El Pleno pide al Ayuntamiento que rompa todos los contratos que mantiene con Mabraser

Córdoba/La sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de la ciudad ha tenido como protagonistas a las trabajadoras de la empresa Mabraser, que llevan sin cobrar sus nóminas desde el pasado mes de diciembre. Mabraser es la adjudicataria de servicios de limpieza en diversos centros públicos, con especial incidencia en 31 institutos de la capital y la provincia. También de espacios de empresas municipales como la Gerencia Municipal de Urbanismo y Cecosam.

En dicha sesión y a través de una aprobación de una moción, que en principio era de Hacemos Córdoba, pero que finalmente ha sido conjunta, el Pleno pide al Ayuntamiento "la resolución de los contratos que aún estén vigentes con la empresa Servicios y Mantenimiento Mabraser XI para la prestación de servicios en espacios y empresas públicas del Ayuntamiento".

En el plenario ha intervenido Juan Martínez Beltrán, en calidad de portavoz del sindicato UGT, quien ha destacado que los centros educativos en los que Mabraser ha dejado de prestar el servicio "están viendo cómo no se están higienizando como se deberían higienizar, tal y como se contrató y se paga para ello desde la Administración pública". "Por otro lado, han dejado de abonar las nóminas a las trabajadoras, lo que les crea una situación dramática", ha añadido.

Martínez Beltrán ha denunciado que Mabraser opera como "una empresa pirata" que, según ha defendido, "ofrecen el servicio por debajo del coste real, con el conocimiento y conocimiento de que en unos meses van a empezar a incumplir y para cuando esto estalla ya se lo han llevado calentito, desaparecen y ahí queda esa bola, tanto para las trabajadoras como para la sociedad, que no está recibiendo el servicio que necesita". El sindicalista ha demandado al Ayuntamiento que pida a la Junta de Andalucía que rescinda los contratos que mantiene con Mabraser y que busque una solución urgente para resolver el problema.

En el plenario también ha tomado la palabra una de las trabajadoras del servicio de limpieza y enlace sindical de Mabraser, María del Mar Ojeda Durán, quien se ha dirigido al alcalde, José María Bellido, para "poner en su conocimiento la grave situación que estamos atravesando las trabajadoras y trabajadores adscritos a esta empresa, quienes llevamos meses sin percibir salario alguno, una dramática situación que está poniendo en riesgo la subsistencia de decenas de familias que dependemos de estos sueldos. Estamos viviendo momentos de extrema dificultad con serias carencias económicas que afectan incluso a la alimentación de nuestros hijos".

Ojeda Durán le ha pedido al Ayuntamiento que intermedie ante las administraciones competentes para desbloquear los pagos atrasados, ya que, como ha referido, la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba ha dejado de abonar los pagos a Mabraser por incumplimiento de contrato, reteniendo las nóminas hasta que una nueva empresa se haga cargo del servicio".

Finalmente, ha tomado la palabra el limpiador Francisco José Soro Gómez, quien subrayado que "aunque nuestros sueldos son bajos", la falta de pago durante meses está impidiendo que más de 60 familias puedan hacer frente como las facturas de gastos básicos o a la hipoteca.

La moción

Además de a la resolución de todos los contratos con Mabraser, en la moción aprobada se insta al equipo de gobierno a mediar para que se exija a la empresa el abono inmediato de las cantidades adeudadas a las trabajadoras y trabajadores que han prestado sus servicios en dichas instalaciones. Y también a que se realice en su caso un contrato de urgencia para la prestación del servicio con el objetivo de garantizar una gestión eficiente de este servicio y el cumplimiento de los derechos laborales.

Asimismo, a llevar a cabo, con carácter de urgencia, "los procedimientos necesarios para la contratación de una nueva empresa que asuma el servicio de limpieza en los institutos de nuestra ciudad, asegurando la continuidad laboral de las trabajadoras y trabajadores afectados y garantizando condiciones laborales dignas de conformidad con la normativa de contratación pública".

Además, que se proceda a incluir como causa de resolución contractual el impago de salarios por parte de la empresa adjudicataria, con posibilidad de resolución inmediata del contrato en caso de reiteración o gravedad del incumplimiento, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos que licite, e incluso hasta donde la normativa de contratación pública permite la posibilidad de imputar pagos directos o por consignación de los salarios debidos. Y que se supervisen las prohibiciones de contratar para aquellas empresas que, siendo adjudicatarias de contratos públicos, sean sancionadas por vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la contratación pública y aplicarlas en todas las licitaciones.