El mercado negro que hay detrás las bodas

Las bodas, además de suponer un quebradero de cabeza para los contrayentes y un considerable gasto para sus bolsillos y el de los invitados, se han convertido en un mercado negro donde el Fisco estatal quiere meter el diente.

Los novios suponen para la Agencia Tributaria uno de los principales cauces para descubrir el fraude que se produce en los servicios que solicitan. Por tal motivo, Hacienda pone la lupa sobre los salones de celebraciones, catering, floristas, grupos de música y fotógrafos. Actividades económicas en las que en bastantes ocasiones se elude el impuesto del IVA o se cobra en B.

“Hacienda no va emprender una campaña para cobrar por los regalos de boda”. Así de tajante se muestra un portavoz de la delegación especial de Andalucía de la Agencia Tributaria. La declaración obedece a la polémica que ha surgido a raíz de una inspección llevada a cabo por Hacienda, que había interrogado a 350 novios en Asturias.

De dicha actuación se dedujo que el Fisco establecería un impuesto en los regalos que los contrayentes reciben de familiares e invitados a su enlace. Nada más lejos de la realidad. Aquella operación respondía al principal fin que persigue la Hacienda estatal en estos casos: acudir, por ejemplo, a los clientes de los salones de celebraciones para, a través de sus facturas, contrarrestar la información que les aportan los dueños de los negocios.

Desde la delegación andaluza se insiste en que no existe una actuación específica relacionada con la denominada bbc: bodas, bautizos y comuniones. “Son inspecciones habituales, como las que se hacen cada cierto tiempo en cualquier actividad económica”, refieren dichas fuentes.

Cuestión distinta es que para controlar los ingresos de los negocios relacionados con estas celebraciones se acuda a los clientes que han corrido con los gastos, entre ellos, los novios. “Ocurre igual que con los alquileres. Cuando queremos saber si un piso está arrendado, hablamos con los vecinos para que nos aporten datos”, señalan desde la Agencia Tributaria.

Idéntico proceso se sigue con los que han contraído matrimonio. “Se trata de chequear lo que han pagado por un catering, una sala de celebraciones o un reportaje fotográfico y compararlo con lo que nos dicen los dueños de esos negocios que han ingresado por prestar ese servicio. En ningún momento se persigue a los clientes. Y mucho menos el dinero que reciben por los regalos”, aseveran.

En este último aspecto, en la Hacienda estatal aclaran que dichos ingresos, en caso de ser inspeccionados, corren a cuenta de las comunidades autónomas, al tratarse de donaciones.

Pero rara vez la Junta de Andalucía ha investigado estos regalos, cuya cuantía media oscila entre los 100 y 200 euros, dinero que se entrega en efectivo y en sobre (costumbre en desuso) o a través de una transferencia bancaria (tendencia que se consolida). La alarma salta, en todo caso, cuando la cantidad supera los 3.000 euros.

En este sentido, fuentes de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía precisan que las actuaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) en el ejercicio de sus competencias se rigen por el plan de control tributario, que se aprueba anualmente.

Las directrices generales son ratificadas mediante resolución del director de la agencia y son objeto de publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En las de este año no hay ninguna mención sobre la comprobación de regalos de bodas.

Por otro lado, una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) hace alusión a este asunto, al referirse a los regalos entre familiares, los cuales consideran que “están relacionados con los usos y costumbres”, por lo que no deben tributar como donación al faltar el animus donandi.

Los datos cordobeses

Volviendo a los gastos habituales en los enlaces matrimoniales, debe tenerse en cuenta la cifra que alcanza este tipo de celebraciones. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia de Córdoba se han celebrado un total de 1.224 bodas en los últimos meses –de enero a junio de 2019–.

El volumen de dinero que se mueve por cada una de ellas oscila entre los 20.000 y 30.000 euros. Si se toma el número más reducido, la cuantía supera los 24 millones en lo que va de año.

De dicha cantidad, hay un considerable volumen que no se declara. El Día ha contactado con una pareja que se casó hace un mes. El salón donde tuvo lugar el banquete les ofreció la opción de eludir el IVA, para lo que en la factura se redujo el número de invitados y el precio real del cubierto.

Se pagó 10.000 euros y luego en mano se le entregó al dueño otros 4.000. En el caso de otros contrayentes, el catering solo facturó el coste de los aperitivos y el almuerzo. La barra libre y la recena las pagaron en B.

Este tipo de prácticas es el que persigue el Fisco estatal, ya que al año resulta bastante dinero el que escapa de su control. El número de inspecciones que se realizan en los negocios suelen ser los habituales.

“Pueden hacernos uno cada cuatro o cinco años”, detalla el propietario de un catering con muchos años de experiencia, quien apostilla que “ahora, además, están controlando las horas de entrada y salida de nuestros empleados”.

Desde el sector se defiende que la mayoría de las empresas que acogen en sus instalaciones este tipo de celebración suele facturar todos los servicios y cobrar el IVA. “Ahora bien, como ocurre en cualquier gremio, habrá quien eluda los impuestos con esas prácticas y cobrando en negro, pero los negocios con años de experiencia no incurren en ello”, defiende un hostelero.

No obstante, reconocen que hay clientes intentan ahorrarse el IVA. “En tal caso, lo que ofrecemos es reducir el precio de algunos servicios o darlos gratis, como la recena o alguna bebida de la barra libre, pero nunca eludir un impuesto”, aclaran.

Aunque Hacienda acude a los novios en la mayoría de las ocasiones para contrastar con los datos ofrecidos por las empresas, los contribuyentes han de tener en cuenta que pueden enfrentarse a una considerable multa si el Fisco descubre que los pagos en B superan los 2.500 euros. La sanción llega al 25% del dinero negro.