¿Cuántos migrantes se beneficiarán de la reforma de la Ley de Extranjería en Córdoba?

El Consejo de Ministros de España aprobó una reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería que ha entrado en vigor este 15 de agosto y que viene con cambios importantes que prometen flexibilizar la situación legal de los extranjeros, sobre todo jóvenes, en edad productiva y estudiantes y facilitará la reunificación familiar en el país. Al menos es lo que pretende el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para "propiciar una migración regular ordenada y segura".

Ahora bien, ¿a cuántas personas beneficiará la nueva ley? y ¿Cuántos de ellos viven en Córdoba?, el número de extranjeros aumentó en España en 49.612 personas durante 2021, hasta alcanzar un total de 5,41 millones a 1 de enero de 2022. De ellos, en Córdoba viven unas 21.845 personas, de las que al menos 15.178 provienen de países de fuera de la Unión Europea, extracomunitarios, por lo que podrían verse beneficiados por la nueva reforma, en el supuesto de que ellos o sus familiares aún no cuenten con estatus legal en el país.

Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes del año 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Córdoba hay empadronadas personas de 109 nacionalidades del total de 194 que reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras Europa, la demarcación que más presencia tiene en Córdoba es América, especialmente de la zona Sur y Central y el Caribe, pues suma 6.746 personas. De más allá del Atlántico, el país que tiene más ciudadanos empadronados en la provincia de los 22 que tienen presencia es Colombia, con 1.142 y único que pasa de la frontera del millar, de la que se quedan relativamente cerca Honduras (949), Venezuela (753) y Paraguay (623).

Pero los ciudadanos que se podrían ver más beneficiados de las nuevas medidas son los ucranianos, por ejemplo, que han llegado a toda España durante el último año expulsados por la guerra en su país, aunque estos ya tenían enormes facilidades impulsadas desde el Gobierno para su inserción y los rumanos, que suman 5.030 de los 21.845, lo que se traduce en un 23% del total de ciudadanos llegados de fuera de las fronteras de España que están censados en la provincia a 2021.

África también deja su impronta en el crisol de nacionalidades que aparecen en el censo cordobés, con casi 4.000 personas con origen en sus tierras. Los marroquíes suman en total 2.703 personas, muchos de ellos podrían regularizar ahora sus estatus, sobre todo los menores extranjeros no acompañados que cumplan ya los 18 años y quieran estudiar y trabajar al mismo tiempo en aquellos sectores en los que existen muchas vacantes sin cubrir en España, lo que antes no podían hacer por las enormes trabas que les ponía la antigua ley.

Por último, desde Oriente también hay censadas personas en Córdoba. Desde el mayor continente en extensión del mundo, Asia, han llegado 1.778 personas, siendo la gran mayoría chinos (1.023), si bien también hay representación de otros 17 países más. Además, en la provincia viven 35 apátridas.

Solo un nuevo empleado para la oficina de Córdoba

Habrá que esperar a este martes, 16 de agosto, para conocer los efectos que tendrá en las oficinas de Extranjería del país, pues se podría esperar una avalancha de personas, primero en busca de información y requisitos ante los grandes cambios que surgen ahora, y luego en busca de citas para ser atendidos.

Ante ello, el Ministerio de Política Territorial ha informado de que se reforzarán las Oficinas de Extranjería con 295 empleados públicos más para "agilizar la tramitación de expedientes y reducir el número de autorizaciones en trámite y los tiempos de resolución". De todos ellos, solo un nuevo empleado vendrá a reforzar la oficia de Córdoba, ubicada en la plaza de la Constitución.

¿Cómo es la reforma?

Según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el objetivo es mejorar el modelo migratorio español y sus procedimientos, "en muchos casos lentos e inadecuados, lo que genera periodos prolongados de irregularidad, con altos costes sociales y económicos". Las modificaciones normativas "persiguen favorecer la incorporación al mercado laboral de las personas que se encuentran en España, reforzar las vías de migración regular y mejorar el sistema de gestión", lo que, a juicio del Ministerio, "favorecerá la lucha contra la lacra de la economía sumergida".

Para facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas que están en España, se realizan tres importantes modificaciones. En primer lugar, se mejora la normativa para favorecer la permanencia de los estudiantes, incrementando sus posibilidades de trabajar y atrayendo con ello talento internacional. En este ámbito, se permite que los estudiantes compaginen trabajo y formación, siempre que sean compatibles con los estudios realizados y no superen las 30 horas semanales y se eliminan las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral tras la finalización de los estudios (hasta ahora era necesaria una estancia de tres años en España para poder obtener un permiso de trabajo).

Actualización de las figuras de arraigo y reagrupación

En segundo lugar, se actualizan las figuras de arraigo y de reagrupación familiar. En el caso del arraigo laboral, se limita la figura preexistente para personas que se encuentran en situación irregular, pero han realizado una actividad laboral en situación regular durante los dos últimos años y se crea una nueva modalidad de autorización que fomenta la figura del confidente y la lucha contra la economía sumergida, mediante la acreditación de seis meses de trabajo irregular. En cuanto al arraigo social, el contrato que se presente para solicitar la autorización no se valorará por su duración, sino por su adecuación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En cuanto a la reagrupación familiar, la reforma crea un régimen propio del familiar del ciudadano español que desea mantener en España su unidad familiar, y también se flexibilizan los requisitos de reagrupación familiar cuando afectan a menores extranjeros, o a personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad.

En tercer lugar, la reforma incluye una nueva figura de arraigo por formación, que concede una autorización de residencia por un periodo de 12 meses a los extranjeros que han permanecido en España de forma continuada durante un periodo mínimo de dos años si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo.