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión o sobrevuelo de estas"; la "fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas, explosivos, cartuchería o artículos pirotécnicos careciendo de autorización"; la "celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad por razones de seguridad pública", o la "proyección de haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes".

Sí hay, aunque en menor medida que las sanciones "graves", las que llevan el distintivo de "leves", y que suman 17 tipologías. En ellas sobresale, no sólo en el último balance sino en el global de la estadística, la que tiene relación directa con el Artículo 37.04, que hace referencia a "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones"; durante el pasado 2023 se anotaron en la provincia hasta 637 multas por este motivo, que dejaron una recaudación de 104.159 euros, mientras que desde la entrada en vigor de la norma las infracciones acumuladas son 4.610, con unos ingresos totales de 558.384 euros. El resto de faltas de este grupo apenas si superan el centenar en alguna de las anualidades, si bien normalmente son meramente testimoniales.