El parking de nunca acabar

Los aparcamientos del Hospital Reina Sofía se han convertido en la historia del parking de nunca acabar. En las hemerotecas hay ríos del tinta al respecto tras las reiteradas intenciones de la Junta de Andalucía de privatizarlo, aunque con distintas fórmulas, tanto con el PSOE como con el PP al frente de la Administración autonómica.

Para encontrar el prólogo a esta situación habría que buscarlo el 16 de mayo de 2014, fecha en el que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba acordó la cesión gratuita de la propiedad de una parcela de titularidad municipal sita en el Pago del Naranjal de Almagro a favor de la Comunidad Autónoma Andaluza con destino a la instalación de un aparcamiento de vehículos para los usuarios del complejo sanitario.

El último intento de privatización la Junta lo justifica en que el uso de esta y otras parcelas del Reina Sofía como aparcamientos de usuarios y profesionales, la alta demanda de usos de estos espacios, la necesidad de ordenar el tránsito rodado en el entorno del complejo sanitario de manera que asegure la fluidez del tráfico en los accesos al mismo, espacialmente los de carácter urgente, “y la necesidad de asegurar una calidad y seguridad adecuadas en el uso de estos espacios, determinan la necesidad de ordenar estos servicios”.

Pero retrocedamos en el tiempo hasta octubre de 2016. En ese mes se supo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) –con el PSOE al frente– estaba dispuesto a privatizar el aparcamiento del Hospital Reina Sofía (Hospital General y Provincial) para poder ampliar el Materno-Infantil, un proyecto que se incluía en el Plan de Modernización del complejo y que pacientes y profesionales esperan desde 2008.

El presupuesto de la concesión era de 8,7 millones de euros y la gestión, en régimen de contraprestación, y explotación del parking (tanto de usuarios como de trabajadores) se haría por un periodo de 20 años. La adjudicataria tendría un régimen de tarifas para las 24 horas del día y tras la concesión habría 2.251 plazas de estacionamiento por las 2.519 que hay ahora. Además, se supo que estacionar en el parking costaría al menos un euro la hora en el caso de que fuera al descubierto, mientras que en las cubiertas el precio máximo sería de 1,85 euros.

Días después Salud anunció que buscaba el consenso vecinal para el plan de accesibilidad del hospital –que incluía el parking– y propuso al Consejo Movimiento Ciudadano (CMC) un grupo de trabajo para mejorar el proyecto de privatización.

Y en medio de la polémica por dicha privatización surge –el 23 de noviembre de 2016 se presentó en sociedad– la Plataforma la Plataforma Ciudadana Aparcamientos del Reina Sofía. Nació para exigirle a la Consejería de Salud la paralización y anulación del proyecto de licitación de obras y explotación del parking del centro hospitalario de la capital.

El portavoz de la plataforma, Francisco Martínez Claus, detalló entonces que el colectivo, del que formaban en su inicio parte sindicatos, partidos políticos y consumidores, nacía con carácter abierto y con un único objetivo: el rechazo frontal al pliego de licitación y explotación que vinculaba la construcción del edificio de Consultas Externas del Materno Infantil a la privatización del parking y a cargar sobre la ciudadanía los costes de esa construcción. El colectivo mostró su frontal rechazo a que hubiera que pagar por aparcar y llevó el caso hasta el Parlamento Andaluz. El PP estaba en esa plataforma y defendió entonces la gratuidad del servicio.

Tras las críticas, reproches, denuncias e incluso amenazas de acudir a los tribunales, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) decidió anular la licitación de la concesión de dominio público relacionada con el aparcamiento del Hospital Universitario Reina Sofía. Todo ello, tras unas semanas bastante intensas desde el punto de vista político y ciudadano. El entonces consejero de Salud, Aquilino Alonso, apuntó que en ningún caso la intención del Gobierno andaluz era que el Plan de Accesibilidad del Hospital Universitario Reina Sofía en el que se inscribía el aparcamiento “siga adelante sin el consenso y el apoyo de los usuarios y vecinos de Córdoba”, para destacar que fue concebido como “un proyecto de ciudad”.

En el siguiente capítulo, el Reina Sofía encargó un proyecto al Consejo del Movimiento Ciudadano para estudiar la viabilidad del parking. Gratuidad para el aparcamiento de las Urgencias, que la construcción del nuevo edificio del Materno-Infantil se hiciera con cargo a los presupuestos de la Junta y que el estacionamiento en el hospital costara como máximo 2,50 euros sin límite de tiempo fueron las principales condiciones que el CMC incluyó en su propuesta a Salud sobre el llamado Plan de Accesibilidad del Reina Sofía. Era enero de 2017.

Dos meses más tarde, la entonces delegada de Salud, María de los Ángeles Luna, insistía en que si el aparcamiento no sería gratuito y que si reunía una serie de buenas condiciones “algo tendrá que costar”.

En medio de la polémica que no cesa se suma un nuevo actor: el Ayuntamiento.

Desde el mismo –en manos del PSOE– se detalló que el Plan de Movilidad y Accesibilidad del Hospital Universitario Reina Sofía –que incluye los aparcamientos del complejo– sería el que definiría qué aparcamientos necesita el complejo sanitario y quien los tendría que financiar. La plataforma mostró su rechazo a dicho plan del que a día de hoy se sigue sin saber nada. No obstante, en agosto de 2018 desde el Ayuntamiento se anunció que el parking sería gratuito.

El último capítulo hasta el momento se ha conocido durante esta semana. Con el PP ahora en el Gobierno andaluz, la Junta ha sacado a licitación un contrato que prevé que aparcar en el Reina Sofía costará un euros a partir del próximo octubre. La empresa que gestione las 2.100 plazas tendrá que subrogar a las personas que realizan este trabajo y el contrato incluye 100.000 euros en inversiones para mejorar el espacio.

Además, en el estudio de viabilidad realizado al respecto por la Administración autonómica se señala que la empresa del parking pagará anual de 12.000 euros mientras que el aparcamiento generará beneficio al año de 350.000 euros. Ayer mismo, el grupo municipal de Podemos se opuso –otro colectivo más– a esa privatización, sumándose así a la plataforma y numerosos colectivos, excepto el CMC, que sí está a favor. El culebrón promete más polémica en las próximas semanas.