Los maestros protestan contra la "privatización" del servicio de integración social y lengua de signos en Córdoba

"Si se pierde empleo público, pierdes tú". Bajo esa premisa, técnicos de integración social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE) se han vuelto a concentrar este miércoles, esta vez ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, contra el proyecto de decreto de creación del servicio complementario de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales que, para los sindicatos, significa la privatización de la atención a este alumnado.

Para el portavoz del comité de empresa del personal laboral de la Delegación Territorial de Educación de la Junta, Alfonso Redondo, "ni la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, ni la interpretación de lengua de signos son servicios complementarios, sino servicios educativos públicos". En este sentido, ha recordado que por ley los servicios complementarios solo son el comedor, el aula matinal y las actividades extraescolares.

En la provincia de Córdoba son 195 personas las que realizan la función de PTIS y, de ellas, 129 lo hacen contratadas por empresas privadas, mientras que las 19 ILSE son, en su totalidad, de empresas privadas. Según sus datos, el 90% de este personal son mujeres, lo que "agrava la situación de precariedad y temporalidad de este sector" y consideran que con este decreto el gobierno andaluz "agranda la brecha de género y empobrece a las mujeres".

Esos PTIS de la empresa privada "no trabajan a jornada completa, por lo que estamos reclamando que ese personal pase a ser de la Junta de Andalucía, con todos sus derechos". Para Redondo, este horario afecta a los alumnos, que dejan de tener el personal a su servicio antes de su horario de salida.

Los trabajadores se amparan en la Ley de Educación Andaluza que, según aclaran, establece que los PTIS e ILSE son un servicio de atención educativa que atiende al alumnado dentro del aula, "igual que lo hace cualquier maestro". Al respecto, el comité de empresa asegura que además de las manifestaciones, la asesoría jurídica evalúa las acciones que llevarán a cabo si el proyecto sale adelante.

Por otra parte, han denunciado que los centros educativos de Córdoba tienen bajas sin cubrir desde el mes de octubre que se han dado por distintas razones, desde enfermedad (incluido coronavirus) hasta accidentes laborales. "En el peor año no se están cubriendo las vacantes desde hace meses", ha detallado Redondo, y ha informado de que la situación genera "sobrecarga en las plantillas que quedan en los centros".