Intento de motín y agresiones a funcionarios: ¿Qué falla en la cárcel de Córdoba?

Los sindicatos denuncian la falta de personal en el centro de Alcolea y la concesión de la figura de agente de la autoridad a los profesionales penitenciarios

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Centro penitenciario de Alcolea / El Día

Córdoba/Agresiones a funcionarios con resultados lesivos, peleas entre internos, destrucción de celdas e incendio en una de ellas, instigación al levantamiento de un módulo con un intento de motín, media de docena de internos aislados y la conducción urgente de un séptimo a otro centro. Es el balance de incidencias registradas en el centro penitenciario de Córdoba a lo largo del mes de diciembre, según los datos facilitados a El Día por CSIF, sindicato que ha alertado de la situación en la que se encuentran los trabajadores de la prisión de Alcolea y que también ha subrayado que todos estos incidentes "no son hechos aislados, sino que asistimos a un relato sistémico".

Gran parte de este tipo de incidentes, según han explicado, se debe al hecho de que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se utilice "el buenismo ideológico" en lugar de aplicar "criterios estrictamente técnicos de clasificación" de presos, con lo que "se abre una vía de agua en el sistema".

La falta de personal en el centro penitenciario de Alcolea es otra de las demandas que plantea CSIF. A su juicio, la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es "insuficiente" y la plantilla presenta una "falta de efectivos en todas sus áreas". Una situación, han continuado, que provoca "la limitación y sobrecarga de las funciones de cualquier profesional penitenciario". En esta línea, han destacado que "sin seguridad no hay tratamiento posible para cualquier reinserción".

"La prisión de Alcolea necesita más funcionarios de vigilancia, mucho más personal sanitario, especialistas de tratamiento y de mantenimiento de las instalaciones, entre otras", ha detallado.

Una prisión en "cuidados intensivos"

Las reivindicaciones de CSIF son bastante similares a las que plantea Acaip. Su portavoz, Joaquín Leiva, ha hecho una radiografía sobre la situación que atraviesa la cárcel de Córdoba, de la que asegura que se trata de una prisión que se encuentra "en cuidados intensivos", que "necesita una intervención general para eliminar todos los problemas que tiene".

A su juicio, gran parte de la conflictividad que se ha registrado en las últimas semanas en el centro de Alcolea se debe a la "política buenista en la que se aplican políticas penitenciarias generalistas al global de los internos sin tener en cuenta el perfil individualizado que debe tener". Esto significa, ha continuado, que "las políticas que pueden valer para el 85% de la población reclusa no valen para el otro 15%, que son los que realmente están provocando estos problemas".

Quinta cárcel de España con más agresiones

La de Córdoba es la quinta de España en número de agresiones a trabajadores. Según los datos facilitados por Acaip, a lo largo de 2023 se registraron 16 agresiones con lesiones a trabajadores del total de las 508 que se contabilizaron en toda España.

Por su parte, el número de agresiones entre internos durante el pasado año fue de 103. Realmente, el volumen de este tipo de acciones la protagonizan un porcentaje muy bajo de los internos. Es por eso que Leiva, ha considerado que es un "error", al igual que la crítica lanzada por CSIF, "centrarnos en políticas generalistas y no saber cuál es el perfil individualizado de cada uno de los presos".

En esta línea, ha aludido a los módulos de vida ordinarios de las prisiones, donde la mayoría de los internos tienen un comportamiento estandarizado y normalizado. Sin embargo, "si metemos a un interno que desestabilice el módulo, al final, provocamos que en el módulo no se pueda trabajar, ni se puedan realizar esos programas de tratamiento con esos internos y, al final, tenemos que basar todos nuestros esfuerzos en labores netamente de vigilancia y de control de seguridad".

Un trabajo que, a su juicio, "evita la labor fundamental de reinserción y de reeducación y, al final, provocamos que no se puede trabajar con internos reinsertables; todo si no hacemos una correcta separación y en estos módulos metemos internos desestabilizadores. Al final no se puede hacer nada, ni con unos, ni con otros".

"El problema es que estamos en un punto en el que tememos que esto se pueda escapar de las manos. Si no tomamos medidas ya y se empieza a asumir que si hay un interno que es violento, que es conflictivo y hay que aplicar el primer grado penitenciario, la estadística nos debe dar igual. Debemos aplicar el primer grado penitenciario porque es la única manera en la que podremos actuar sobre él y sobre el resto de la población para que no se vea desestabilizada por este preso", ha considerado.

Otro de los puntos que han coincido ambos sindicatos es en la necesidad de la concesión de la figura de agente de la autoridad a los profesionales penitenciarios, ya que "supondría el escudo jurídico y el respaldo legal que actuaría como medida disuasoaria frene a las agresiones. El interno conflictivo sabría uqe ya nada de lo que hace contra los trabajadores le sale gratis".

Celdas individuales

La cárcel de Córdoba cuenta con 1.008 celdas, pero su población es 1.300 internos. Con estas cifras, "más del 30% de las celdas están dobladas, es decir, que tenemos una sobreocupación superior al 30% de lo que marca la normativa", ha denunciado. En este sentido, ha recordado que la normativa establece que debe haber un interno por celda que", además, "sería lo más adecuado para prevenir muchos incidentes".

El hecho de que haya dos presos por celda, además, genera problemas de convivencia entre los reclusos porque "estamos obligando a vivir a personas que no tiene relación entre ellos, con lo cual puede ser un punto de conflicto".

Falta de médicos

Otra de las demandas que plantea es la falta de médicos de la prisión de Córdoba. Un déficit que Acaip eleva hasta el 505, puesto que por el momento hay cinco facultativos trabajando, por los nueve que debería haber, lo que "limita mucho la atención y la detección de enfermedades psiquiátricas".

Al igual que CSIF, Leiva también ha aludido a la falta de personal en la prisión de Córdoba. Así, ha recordado que las RPT de cárceles como la de Córdoba están diseñadas para el tipo de internos que había hace tres décadas y cómo se desarrollaba entonces la vida en la prisión. Sin embargo, "ahora tenemos un interno multicultural, multiétnico, multirreligioso, multirracial y antes el tipo que interno que había era muy homogéneo", ha detallado. Es por ello, que ha considerado necesario "redimensionar los puestos para detectar cuál es la carencia real de personal que hay".

"Estamos en números muy alarmantes y, si no se actúa de manera concreta en este difícil equilibrio en el que se mantiene la prisión, en cualquier momento puede desestabilizarse", ha concluido.

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