Más obras paralizadas

Verano de 2014. La empresa Vías y Construcciones, una de las filiales del todopoderoso Florentino Fernández abandona la obra de la Normal de Magisterio tras pedir un modificado de la obra por valor de casi 400.000 euros. El entonces alcalde José Antonio Nieto aseguró que era la "peor empresa que nos podía tocar" y se inició el proceso de resolución de contrato que acabó en los Juzgados. Fue la primer obra de relevancia en la que se detectó un patrón que después se ha convertido en habitual y que afecta por igual a todas las administraciones públicas -desde la local a la estatal- y a todos los partidos políticos, tal y como bien dijo esta semana el portavoz de IU, Pedro García. El patrón se ve venir ya de lejos. Las empresas hacen una oferta muy por debajo del presupuesto de licitación al proyecto de turno, consciente de que la parte económica es la que más prima a la hora de adjudicar una obra según la Ley de Contratos. Han llegado a proponerse cantidades que eran la mitad del precio de salida. Lo que antes se consideraba baja temeraria -y por lo cual la firma quedaba excluida del proceso- ahora se tiene que tener en cuenta si la empresa justifica que sus gastos se ajustarán a la cantidad pactada. Se hacen así con el proyecto y, al poco de empezar, se solicita un modificado de la obra. Esta figura existe cuando se producen cambios significativos en los trabajos y no pueden superar el 10% del presupuesto por el que se ha adjudicado. La mayoría se quedan al límite de esas exigencia y confían así en sacar más dinero. Hasta ese momento muchas administraciones habían pasado por el aro, por así decirlo, debido a los efectos negativos que supone para el político de turno un retraso o, incluso, la paralización de la obra. Con Nieto se puede decir que se produce el primer plante ante una estratagema que ha lastrado las últimas inversiones de relevancia en la capital, en una época además en la que cualquier proyecto era bienvenido.

Después vinieron otras, ya se sabe. La situación del Palacio de Congresos -hoy ya despejada- fue la que siguió y en este caso la perjudicada fue la Junta de Andalucía. La del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones todavía colea tras un eterno procedimiento que pasó dos veces por el Consejo Consultivo. La Biblioteca de los Patos, en este caso competencia del Estado, también ha sido víctima de los modificados y acumula un retraso considerable. Al teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, se le ha vuelto también en contra con las dos obras del Plan Turístico de Grandes Ciudades paralizadas. Primero fue la del convento Regina, cuya empresa renunció a acometer los trabajos tras haber firmado el contrato pero sin ni siquiera haber empezado. En el Templo Romano, Arquepec sí que avanzó en las actuaciones pero de un día para otro abandonó el monumento y exigió un modificado de la obra. Con este panorama no se va a llegar a justificar el Plan Turístico de Grandes Ciudades, cuya prórroga vence en marzo.

Lo común en estos casos es que las administraciones se planten ante una situación que se ha convertido en habitual a pesar de que eso, unido a la burocracia, suponga una ralentización de todos los proyectos, los pocos que se han movido en estos años de crisis. Los políticos lamentan que están atados de pies y manos debido a la legislación, ya que no se puede hacer otra cosa porque la normativa es la que enfoca el proceso a las adjudicaciones a la baja. Salirse de ese procedimiento es no cumplir la ley. Los ayuntamientos han pedido, a través de la Federación Española de Municipios (FEMP) más flexibilidad en las restricciones de gasto a los ayuntamientos y hay unidad en este aspecto. Quizá es el momento de que se solicite también de manera conjunta que se modifiquen los criterios de adjudicación en la contratación pública.