Nodo Corduba denuncia que inversores extranjeros están comprando viviendas al contado para la explotación turística

Córdoba/La plataforma Nodo Corduba ha denunciado este martes a las puertas del Ayuntamiento la presencia en las redes sociales de inmobiliarias de inversores extranjeros y españoles que se ofrecen para la compra de viviendas al contado en los principales barrios turísticos de la capital cordobesa. El portavoz de la organización, Manolo Ortega, ha reivindicado ante esta situación que "se está iniciando una burbuja especulativa en Córdoba" por medio de inversores con más poder adquisitivo de fuera de España y también nacionales de comunidades como Cataluña, en la que "hay inversores que se están yendo ante los controles de fiscalización que está aplicando".

"Las inmobiliarias que están haciendo estos anuncios no están pensando en población que va a vivir en estas viviendas, sino en un uso que tendrá que ver con el turístico, por lo que seguirá desapareciendo la vivienda de uso residencial", ha lamentado Ortega, quien ha criticado al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y al alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya que, bajo su criterio, "están permitiendo que la ciudad sea arrasada por especuladores inmobiliarios". "Con los salarios tan mínimos que tenemos, dudo que en Córdoba haya gente que pueda pagar un piso al contado", ha recalcado el portavoz. Por ello solicita al Ayuntamiento de Córdoba conocer "cuántos inversores extranjeros están comprando vivienda en la ciudad y cuántos grandes tenedores hay".

El portavoz de Nodo Corduba considera que la ausencia de norma está llevando a hurtar "el derecho a la vivienda". Ante esta situación, reclama que el Ayuntamiento "firme el convenio con la Junta de Andalucía para controlar la vivienda de uso turístico que ya han firmado otras ciudades andaluzas como Sevilla y Málaga".

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la puesta en marcha de una ordenanza con el fin de limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas como el Casco Histórico y el Distrito Sur, donde no se darán nuevas licencias para este tipo de usos debido al elevado número ya existente, además de controlarse otros distritos como Norte-Centro, Norte-Sierra y Poniente Sur para evitar que la presión turística residencial sobrepase el 5% en ellos.

A este respecto, Ortega también exige al Ayuntamiento de Córdoba "que saque ya la ordenanza". Desde la plataforma temen que la norma tarde más de lo previsto y "salga adelante en 2026, mientras que hay un crecimiento exponencial de viviendas de uso turístico con mucho mercado negro".

Nodo Corduba ha celebrado que el Gobierno vaya a cambiar la normativa para que los pisos turísticos tengan que tributar como un negocio. Pese a ello, la plataforma también ha reivindicado la necesidad de que se lleven a cabo medidas para combatir la especulación y los pisos turísticos ilegales como "hacer un registro exhaustivo de los apartamentos", "aplicar medidas que proliferen las viviendas de uso residencial" y "aumentar la fiscalidad a las viviendas turísticas".

Los vecinos, cabreados

El barrio de La Medina, dada su ubicación en el Casco Histórico, es uno "de los más perjudicados en materia de vivienda" y sus vecinos "están muy cabreados". Así lo ha señalado la presidenta de la asociación vecinal La Medina, Lourdes Martínez, quien ha lamentado que "en la calle Ambrosio de Morales se van a hacer más apartamentos turísticos", lo que significa que "los vecinos sientan que ya no pueden vivir en su barrio". Y es que, la especulación se suma a "los alquileres inasumibles de más de 800 euros a los que los jóvenes no pueden acceder".

"Hay mucha gente joven que quiere vivir en la zona porque está cerca la facultad y las escuelas y también muchas personas mayores, pero cada día el barrio es más turístico. Al Ayuntamiento de Córdoba los vecinos no le importamos y solo le interesan los negocios como bares, locales de ocio, hoteles y apartamentos turísticos, eso provoca que a los pocos vecinos que quedamos nos estén echando", ha reivindicado Lourdes Martínez, quien ha exigido "una moratoria de apartamentos turísticos" y "una inspección como se hace en cualquier otro centro de trabajo".