La ministra de Defensa espera que el juicio por los muertos en Cerro Muriano se celebre "cuanto antes"

Córdoba/"Creo que una justicia lenta es menos justicia". Con esas rotundas palabras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado claro que espera que el juicio por el fallecimiento de los dos militares de Cerro Muriano del pasado 21 de diciembre de 2023 mientras realizaban prácticas en un pequeño lago de los alrededores de la base "se celebre cuanto antes". Así lo ha recalcado durante su visita a Córdoba de este lunes en las instalaciones de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E Group) ubicadas en el parque tecnológico de Rabanales 21.

Como ya se conoce desde mediados del año pasado, el Juzgado Togado Militar Central número 2 sentará finalmente en el banquillo a seis mandos del Ejército de Tierra como presuntos responsables de la maniobra que el pasado 21 de diciembre se saldó con la muerte de dos militares: el soldado sevillano Carlos León y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez. En un auto muy duro, el magistrado desgrana los motivos concretos para procesar a los seis militares, fruto de un cúmulo de presuntas omisiones y negligencias.

"Cuanto antes se libre el juicio será muy bueno para todos, sobre todo para las familias, que van a encontrar confort y consuelo al terrible drama. Será también bueno para aquellas personas que están en este momento pendiente de un procedimiento judicial, así que espero y deseo de corazón que la justicia haga justicia lo antes posible. Sin prejuzgar nada, obviamente, porque eso corresponde a los tribunales de justicia", ha reivindicado la ministra de Defensa en Córdoba.

La viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez, fallecido el 21 de diciembre de 2023 durante una maniobra militar en la base de Cerro Muriano, solicitó el pasado mes de marzo al Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid que impulse la instrucción del caso, en el que hay seis militares procesados. El cabo Jiménez y el soldado Carlos León fallecieron durante unas prácticas consistentes en cruzar un lago a temperaturas heladas. Las partes personadas llevan siete meses esperando a que el magistrado resuelva los recursos presentados contra el auto de procesamiento del pasado 29 de julio.

Para el letrado cordobés Antonio Granados, que presenta el escrito de impulso procesal en nombre de la viuda, "esta acentuada demora no beneficia a la causa". "Desde el dictado del auto, se han iniciado varias piezas separadas con un resultado estéril como hemos podido comprobar, que lo único que han servido es para dilatar aún más este procedimiento", lamenta el letrado, que recuerda que el plazo para presentar los recursos finalizó el pasado 10 de septiembre. Desde esa fecha, las partes se encuentran a la espera de las resoluciones.

"Podemos ser conscientes de la singularidad de este asunto y de la dilación que pudiera tener este tribunal por la carga de trabajo, pero lo cierto y verdad es que la dilatación del procedimiento no beneficia a ninguna de las partes que lo forman", razona el abogado cordobés "desde el más profundo respeto". De ahí que interese el "impulso procesal" del asunto.

Mientras, la familia del soldado Carlos León Rico ha solicitado al Juzgado Togado Central número 2 que ordene el "cese y suspensión cautelar de funciones" de los mandos investigados por dichas muertes. Y es que, según considera la representación de la familia del difunto soldado Carlos León Rico, ejercida por el abogado penalista Luis Romero, si los mandos investigados "continúan desempeñando sus funciones hasta que el procedimiento penal en el que se encuentran inmersos sea resuelto", pesa "el enorme riesgo de que una situación similar pueda ocurrir con el final catastrófico que implica".

Por eso, solicita "la medida cautelar de suspensión en funciones y cese en el destino" del sargento Moreno Ruiz de Castroviejo, del capitán Zúñiga Morillas, del teniente Tato Garrido, del comandante Velasco Quero, del teniente coronel Zanfaño Hidalgo y del coronel Navarro González.

La medida, según defiende la representación del soldado fallecido, "no puede menoscabar la presunción de inocencia, dado que la misma es proporcionada, razonable y justificada". "Su finalidad específica es reflejar, por estrictas razones de servicio y en el ámbito profesional del interesado, las consecuencias jurídicas de un procedimiento judicial seguido en su contra, tal y conforme sucede con cualquiera que, en iguales circunstancias, desempeñe funciones públicas", asevera dicha parte.