El PP de Córdoba presenta una moción en el Senado para exigir la puesta en marcha de la Variante Oeste

El proyecto de la Variante Oeste con el que se pretende conectar las carreteras del Aeropuerto y de Palma del Río directamente con la autovía para que su tráfico no tenga que pasar por la ciudad a la hora de incorporarse a las A4 sigue paralizado y, de momento, no parece que vaya a avanzar. Y eso que el pasado mes de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó una moción propuesta por el PP con la firma de todos los partidos políticos para reclamar la construcción de esta infraestructura.

En la moción se instaba al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a la firma de un convenio para esa construcción de la segunda fase del proyecto de la Variante Oeste y al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez a que "una vez se firme dicho convenio entre las dos administraciones, se agilice la ejecución de la segunda fase del proyecto de la Variante Oeste". Sin embargo, ese convenio no llega.

Tal y como ha denunciado este jueves la senadora del PP de Córdoba, Cristina Casanueva, “el Gobierno de Sánchez vuelve a dar la espalda a las infraestructura vitales para los cordobeses, a quienes ningunea”. Casanueva ha lamentado “la falta de iniciativa en materia de carreteras” y ha subrayado que el PSOE “lleva seis años en el gobierno y no se ha sentado con la Junta, pues no hay ningún proyecto que esté en activo pese a las mociones aprobadas por todos los grupos políticos de Córdoba, además de los agentes sociales y empresariales que están de acuerdo en que el funcionamiento de la Variante debe estar ya”.

La construcción de la Variante Oeste permitiría descongestionar al tráfico en una zona por la que, como ha especificado Casanueva, “pasan a diario más de 26.000 vehículos”. Que no se avance en el proyecto “está estrangulando la ciudad en todos los aspectos y resta calidad de vida a sus vecinos en una zona que está creciendo con  desarrollos urbanísticos de nuevas viviendas”, ha añadido la senadora, quien ha asegurado que “hace pocos días, la consejera de Fomento se ofreció al Gobierno de España para avanzar sobre la Variante Oeste sin tener ninguna respuesta”.

 “El PSOE prometió que los presupuestos que se han prorrogado de esas infraestructuras que venían para Córdoba se iban a ejecutar. Pero el Gobierno de Sánchez le ha dado una torta a la secretaria general del partido socialista de Córdoba diciendo que, aunque había 500.000 euros para la Variante Oeste, no se van a ejecutar. Se lo van a llevar a otra parte”, ha denunciado Casanueva, quien ha pedido al PSOE de Córdoba “que no se calle y que defienda los intereses de los cordobeses”.

Ante “estas respuestas del PSOE desde Madrid”, la senadora ha anunciado que el PP ha presentado una moción a la comisión de Transportes del Senado en la que llevan tres puntos: “Que de manera urgente, el Gobierno convoque una comisión de seguimiento sobre la Variante Oeste, que financie la redacción del proyecto como venía en el protocolo firmado y que firme el convenio con la Junta tras seis años de espera”.

Según la senadora, el motivo de esta falta de acuerdo está en que “el Gobierno no le da a los cordobeses las mismas oportunidades que al resto de territorios”: “El Gobierno propone una realidad presupuestaria, pero no da respuesta a la Junta de Andalucía”, ha asegurado Casanueva, quien ha hecho hincapié en que “Sánchez está castigando a la sociedad para beneficiar a sus socios”.

Ante las palabras del Ministerio de Transportes asegurando que “la Junta no ha cumplido ninguna de sus dos obligaciones” para poner en marcha la segunda fase de la Variante Oeste. Casanueva ha defendió que “un protocolo como tal dice que, mientras no haya un convenio, no puedes decir que se esté incumpliendo algo. Son ellos los que no se han querido sentar en seis años, entendemos que sus prioridades son otros territorios”, ha señalado la senadora. De ahí que no haya avances con este proyecto por el que la Junta de Andalucía y el Gobierno central deben ponerse de acuerdo para ejecutar el tramo de 2,3 kilómetros que es competencia del Gobierno, aunque con ciertas partes de competencia autonómicas.