Las limpiadoras de los institutos de Córdoba en huelga: "No podemos ni dar de comer a los niños; la situación es insostenible"
Protesta
El paro en más de 60 centros continúa, mientras que la Delegación de Educación reconoce que el representante de la empresa está "ilocalizable desde hace varios días"
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Córdoba/Las trabajadoras del servicio de limpieza de los institutos de Secundaria de Córdoba de la empresa Mabraser han llevado este viernes sus protestas a la calle con una concentración en la plaza de Las Tendillas para volver a denunciar que la compañía les adeuda la mitad de la paga del mes de diciembre, así como el sueldo de febrero y marzo. Es por ello, que iniciaron una huelga hace ya casi un par de semanas, convocada por el sindicato CTA, un paro que mantienen y que afecta a más de 60 centros educativos de la provincia.
Francisco César Gómez es conductor-limpiador de la citada empresa y ha avanzado que continuarán con la huelga porque desde que iniciaron el paro no ha habido ningún avance al respecto y, mientras tanto, los institutos de buena parte de la provincia cordobesa seguirán sin limpiarse. No obstante, se han establecido unos servicios mínimos, aunque Gómez ha llegado a asegurar que "hay muchos institutos en los cuales los directores han exigido un tipo de servicio mínimo que no se adecúa a lo que marca la ley". Es más, ha aseverado que "estamos luchando también por eso, porque no coaccionen a las mujeres" y ha indicado que incluso hay "madres de las asociaciones de alumnos que acuden a limpiar los domingos y que los conserjes tiran la basura". "No nos dan el derecho de hacer huelga, porque si los institutos siguen limpios, aquí no pasa nada".
Pero, ¿cuántos institutos de la provincia están afectados por esta huelga? Pues, según los cálculos que manejan a unos 63 correspondientes a los lotes 1, 2 y 7, mientras que la plantilla es de más de un centenar de personas, en su mayoría, mujeres. "Ya no podemos más. Esto llega a un límite: no podemos pagar ni hipotecas, ni podemos dar de comer a los niños; la situación es insostenible", ha subrayado Gómez.
En esta línea, ha advertido de que en la plantilla hay muchas familias monoparentales que no tienen ingresos, por lo que desde el sindicato les han dado dinero para que puedan hacer la compra porque "no tienen ayuda de nadie".
También ha indicado que se han puesto en contacto con la Junta de Andalucía para dar a conocer esta situación, aunque la respuesta que han recibido no les ha gustado porque, según ha expuesto, "nos han dicho que tenemos que esperar unos tres meses para poder denunciar y poder acogernos". "Como la empresa se ha dado a la fuga directamente, no nos pueden subrogar a otra", ha añadido.
Rafi Garrido es una de las trabajadoras afectadas, que ha acudido a la protesta y que también que secunda la huelga. En su comparecencia, ha alertado de que desde la empresa no se les facilitaba productos para llevar a cabo su trabajo, por lo que "hemos estado limpiando con agua las clases y los cuartos de baño". "La Junta no tiene autoridad para pagarnos nosotros directamente, nos tiene que pagar a través de una empresa, y como no hay empresa, estamos en agua de nadie", ha indicado.
El representante de Mabraser, "ilocalizable"
Ante esta huelga, desde la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional han explicado que el pasado 3 de marzo se celebró una primera reunión con representantes de la empresa Mabraser XI "con el objetivo de informarles sobre la obligación de cumplir con lo establecido en el contrato y de advertirle sobre las posibles consecuencias derivadas de su incumplimiento".
Desde esa fecha, han continuado, "han sido numerosas las reuniones mantenidas con la empresa, las propias limpiadoras y representantes sindicales con el objeto de encontrar una solución, que a propuesta de todas las partes interesadas pasa por la cesión del contrato a otra empresa que se haga cargo de la nómina de las trabajadoras (la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa vigente impide su abono directo por parte de la Consejería)".
Desde el departamento que dirige Diego Copé han señalado que uno de los compromisos que asumió la empresa fue el de proporcionar material de limpieza a los centros. No obstante, han añadido, "en los últimos días no ha podido ser contactado telefónicamente desde esta Delegación Territorial el representante legal de Mabraser, que está ilocalizable, por lo que desconocemos los avances que se hayan producido en las negociaciones para la cesión del contrato y la solución definitiva del problema pasa por la resolución por incumplimiento del mismo (en pos de la cual se han dado los pasos necesarios) y contratación de nueva empresa que se haga cargo del servicio de limpieza".
Además, han recordado que mientras tanto Mabraser y sus trabajadoras "vienen obligadas a limpiar los centros educativos a su cargo sin que esta Delegación Territorial pueda interferir en el cumplimiento de dicha obligación, máxime cuando existe una huelga convocada y cualquier actuación al respecto pudiera ser considerada como injerencia en el derecho de huelga".
Es por ello, han subrayado, que la Delegación "sigue más que pendiente de la problemática. En la jornada del miércoles, por ejemplo, se mantuvo una reunión con todos los directores de los centros afectados". Las mismas fuentes han reconocido que al instituto Gran Capitán dos limpiadoras laborales de la Junta de Andalucía porque están todas de baja y "no vulneramos su derecho de huelga, por si hay algún malentendido.
Al Parlamento
Por su parte, uno de los portavoces de Podemos Andalucía y parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Jurado, ha mostrado su apoyo a las trabajadoras ha recordado que su grupo ya ha llevado el tema al Parlamento y que no descartan acudir a los tribunales.
Así, ha asegurado que desde el Ejecutivo autonómico "sabían ya que era una empresa pirata en su momento, es decir, cuando le hacen la última prórroga del contrato aquí en Córdoba de los lotes que están afectados ahora mismo, la hicieron en noviembre de 2024, es decir, un mes antes de que las trabajadoras dejasen de cobrar la paga extra".
Según Jurado, la Junta de Andalucía puede "recuperar el servicio y pagar directamente a las trabajadoras".
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